La diputada María Inés Solís, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), le envió una nota al dirigente cooperativista, Rodolfo Navas, solicitándole que le aclare en qué pretendía gastar ¢4 millones para “reuniones con diputados”, rubro que incluyó dentro del presupuesto de ¢70 millones para una “campaña de comunicación en defensa del Movimiento Cooperativo” frente al plan fiscal.
En su oficio, la congresista le pidió a Navas que le detallara “a la brevedad” cómo se invertiría el dinero, si este correspondía a gastos de representación, si siempre se ha presupuestado dinero para reuniones con diputados o si ese hecho se circunscribe al trámite del plan fiscal.
Solís dijo que considera “completamente anormal” que un dirigente de un grupo de presión pida recursos millonarios para financiar reuniones con diputados.
“En el caso de mi despacho, absolutamente ninguna persona tiene que gastar ni un centavo para tener una cita conmigo. Me parece que no tiene ningún sentido que se esté presupuestando (como parte de la campaña) un monto para reuniones con diputados y lo que quisiera saber es qué es lo que está pasando con esos ¢4 millones, para qué son, cómo los van a usar, si es que hay ‘tomatingas’, qué se yo. Me parece que gastar ese dinero en diputados no tiene ningún sentido".
“(El gasto) es completamente anormal, más que aquí (en el presupuesto de la campaña) hay otros rubros para asesores, para redes sociales, para propuesta estratégica, y para la producción de la campaña. No tiene que gastar nada para hablar con un diputado. No es obligación del diputado recibir a un sector, es un tema discrecional, pero no tiene por qué costarle un cinco a nadie”, recalcó.
Y agregó durante el uso de la palabra en el plenario esta tarde: “¿Saben qué hablan en la calle? Que los políticos, que los diputados, son unos corruptos y vienen y salen estas cartas (de Navas). Yo digo, cuál de mis compañeros diputados será capaz de recibir una cosa de estas. Qué mal que habla esto de nosotros. Aquí, trabajemos valores, pero empecémoslos aquí también, hagamos las cosas que sabemos que son políticamente correctas”.
La Nación publicó este martes que el dirigente cooperativista Rodolfo Navas, gerente del Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop R.L.), envió varios oficios a otras cooperativas solicitándoles “un aporte” para financiar una campaña de comunicación en defensa del movimiento cooperativo frente al proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
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Por ejemplo, en una nota que dirigió el pasado 18 de setiembre al gerente general de Coneléctricas R. L., Erick Salazar, Navas le pidió ¢5 millones. En otra nota con la misma fecha, el dirigente, ligado al Partido Liberación Nacional (PLN), le solicitó “valorar un aporte” a María Inés Castro, gerenta de la Cooperativa de Electrificación Rural de Alfaro Ruiz (Coopealfaroruiz R. L.).
Los recursos los pidió para financiar los siguientes rubros de la campaña:
-"Asesores", ¢4,5 millones
-"Redes sociales", ¢4,8 millones
-"Reuniones con diputados", ¢4 millones
-"Propuesta estratégica Alberto Padilla", ¢30 millones
-"Producción y estudio CB 24″, ¢4.3 millones
-"Campaña y medio sin TV", ¢22,8 millones
El lunes, cuando La Nación le consultó por qué pedía dinero a los cooperativistas para financiar acercamientos con los diputados, Rodolfo Navas contestó que el objetivo era “educar y evitar la desinformación que ha habido” respecto de cuál es la verdadera contribución del movimiento cooperativo con el fisco costarricense.
Navas contestó a este diario que hizo la petición de dineros a cooperativistas antes de que el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) decidiera, el viernes pasado, hacerse cargo de la campaña.
No obstante, el presidente de Conacoop, Geovanny Villalobos, aclaró que la estrategia del cooperativismo no es atacar el plan fiscal del Gobierno, sino, más bien, informarle a la ciudadanía cuál es el aporte cooperativista al país.
Por el contario, la campaña de Navas coincidió con la decisión de la diputada María Inés Solís de insistir en una moción para que el plan fiscal grave a las cooperativas que reporten ganancias superiores a ¢106 millones anuales con un 30% del impuesto sobre la renta.
Villalobos afirmó que el único órgano que se puede atribuir la defensa del movimiento cooperativo es el Conacoop y que Navas actuó sin consultar al directorio de esa organización la pertinencia de una campaña en esos términos.
Incluso, la labor del Cenecoop dentro del movimiento cooperativo se circunscribe únicamente al desarrollo de alternativas de educación para los cooperativistas.
La legisladora socialcristiana afirmó que la estrategia que planeó Navas era dirigida a atacar la moción de su autoría para cobrar renta a los entes cooperativos.
“A mí me van a disculpar, pero quien tiene ¢70 millones para hacer una campaña contra una moción puede pagar impuestos en un país que la está viendo fea. Yo no sé si nos van a pagar salarios esta semana, yo no sé si vamos a tener pago. ¿Ustedes saben, están seguros? Estamos viviendo una crisis y hay diputados protegiendo a las grandes cooperativas".
"Fracción del PAC, ustedes, el gobierno de ustedes, tenía esa propuesta en el primer texto (de la reforma fiscal) y ahora la protegen. Don Víctor Morales (jefe de bancada del PAC), a usted le digo allá, que dio declaraciones a la prensa y dijo que las cooperativas pagan impuestos. Mi moción es de renta, no pagan impuesto de renta y tienen un trato especial como pyme. Por favor, compañeros, hagamos conciencia”, afirmó.
Solís dijo a este diario que ve “difícil” que la moción se apruebe, pues el trabajo de cabildeo del movimiento cooperativo ante los diputados “ha sido fuerte”.
Incluso, la congresista alajuelense dijo que el movimiento cooperativo la ha buscado para intentar persuadirla de que desista de la moción. La invitaron a una reunión en San Carlos. No obstante, ella les pidió que llegaran a su despacho. Agregó que tenía reuniones agendadas con dos cooperativas, pero que los representantes de Dos Pinos R. L. y de Coocique R. L. cancelaron las citas.
En el plan fiscal, los cooperativas y Hacienda llegaron al acuerdo de trocar el gravamen del 30% sobre la renta por un aumento escalonado en la tarifa de renta que pagan los socios de las cooperativas sobre los excedentes que reciben al cierre de cada periodo.