Con 50 votos a favor y uno en contra, los diputados aprobaron este lunes, de nuevo en primer debate, el proyecto de ley que permitirá aprovechar la caída en los precios de las gasolinas para financiar subsidios a trabajadores damnificados por la emergencia del coronavirus.

La iniciativa aprobada perdió un 50% de su capacidad en comparación con el texto que fue avalado en primer debate el lunes 13 de abril.

La propuesta original recaudaría ¢20.000 millones, por mes, para entregar bonos de ¢62.500 y ¢125.000 a 53.000 familias por tres meses. Ahora, el disponible de ¢9.500 millones daría para 25.000 hogares.

El plan se debilitó porque inicialmente contemplaba todos los combustibles, pero, el diésel quedó excluido.

Así, los conductores que tienen autos con diésel, buseros e industriales se verán beneficiados con una reducción de ¢63 por litro. El precio pasará de ¢464 a ¢401 en los próximos días y podría bajar más en mayo.

La gasolina súper quedará congelada en ¢580 por litro y la regular en ¢555, en vez de disminuir a ¢459 y ¢443, respectivamente.

¿En qué consiste el proyecto de ley? La idea es mantener fijos los precios de la gasolina y cuando baje, como se espera, la diferencia se irá al fondo de subsidios mientras dure la emergencia.

Este lunes los precios del crudo llegaron a $10 por barril, en momentos en que las reservas se encuentran saturadas debido a la caída en la demanda en el mundo.

Ese nivel de precios no se veía desde 1986, mientras que en el 2011 llegó a cotizarse a $114.

El único legislador que votó en contra fue Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Dos cambios en el camino

El proyecto de ley ya se había aprobado en primer debate, pero un error en los precios de referencia obligó a los legisladores a echar atrás la votación y modificar el proyecto.

La redacción original devolvía los precios de los combustibles a los que estaban vigentes el 4 de marzo, pero el texto tenía el problema de que, en lugar de estos precios, citaba los del 27 de marzo.

Al frenar para enmendar el error, los diputados aplicaron dos cambios significativos que disminuirán considerablemente la recaudación.

La propuesta original recaudaría unos ¢20.000 millones, por mes, para entregar bonos de ¢125.000 a 53.000 familias por tres meses.

Sin embargo, primero, los diputados descartaron usar los precios del 4 de marzo y optaron por los del 27 de marzo, lo que redujo la recaudación mensual a ¢15.000 millones mensuales.

El segundo golpe a la iniciativa lo asestó la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) cuando se adhirió a la posición del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para excluir el diésel del proyecto legal y, así, reducir la recaudación para subsidios a poco menos de ¢9.500 millones.

Esa cantidad de dinero solo alcanzaría para atender a unas 25.000 familias golpeadas por desempleo o suspensiones de contratos laborales durante tres meses.

Aunque fue Liberación Nacional la bancada que inclinó la balanza para sacar al diésel del proyecto, al final la moción de cambio fue aprobada en forma unánime con 51 votos.

Diputados liberacionistas más bien atacaron al Gobierno por haber aprobado el plan con un error de redacción, al principio.

Justificación del PLN

Silvia Hernández, Paola Valladares, Franggi Nicolás y Roberto Thompson insistieron en que a los sectores a los que les está yendo bien, hay que apoyarlos para que les siga yendo bien, en referencia al sector agropecuario y el de transporte público.

De hecho, Thompson aseguró que el Gobierno, pese a estar manejando adecuadamente la emergencia sanitaria, no está lanzando propuestas para la reactivación económica del país, en tiempos de la pandemia. “¿Cómo vamos a sostener a cientos o miles de empresas pequeñas, medianas y grandes que tratan de mantenerse a flote?", dijo el alajuelense.

Añadió que hay una ausencia de un plan integral de abordaje y apoyo a las empresas que generan “más del 85% del trabajo” en el país.

Afirmó también que es fundamental evitar que la cifra de los desempleados crezca. A la vez, criticó la propuesta de poner un impuesto solidario a “quienes les está yendo bien”.

“A los que les está yendo bien hay que estimularlos para que les siga yendo bien, porque son los que van a jalar a los que les está yendo mal. Van a generar encadenamientos productivos para que haya esperanza, para quienes no la tiene”, alegó Thompson.

Por su parte, la jefa de Liberación, Silvia Hernández, justificó el debilitamiento del proyecto al decir que hay numerosas fuentes de recursos que podrían ir a la bolsa de la que el Ejecutivo toma el bono Proteger.

En cuenta, enlistó los ¢150.000 millones del presupuesto extraordinario, los ¢75.000 millones del proyecto para que el Instituto Nacional de Seguros (INS) le traslade dinero al Gobierno y los ¢380.000 millones del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y “otros préstamos”.

Franggi Nicolás, quien coordinaba la mesa de combustibles y aseguraba, antes, que sacar al diésel de la iniciativa era como “archivar el proyecto”, justificó su cambio de criterio al decir que está satisfecha, mas no complacida. “La política es a base de realidades, una cosa es lo deseable y otra lo posible”.

Paola Vega: ‘Rompieron el acuerdo’

Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC), criticó la decisión liberacionista. Aseguró que es un eco de la petición de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), que el viernes clamó por que el diésel saliera del proyecto.

“Este cambio se hace por quedar bien con ciertos sectores, que tienen una voz muy alta, como los transportistas, que incluso financian campañas políticas”, dijo.

Añadió que las familias más vulnerables se quedan sin la posibilidad de comprar arroz y frijoles, o tratando de ver cómo pagan la casa para que no los desahucien.

Alegó que el proyecto queda en un saludo a la bandera, un “engaño a la ciudadanía”.

Pedro Muñoz: ‘Impuesto a los que no se pueden quedar en casa’

Por su parte, el único diputado que votó contra el proyecto fue Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), quien aseguró que mantener el precio de las gasolinas es un impuesto o una “carga para los que no se pueden quedar en la casa”.

“No es por irresponsables, tienen que salir a pulsearla. Este proyecto es para los que no se pueden quedar. Este gobierno decide ponerles carga a esas personas”, aseguró el socialcristiano.

Después de la votación en primer debate, el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, fijó la segunda votación para el miércoles.