Diputados abandonan la costumbre de crear nuevos gastos estatales sin financiamiento

El segundo año de labores de los diputados registró la menor cantidad de leyes promulgadas sin fuente de financiamiento de las últimas tres décadas.

Durante la legislatura 2019-2020, un 97% de los proyectos aprobados especificó de dónde deben tomarse los recursos para ejecutarlas. Se trata del porcentaje más alto desde 1988.

Entre el 1.° de mayo del año pasado y el 1.° de mayo de este año, la Asamblea Legislativa promulgó 30 leyes que ordenaron al Estado ejecutar nuevos gastos. De esas, en 29 de los casos se precisó la fuente de financiamiento; solo en una se omitió especificar cómo costearla.

Esta es una de las particularidades que convirtió al periodo legislativo pasado en uno muy inusual, según el informe del Programa Estado de la Nación (PEN) 2020, dado a conocer el 17 de noviembre.

“Estos resultados sugieren una mayor preocupación de las y los legisladores del actual período constitucional por especificar, en las leyes, las fuentes de financiamiento”, señala el documento.

La investigación reseña que la reducción de lo que se conoce como “promesa democrática sin sustento económico” es una tendencia que se inició en el Congreso en el 2014, con los diputados anteriores, y que alcanza su punto más bajo en esta segunda legislatura del periodo 2018-2022.

El problema de las normas que entran en vigor sin financiamiento definido es que tienen mayores probabilidades de incumplirse y de que golpea las finanzas públicas.

“Esta situación ejerce presión sobre las entidades públicas y sus finanzas, porque se les asignan nuevos mandatos sin dotarlas de capacidades económicas para ejecutarlos”, señala el PEN.

Ocurrió así, por ejemplo, con la Ley de Bienestar Animal, firmada por el expresidente Luis Guillermo Solís en el 2017, con la intención de asegurar atención y justicia en casos de crueldad o maltrato animal.

Los diputados la aprobaron sin otorgarle recursos adicionales al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ni al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), los cuales tienen serias limitaciones para ejecutar sus nuevos deberes.

En el análisis sobre el financiamiento de las leyes aprobadas, los investigadores contemplan solo las iniciativas “sustantivas”, es decir, aquellas que impactan derechos de la población, proyectos de inversión, capacidades del Estado, o modifican la Constitución Política.

Según el Estado de la Nación, la única ley que se aprobó sin financiamiento en la legislatura 2019-2020 fue una reforma a la ley 7600, de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.

A esta norma se le agregó un nuevo capítulo sobre acceso a la justicia, el cual ordena se desarrollen campañas informativas en múltiples formatos sobre los derechos de esta población. Además, obliga a que las instituciones faciliten intérpretes a los usuarios que se comuniquen en lesco o en un idioma distinto del español.

Las otras 29 leyes “sustantivas” aprobadas sí contienen su financiamiento. Es el caso de la ley que protege a los indígenas transfronterizos, la ley de educación dual y la ley que reestructuró la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

No obstante, el mismo estudio señala que la nota positiva sobre la labor del Congreso tiene un pero: la fuente de financiamiento del 77% de esas nuevas leyes no son recursos nuevos, sino redireccionados de otros fondos que ya existían. Es decir, se quitó dinero a unos programas para asignárselo a otros.

Fue el caso de la ley que permitió aprovechar la caída en los precios de las gasolinas para financiar subsidios a trabajadores damnificados por la emergencia del coronavirus.

“Únicamente, un 20% de las leyes aprobadas que requerían recursos para atender sus mandatos establece nuevos ingresos”, encontraron los investigadores.

“Esta cifra es inferior a la de las tres legislaturas anteriores”, dice el informe. En el ciclo 2018-2019, se recurrió al traslado de dinero existente en un 56% de los casos.

La semana pasada, los diputados se apartaron de su tendencia y aprobaron un proyecto que obliga al Estado a contratar un polémico sistema de etiquetado de licores, el cual le costó $72,6 millones a Ecuador (unos ¢42.000 millones), y para el que no se previó fuente de financiamiento.

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