Acuerdo con FMI está en riesgo, está fuera de mis manos, declara Carlos Alvarado

Alvarado criticó la decisión de los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos de dictaminar negativamente el proyecto de ley de reducción de beneficios fiscales, el cual forma parte del acuerdo con el Fondo. La iniciativa buscaba, entre otras cosas, eliminar la exoneración del impuesto sobre la renta al salario escolar de los empleados públicos.

‘Estamos en campaña..., ya está fuera de mis manos’

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“Cada quién tiene que asumir su responsabilidad; yo no voto en eso. El Ejecutivo tiene sus votos y los puso, pero si los otros votan en contra… Y lean las justificaciones del porqué; dicen que es imponerle un impuesto a los funcionarios públicos; en todo caso, es algo que ya están pagando todos los demás”, aseveró el presidente.

“Es una justificación que no se sostiene, pero eso pasa porque estamos en campaña. Si yo tuviera 38 o 39 votos, échenme la culpa a mí, pero no los tengo. A mí lo que me toca es ir otra vez con el proyecto e insistir, porque yo voy a llevar esto lo más que pueda por mi responsabilidad con Costa Rica, pero nadie está obligado a lo imposible. Si allá no lo quieren aprobar y se cae el acuerdo con el Fondo, que no es algo que yo quiera, eso ya está fuera de mis manos”.

El martes pasado, 23 de noviembre, el Partido Liberación Nacional (PLN) unió sus votos al frenteamplista José María Villalta y a la independiente Paola Vega para dictaminar negativamente el proyecto de reducción de exoneraciones fiscales, básicamente porque se oponen a eliminar la exoneración del impuesto de renta del salario escolar, la cual le cuesta al Estado más de ¢40.000 millones anuales.

Esta posición del PLN fue justificada por el candidato presidencial del PLN, José María Figueres.

El plan implicaba cobrar tributo solo a las remuneraciones superiores a ¢842.000. El salario escolar es parte del sueldo ordinario de los funcionarios, según ha sentenciado la Sala IV. No es un ahorro ni un bono.

Existe porque, durante el gobierno de José María Figueres Olsen (1994-1998), el Poder Ejecutivo no pudo pagar un aumento salarial y decidió compensarlo como un salario más en el mes de enero.

Posteriormente, en el 2008, la Asamblea Legislativa introdujo la exoneración en la Ley de Impuesto sobre la Renta. Como parte del acuerdo con el FMI, el gobierno de Alvarado propuso eliminar esta exoneración, puesto que los funcionarios públicos gozan de dos exoneraciones (sobre el salario escolar y sobre el aguinaldo) y los asalariados privados solo de una (en el aguinaldo).

Luego del rechazo de este proyecto, el Gobierno anunció un nuevo plan para gravar los salarios escolares superiores a ¢1 millón, pero el rendimiento de este plan se reduciría la mitad en comparación con el anterior.

El martes 23 de noviembre, la Comisión de Asuntos Jurídicos sí dictaminó positivamente el proyecto de reforma al impuesto a casas de lujo, pero siguen pendientes de dictamen los planes de renta global dual y aporte de empresas públicas a la deuda pública.

Los diputados recurrieron a un portillo para postergar la aplicación de la guillotina legislativa a los proyectos de la agenda.

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Además, el plan de empleo público no se ha votado de nuevo en primer debate y un grupo de diputados y la Corte Suprema de Justicia han hablado de someter el texto por segunda ocasión a consulta de la Sala IV, la cual avaló la sustitución del sistema de pluses salariales por el esquema de salario global.

El país ya recibió un primer desembolso de $293 millones del crédito del FMI. Los otros cinco dependen del avance de las reformas estructurales.