El diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pedro Muñoz, impulsa en el Congreso dos proyectos para fondear con ¢85.000 millones frescos, al año, al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Se trata de recursos recolectados mediante el cobro de impuestos y de contribuciones a todos los patronos del país.
¢60.000 millones vendrían del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y los otros ¢25.000 millones del Banco Popular.
El primer monto se tomaría del 33% del presupuesto que Fodesaf debe destinar, anualmente, al Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fusovi), el cual nutre al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
El Fodesaf se nutre con una transferencia anual que le debe hacer el Ministerio de Hacienda y con aportes de los patronos, los cuales deben pagarle cada mes el equivalente al 5% de toda su planilla.
En tanto, los recursos del Banco Popular (BP) saldrían del aporte que los patronos envían a esta entidad bancaria sobre el salario de cada uno de los asalariados.
Actualmente, los empleadores giran al BP el equivalente a un 0,50% del sueldo de cada empleado. Con el proyecto de ley, la mitad de ese porcentaje, el 0,25%, se iría al IVM, y solo el otro 0,25% se quedaría en el Popular.
Ambas propuestas forman parte de las 33 recomendaciones que emitió la mesa de diálogo, conformada en el 2017, para intentar darle sostenibilidad de ese sistema de pensiones del IVM, cuyo “estado de salud” es crítico.
Para hacer efectivo el traslado de esos recursos, es necesario hacer cambios en tres normativas de la República:
-La Ley de Desarrollo Social Asignaciones Familiares N.° 5662
-La Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda Creación del Banhvi (Banco Hipotecario de la Vivienda) N.° 7052
-La Ley Orgánica del Banco Popular de Desarrollo Comunal N.° 4351.
A pesar de que los dos proyectos de ley para variar esas normas ya habían sido propuestos por la mesa de diálogo, ningún diputado los había introducido en la corriente legislativa.
Fue hasta este lunes 23 de setiembre cuando Muñoz presentó las dos propuestas para estudio de los legisladores.
¿Cómo cambian las leyes y de dónde sale el dinero?
El proyecto para extraer ¢60.000 millones de Fodesaf, bajo el expediente 21.603, busca reformar el inciso m) del artículo 3 de la ley de creación de este fondo.
En ese numeral se detalla cómo Fodesaf distribuirá sus recursos entre los distintos programas sociales.
En el inciso m), puntualmente, dicha normativa indica que, del total de los ingresos del fondo, el 33% será para el Fondo de Subsidios para la Vivienda.
El nuevo proyecto de ley le agrega un párrafo a esa parte de la norma, asegurando que, de ese porcentaje, ¢60.000 millones se irán al IVM.
Ese mismo proyecto sugiere una variación en el artículo 47 de la ley de creación del Banhvi, numeral que explica cuáles entidades girarán los recursos para sostener a este banco hipotecario.
El cambio en la normativa agrega un párrafo aclarando que la Caja retendrá ¢60.000 del total de recursos que Fodesaf destina al Banhvi.
El otro expediente presentado a los diputados este lunes, el 21.602, persigue la modificación de los artículos 5° y 6° de la ley de creación del Banco Popular.
Se le agrega un párrafo al numeral 5° de esa normativa, que indica que el 0,50% aportado por el patrono sobre el sueldo de los asalariados se irá al banco.
Esa nueva parte del texto especifica que, de ese 0,50%, la mitad (un 0,25%) será para el IVM.
En tanto, al artículo 6, cuyo contenido afianza que los aportes patronales sostendrán el patrimonio del Banco Popular, se le añade una línea de texto que recuerda que lo anterior será efectivo siempre y cuando se haya girado al IVM el porcentaje citado en el artículo 5° de la misma ley.
El origen de las recomendaciones
En el 2016, un estudio actuarial hecho por la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR) había revelado los graves problemas del IVM.
Ese estudio proyectó que, para el 2032, ese sistema de jubilaciones comenzará a consumir su reserva, pues sus ingresos son insuficientes para pagar las pensiones. La reserva, además, se agotará en el 2038.
A partir de esas revelaciones se creó la mesa de diálogo, con representantes de los sectores patronal, trabajador y gobierno.
Además de trasladar recursos del Banco Popular y de Fodesaf al IVM vía proyecto de ley, la mesa recomendó, entre otras cosas, aumentar el porcentaje de aporte tripartito (trabajadores, patronos y Estado) al IVM cada tres años, y no cada cinco años, como se hacía antes.
La idea de tal sugerencia es garantizarles una pensión digna a las más de 1,5 millones de personas que forman parte de ese régimen, el más grande del país.
De hecho, esa medida ya fue adoptada por la Caja en un acuerdo de Junta Directiva de esa entidad el pasado 20 de junio.
Antes, la proyección era que el aporte tripartito creciera de un 10,16% a un 12,16% para el 2035.
No obstante, con el cambio en el aumento porcentual cada tres años y no cada cinco, ahora se llegará antes a la meta.
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Entre los consejos más representativos de la mesa de diálogo, también está calcular el monto de la pensión mínima con base en los salarios promedio de 25 años de cotizar al fondo. Hoy se calcula con el promedio de 20 años.
Esta última recomendación no ha sido puesta en práctica por la Caja.
Pese a la labor consejera de ese grupo para aportar a la sostenibilidad del IVM, un reciente estudio, efectuado en octubre del 2018 por la Dirección Actuarial de la Caja, reveló que las recomendaciones aportan un beneficio mínimo en el mejoramiento del régimen.
Según el informe, si se aprobaran las 33 propuestas de la mesa de diálogo, la reserva del fondo se agotaría en el 2045, siete años después de la fecha en que la UCR proyectó la muerte del mismo.
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