Luego de 39 horas de discusión y votación de las últimas mociones sobre el plan fiscal en el plenario de la Asamblea Legislativa, los diputados dejaron listo para su discusión final y aprobación en primer debate el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, expediente legislativo 20.580.
Este jueves, los congresistas terminaron de tramitar las 368 mociones de reiteración que la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, acogió para su tramitación e incluso, se votaron 24 revisiones de varias de esas propuestas de cambio del plan fiscal.
Tal como lo establece la vía rápida que se le aplica al proyecto tributario, solo resta que los congresistas hagan uso de la palabra por el fondo del proyecto y, una vez que se agote este procedimiento, se proceda con la votación.
La iniciativa legal llega a este punto culminante luego de un extenso camino que, prácticamente, inició el día en que la Sala Constitucional declaró inconstitucional el trámite del proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria que impulsó la administración de Laura Chinchilla, entre 2010 y 2012.
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Eso generó que, durante la campaña del 2014, la necesidad de una reforma fiscal fuera tema de debate y que el entonces presidente, Luis Guillermo Solís, adujera que no impulsaría un proyecto tributario durante los primeros dos años de su gestión.
Sin embargo, en agosto del 2015 llegaron al Congreso dos proyectos, uno para transformar el impuesto general sobre las ventas en impuesto sobre el valor agregado (IVA) y otro para hacer una serie de reformas al tributo sobre la renta.
La oposición de varios partidos políticos impidió que esas iniciativas avanzaran y el Gobierno, luego de varios intentos de consolidar un solo texto, entregó al Congreso, a finales de octubre del 2017, el expediente legislativo 20.580.
Las circunstancias de la campaña electoral del 2018 impidieron todo avance de la iniciativa, hasta que una vez pasada la primera ronda, en febrero, los legisladores del periodo constitucional anterior se pusieron de acuerdo para aprobar un trámite de vía rápida, que finalmente no resultó tan expedita, por la particular situación de que se dio en medio de un cambio de gobierno.
Aunque los anteriores diputados (2014-2018) casi concluyeron con la discusión de mociones de fondo del plan fiscal, los nuevos congresistas no querían dejar pasar la oportunidad de incidir ellos mismos en la iniciativa y, por eso, modificaron la vía rápida, en junio, y abrieron el proyecto para presentar mociones.
Eso permitió que el Gobierno le introdujera una serie de propuestas de la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, para endurecer la reforma y, con ello, tratar de captar mayor cantidad de recursos frescos.
Aunque los parlamentarios originalmente pidieron al Gobierno mayores acciones sobre el gasto público, cuando ya tuvieron la iniciativa fiscal en sus manos, aprobaron una serie de mociones para modificar el texto y, poco a poco, fueron erosionando el rendimiento que Hacienda le preveía al plan original de Aguilar.
‘No es absolutamente popular, pero sí absolutamente necesario’
Para el jefe de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Mora, llegar al punto de la votación del primer debate “representa una gran responsabilidad”, luego de un larguísimo camino en la discusión y tramitación de la iniciativa legal.
“Es un tema que no es absolutamente popular, pero sí absolutamente necesario en la situación que viven las finanzas públicas, donde es necesario evitar que Costa Rica, por la crisis fiscal, caiga en un hueco como el de los años 80 y que cueste muchos años recuperar", comentó el legislador.
Morales agregó que se trata de un “sentimiento de responsabilidad muy grande” y agregó que, aunque comprenden en la fracción oficialista que haya muchas personas a las que no les guste la reforma tributaria, y que haya mucha molestia y desinformación, la situación financiera empuja al gobierno a ser “más responsables” con los proyectos y la agenda legislativa.
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El vocero de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides, es más cauto en su criterio.
Exdiputado en el periodo de Abel Pacheco (2002-2006) en que se tramitó una reforma fiscal fallida por criterio de la Sala Constitucional y ministro de la Presidencia durante la administración de Laura Chinchilla, que también vio fallar una reforma fiscal, Benavides aseguró que este primer debate “no es nada especial”.
“En realidad, el trámite todavía tiene mucho recorrido pendiente, a pesar de que mañana o el lunes pueda votarse en primer debate. Aún falta pasar el filtro de la Sala Constitucional y, después de eso, el segundo debate. En medio de eso habrá consultas y, por mi experiencia, sería ingenuo creer que mañana o el lunes sea el final de este proceso”, agregó Benavides.
Restauración: ‘Debemos analizar antes de decidir nuestra posición’
Aunque la posición de la fracción del Partido Restauración Nacional ha sido constante en contra del plan fiscal, el jefe de ese partido, Carlos Avendaño, aseguró que su partido ha dado la lucha contra el proyecto y que se sienten satisfechos de la discusión.
“Hemos dado nuestra lucha y eso nos hace sentirnos bien. Hemos sido consecuentes. Hemos sido enfáticos en que, al terminar este proceso de reiteraciones y revisiones, haríamos un análisis en la fracción para tomar ya en firme la decisión de cuál será nuestra posición de cara al primer debate”, dijo Avendaño.
Agregó que, ante los intentos del PAC y de otras fracciones legislativas por que la bancada restauracionista se sume a los votos a favor del plan fiscal, su respuesta ha sido que primero deben analizarlo, muy temprano, este viernes, en una reunión de la bancada al completo.
Impuestos, recortes de gasto y regla fiscal
Con la reforma fiscal, el Ministerio de Hacienda espera recaudar al menos ¢422.400 millones adicionales para paliar el alto déficit fiscal que sofoca al Estado.
La principal fuente de ingresos es la transformación del impuesto de ventas en el impuesto sobre el valor agregado (IVA), lo cual generaría ¢181.500 anuales. Para la mayoría de productos y servicios, el gravamen seguirá siendo de un 13%, aunque hay tarifas reducidas para bienes como los de canasta básica, sobre los que pesaría un 1%.
El IVA, a la vez, ayudaría a controlar el impuesto de renta de los proveedores de servicios que hoy están exentos, como los de médicos privados y abogados.
La reforma crea o modifica otros tributos que se cobrarían solo a las personas de mayores ingresos del país, como el impuesto sobre el salario, o el gravamen sobre las ganancias que generan los certificados de inversión.
Otro tipo de medidas que plantea la reforma tributaria son las que frenan el gasto del Estado.
Para ello, se limitan los montos a pagar a los funcionarios públicos por concepto de anualidades, y se reduce el porcentaje que devengarán de los futuros empleados a pluses como los de prohibición y dedicación exclusiva, al tiempo que se eliminan los pagos por confidencialidad y descrecionalidad.
El proyecto de ley, además, introduce pautas a seguir para evitar el crecimiento desmedido del gasto público y garantizar el equilibrio de las finanzas públicas. La regla fiscal, por ejemplo, limitaría el crecimiento del gasto corriente del Gobierno central de acuerdo con ciertos rangos, según el nivel de deuda pública que haya.