La reforma a la regla fiscal que el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, implementó mediante decreto ejecutivo, le permitiría al Gobierno aumentar el gasto público en ¢412.000 millones durante el 2022.
Este sería el impacto inmediato sobre las finanzas estatales de esa decisión, que se contrapone al criterio que usa la Contraloría General de la República (CGR) todos los años para determinar si el Gobierno cumplió o no con la medida de control.
De acuerdo con la ley, la regla fiscal es un mecanismo que le impone un tope cada año al crecimiento del gasto público, el cual depende del nivel de la deuda pública y del dinamismo de la economía. La idea es que, para evitar un empeoramiento económico del país, el sector público contenga sus egresos si su endeudamiento es muy alto y si la producción está estancada.
Para este 2022, por ejemplo, el tope de crecimiento es de un 1,96%. Es decir, eso es lo máximo que pueden aumentar los gastos en relación con los del 2021, precisamente, porque la deuda supera el 60% del producto interno bruto (PIB).
No obstante, el decreto ejecutivo firmado el 23 de junio, que aún no ha salido en La Gaceta, pretende cambiar la base a partir de la cual se calcula ese crecimiento.
El reglamento anterior establece que el cumplimiento de esta norma se debe verificar comparando el gasto realmente ejecutado del año en curso, con la ejecución del año anterior. Si lo gastado por el Gobierno o por una institución no superó ese umbral, entonces sí cumplió con la regla fiscal.
Por el contrario, con la reforma impulsada por el mandatario, la verificación se hará únicamente comparando el presupuesto final del año (que contempla presupuestos extraordinarios aprobados por el Congreso) con el presupuesto inicial del año anterior.
Bajo el primer esquema, el Gobierno no puede realizar este año gastos más allá de los ¢8,32 billones, en 2022. Eso es un 1,96% más de los ¢8,16 billones gastos en el 2021.
Este monto incluye tanto el gasto corriente (salarios, intereses y servicios) como el gasto de capital (obras y equipamiento). Los pagos para amortizar la deuda pública están fuera del alcance de la norma.
En cambio, con el esquema impulsado por Chaves, el Gobierno estaría habilitado a gastar hasta ¢8,74 billones, pues el presupuesto original del 2021 para gasto corriente y de capital fue de ¢8,56 billones.
Es decir, el decreto permitiría gastar ¢412.000 millones más a las instituciones cubiertas por el Presupuesto Nacional.
Para dar una idea de lo que significa, esa cifra supera la suma de los presupuestos de la Universidad de Costa Rica (UCR, ¢333.000 millones) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED, ¢69.000 millones).
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, defendió la flexibilización de la regla fiscal al argumentar que el crecimiento de la deuda ha estado ahorcando el presupuesto de los diferentes ministerios y que el crecimiento del tipo de cambio ha generado problemas en instituciones con compromisos en dólares.
En forma paralela, el Gobierno pidió a los diputados eliminar una norma presupuestaria que le prohíbe mover dinero entre partidas, en los ministerios, sin autorización de la Asamblea Legislativa. No obstante, esa disposición, que también funciona como un freno para el gasto, fue defendida por la diputada presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional.
Al 30 de abril de este año, la deuda pública llegaba a ¢28,7 billones. Solo en los primeros cuatro meses de este año creció ¢1 billón (5%) “por los constantes desequilibrios estructurales del Gobierno, cuyos impactos se reflejan en los resultados de la deuda”, dijo la Contraloría, institución encargada de vigilar el uso de los recursos públicos que utilizan las instituciones del Estado.
Presupuestos más altos para años siguientes
Otra de las implicaciones que tendría la reforma al reglamento de la regla fiscal es que los presupuestos del Gobierno en los años siguientes permitirían un mayor crecimiento del gasto. Eso postergaría, como lo advirtió la Contraloría, alcanzar las metas de consolidación fiscal.
La Nación elaboró una proyección, en un escenario hipotético, sobre los efectos que tendría la implementación del decreto de Chaves sobre el gasto (sin considerar amortizaciones).
Se trata de un escenario simulado a cinco años, a modo de ejemplo, en el que la regla fiscal permitiría crecer en un 2% por año (en la realidad este porcentaje varía año a año).
Bajo este supuesto, el presupuesto nacional superaría la barrera de los ¢9 billones en 2024. Por el contrario, si se respeta la norma como actualmente aplica, este nivel se alcanzaría hasta 2026, dos años después.
Además, cada año que pasa aumenta la diferencia del gasto permitido entre ambos modelos, debido a que la base utilizada para verificar el cumplimiento es más alta.
En 2022 esa diferencia sería de ¢412.000 millones; mientras que para 2026 alcanzaría los ¢446.000 millones.
Por el contrario, el presidente de la República negó que ese efecto sucedería: “La regla fiscal permanece como tal en el sentido de que lo único que ha cambiado es cómo medirla”.
‘Postergaría el retorno a la senda de la sostenibilidad’
Sin todavía exponer las cifras, la contralora general de la República, Marta Acosta, les advirtió el pasado miércoles a los diputados de que el decreto de Rodrigo Chaves “tiene riesgos y efectos muy serios”.
“Se daría un mayor margen de crecimiento para el gasto devengado del Presupuesto Nacional. Esto favorecería principalmente al gasto corriente, lo que postergaría el retorno a la senda de sostenibilidad y podría generar expectativas negativas en torno al compromiso con la búsqueda de la consolidación fiscal”, declaró Acosta.
Las manifestaciones las hizo durante una audiencia en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Además, les advirtió a los diputados que el decreto se contrapone a lo que realmente establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (reforma fiscal) en torno a la verificación del cumplimiento de la regla fiscal.
Pese a que el ente contralor alertó de que esa medida brinda un mayor margen de crecimiento del gasto público, el mandatario aseguró que, en su opinión, no está flexibilizando la regla fiscal.
Esta es la segunda vez que Chaves pretende incorporar ese criterio. Cuando fue ministro de Hacienda de la administración de Carlos Alvarado, entre diciembre de 2019 y mayo del 2020, él también se había enfrentado a la contralora por ese mismo criterio.
“Cuando era ministro de Hacienda, advertí de que esto iba a pasar. Si el cumplimiento de la regla fiscal lo medíamos por lo ejecutado (de un ejercicio económico) contra lo ejecutado (del año anterior), lo que estamos haciendo es metiendo el acelerador cuando vamos cuesta abajo en una recesión, sin capacidad de frenar, porque la regla fiscal se vuelve lo que llaman los economistas, procíclica.
“Si hay un crecimiento en la economía, la regla fiscal hace que el gasto se dispare más de lo necesario y, si hay contracción de la economía, la regla fiscal, a como proponen medirlo en la Contraloría, hace que se desacelere más rápido de lo que debería hacer”, dijo el presidente en conferencia de prensa el pasado miércoles 29 de junio.
En todo caso, concluyó el mandatario, es al Poder Ejecutivo al que le corresponde reglamentar las leyes y el decreto anunciado la semana anterior es un cambio reglamentario, no legislativo, por lo que asegura tener el derecho de su lado. La contralora, por el contrario, asegura que ese tipo de cambios primero deben valorarse en la Asamblea Legislativa, pues se trata de una reforma legal.
Chaves sentenció: “Y si hay alguna disputa lo tendrán que discutir entre abogados”.
