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La Fiscalía General de la República concluyó, la tarde de este sábado, con el allanamiento de 32 horas iniciado desde ayer en las oficinas del Ministerio de Panificación (Mideplán), como parte de las investigaciones relacionadas con la oficina de análisis de datos de Casa Presidencial.
Desde la mañana del sábado, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, había confirmado que los oficiales a cargo de este proceso pasaron toda la noche en el edificio.
La jerarca manifestó sentirse preocupada por las condiciones del personal de esa cartera que permanecieron dentro de las oficinas como parte de las diligencias.
“Sí, aún están ahí terminando el proceso”, confirmó Garrido sobre la presencia de miembros de la Fiscalía General y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que participan del allanamiento.
“Hace menos de 30 minutos Daniel (Soto Castro, viceministro) se marchó a casa. Yo me fui a eso de las 11 p.m. (de ayer)”, afirmó Garrido, a las 10:47 a. m. de este sábado, cuando se cumplían casi 27 horas de iniciado el proceso.
Añadió que, en su caso, no estuvo custodiada. "Hice mi agenda normal, la mayor parte fuera del edificio, porque no soy parte de la investigación”, añadió Garrido.
No precisó si Soto, quien sí es investigado, amaneció bajo custodia.
Minutos después, sin suministrar los nombres, la ministra explicó que en las oficinas de esa cartera, ubicada en Barrio Dent, en San Pedro de Montes de Oca, San José, también se quedaron una directora de servicios generales y la directora de informática.
“La directora de informática y la colega de servicios generales aún prestan colaboración a la Fiscalía para que recabe toda la información que requiera”, afirmó la titular del Mideplán.
Añadió que un asesor del ministerio, de quien Garrido tampoco suministró su identidad, salió del edificio a eso de las 10:43 de esta mañana, de acuerdo con la jerarca.
Todos ellos, también, amanecieron atendiendo la diligencia, añadió Garrido.
Caso UPADAl filo de las 4 p.m. de este sábado, 32 horas después de haber iniciado, la Fiscalía General y el OIJ culminan el allanamiento en Mideplán por el caso UPAD. https://trib.al/cJRolza
Posted by nacion.com on Saturday, February 29, 2020
El viceministro Soto es uno de los investigados por la Fiscalía General por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Dicha estructura quedó conformada mediante el decreto del pasado 17 de febrero, el cual fue derogado cuatro días después, cuando se cuestionó si dicha dependencia tuvo acceso a información confidencial resguardada por instituciones.
También, son indagados el presidente de la República, Carlos Alvarado y el ministro de la Presidencia, Víctor Morales
Un largo proceso que empezó el viernes
En Mideplán se desarrolló uno de los 10 allanamientos iniciados a las 8 a. m. de este viernes, los cuales fueron dirigidos por la fiscala general, Emilia Navas.
Las indagatorias incluyeron la Presidencia de la República, ubicada en Zapote, las cuales, en este sitio, concluyeron a las 10:50 de anoche, casi 15 horas después de haber iniciado.
En la Presidencia se decomisaron equipos, incluidos el celular y la computadora del mandatario, afirmó anoche el magistrado Álvaro Burgos, de la Sala Tercera (penal) y quien participó en el operativo.
También, se realizaron allanamientos en cuatro casas de habitación.
La lista de investigados incluye a los analistas de datos Alejandro Madrigal Rivas, Diego Fernández Montero y Andrés Villalobos Villalobos, así como Luis Salazar Muñoz, quien renunció este viernes como asesor legal, y la jefa de despacho del presidente, Felly Salas Hernández.
La Fiscalía precisó que investiga los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
Según informó el Ministerio Público, al parecer Madrigal y Fernández se desempeñaron como asesores de datos de la Presidencia desde mayo del 2018 hasta octubre del 2019 y, "en apariencia, conformaron una unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, sin ningún respaldo legal”.
“Se presume que, entre las labores de este grupo, se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que Alvarado tenía conocimiento de esto”.
“Al parecer, Alvarado, Morales y Soto emitieron un decreto para que se continuara desarrollando esa actividad, a pesar de que, presuntamente, conocían que infringían la ley. No obstante, ante distintos cuestionamientos, el 21 de febrero anterior, la Presidencia de la República habría informado sobre la derogadora de este decreto”, añade el comunicado del Ministerio Público.
