El ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, reconoció que cometió una enorme “torpeza política" al emitir un decreto ejecutivo para formalizar el trabajo de la Unidad Presidencial de Analistas de Datos (UPAD), el cual establecía que esa oficina tendría acceso a datos confidenciales en manos de instituciones públicas.

En su primera intervención ante el plenario de la Asamblea Legislativa, al que acudió por orden de una moción de interpelación aprobada una semana antes, Morales negó que el grupo de analistas haya tenido equipos para hacer escuchas telefónicas, intervenciones de mensajería instantánea y monitoreo mediante cámaras de vigilancia.

Aparte de alegar que el decreto con que se buscaba formalizar la UPAD fue torpe, Víctor Morales Mora, ante una pregunta de la jefa del Partido Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández, reconoció que él no hizo una lectura debida del decreto antes de firmarlo.

“De mi parte hubo una omisión de lectura, pausada y reposada. Si lo hubiera hecho, no estaríamos en la discusión en que estamos, porque yo habría advertido sobre las eventuales interpretaciones”, manifestó el jerarca de la Presidencia.

Durante 45 minutos exactos, el diputado y ministro aseguró que “para el gobierno de Carlos Alvarado, las libertades individuales, la información privada y la vida íntima de los costarricenses son sagradas e inviolables”.

“El grupo de procesamiento de datos nunca tuvo acceso a tarjetas, salarios, cuentas bancarias, antecedentes judiciales o médicos, información fiscal ni bancaria”, dijo Morales.

El ministro alegó que, sobre el trabajo de ese grupo de analistas, ha habido una gran cantidad de exageraciones, sospechas, mentiras y especulaciones.

Además, aseguró que diferentes sectores “no han resistido la tentación de contaminar el debate, que debe basarse en hechos contrastables y verificables”.

“Estas palabras no pretenden, de modo alguno, que se disculpe sin más el error cometido y reconocido de publicar un decreto técnicamente débil e inexacto”, apuntó el ministro.

Por otra parte parte, Víctor Morales también dijo que, en la Casa Presidencial, se valora mucho que la Fiscalía General centrara el ambiente sobre la iniciativa en la ruta de la institucionalidad, “ruta en que todos confiamos, la de las leyes, las garantías procesales y la administración de justicia como pilar de la democracia”.

En su intervención, Morales insistió en que la creación de una oficina como la de UPAD sigue una tendencia de otros países que han instalado grupos especializados para atender desafíos para políticas públicas basadas en datos.

Alegó que así se hizo en el gobierno francés, en el 2014; en la administración de Barack Obama, en el 2015; así como un grupo estadístico en el Reino Unido.

También, adujo que la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han promovido la creación de una cultura de políticas públicas orientadas por los datos.

“Los gobiernos no solo deben usar los datos para anticiparse a la necesidad del país; también para tener mejores servicios públicos y darle efectivo seguimiento a la política pública”, dijo el jerarca de la Presidencia.

Morales también dijo que, en el país, tanto la Contraloría General de la República como el Programa Estado de la Nación, han promovido una cultura de aprovechamiento de los datos existentes y disponibles para la toma de decisiones del Gobierno.

En la lista de productos del trabajo del grupo de analistas de datos, Víctor Morales aseguró que se ha analizado el aprovechamiento de los fondos públicos, de los recursos institucionales y de la dinámica en los territorios.

“Los análisis arrojaron orientaciones importantísimas para el establecimiento de la estrategia de precisión de política social, la atención de los territorios y los hogares en condición de pobreza”, apuntó el ministro de la Presidencia.

También, reconoció que se analizó la gestión de deuda a partir de los análisis de instrumentos financieros y la estimación de niveles de endeudamiento de los hogares, así como la identificación de subejecuciones históricas en subpartidas presupuestarias.

Incluso, dijo que, gracias al trabajo de ese grupo de analistas, se pudieron reasignar ¢46.000 millones al Fondo de Emergencias de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), en el Presupuesto del 2019, para la reconstrucción de obras urgentes.

Además, enumeró estudios sobre el impacto de la crisis migratoria en Costa Rica, el análisis de las compras públicas del Estado, la cuantificación del crecimiento de la planilla pública, el estudio del impuesto de ventas para la transformación en el impuesto al valor agregado y el análisis de la evolución de cantidad de pensionados para calcular el impacto en los recursos públicos.

¿Cómo accedían a datos los analistas presidenciales?

El ministro de la Presidencia aseguró, durante su intervención, que el grupo presidencial de analistas de datos accedía a bases de datos o información principalmente de “acceso público e irrestricto vía Internet o por petición a las instituciones” y, cuando una institución particular lo solicitaba, se planteaban convenios interinstitucionales.

“Nunca se ha dado una violación ni acceso a datos sensibles de las personas, sino siempre en el marco de la legalidad vigente, ni acceso a información sobre compras, deudas, tarjetas de crédito, salarios, cuentas bancarias, registros de salud o tratamientos terapéuticos”, dijo Morales.

Añadió que el equipo de analistas presidenciales “nunca operó en secreto ni estuvo en la clandestinidad”, pues adujo que era público y que los productos de sus análisis se colgaron en Internet.

“No ha habido secretismo ni acción para ocultar el trabajo que se ha hecho, apegado al interés público”, dijo el ministro.

Cuestionamiento de diputados

Ya en el interrogatorio de los legisladores, el ministro Morales Mora no solo tuvo que reconocer una pésima lectura suya del polémico decreto, sino que también le respondió a la verdiblanca María José Corrales que él no tenía detalles sobre quién ni cómo se hicieron las consultas para la creación de la UPAD, con diferentes denominaciones, pues contestó que esas gestiones las hizo su antecesor en el cargo, Rodolfo Piza.

Además, Silvia Hernández exigió explicaciones a Víctor Morales sobre la negativa que originalmente emitió el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) de que se conformara un grupo presidencial de analistas y hubiera una reorganización.

En medio de las preguntas al jerarca de la Presidencia, se dio una polémica porque el socialcristiano Peña afirmó que Enrique Sánchez había defendido la creación y presupuestación de la UPAD en el plan de gastos 2020, pero el oficialista lo negó.

Luego, Peña puso un audio en que hablaba Sánchez sobre el equipo presupuestado y este último diputado insistió en que él se refería a equipo informático.

Cuando Paola Vega, del PAC, adujo que reglamentariamente no está claramente permitido que un legislador ponga voces de otras personas en su micrófono, fue atacada por varios legisladores, entre ellos Karine Niño, de Liberación, el independiente Erick Rodríguez y la independiente fabricista, Ivonne Acuña.

Ana Lucía Delgado, del PLN, y Rodolfo Peña, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), le cuestionaron a Morales que hubiera dicho, el 10 de setiembre del 2019, que los ¢70 millones eran para compra de equipo tecnológico.

Aparte de la interpelación al ministro de la Presidencia, de este lunes, a partir del martes entrará en la agenda del plenario la discusión y votación de dos votos de censura, uno a Morales y otro al viceministro de Planificación, Danilo Soto, quien firmó el decreto sobre la UPAD en ejericicio del cargo de ministro del Mideplán.