La regla fiscal entró en su faceta más estricta para la elaboración y ejecución del presupuesto nacional del 2022. De acuerdo con cálculos del Ministerio de Hacienda, en ese y los tres años posteriores (hasta el 2025) la presión sobre el gasto público aumentará, con crecimientos interanuales por debajo del 2%.
Lo anterior es así, porque la deuda pública del Gobierno Central alcanzó el 67,5% del producto interno bruto (PIB) para finales de 2020 –7,5 puntos más del límite para evitar entrar en el máximo peldaño de la restricción– y el indicador sigue en aumento.
El freno del gasto conocido como la “regla fiscal” se creó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), la cual indica, en su capítulo de responsabilidad fiscal, que cuando la deuda pública supere el 60% de la producción nacional, el gasto total (tanto corriente como de capital) no podrá crecer más allá del 65% del crecimiento promedio del PIB nominal de los últimos cuatro años.
Este cálculo fue de 1,96% para el presupuesto 2022, y Hacienda estima que incluso se recrudecerá en los tres periodos siguientes.
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Además de la restricción de crecimiento presupuestario, el artículo 13 del mismo capítulo establece varias “medidas extraordinarias” adicionales, de aplicación exclusiva cuando la deuda pública supere el 60% de la producción.
Por ejemplo, se tendrán que congelar remuneraciones de todos los empleados públicos pues no se les podrá conceder aumentos por costo de vida en los sueldos base, ni tampoco en los pluses, hasta que la deuda pública baje del 60%.
lgualmente, queda prohibido realizar ajustes en las pensiones con cargo al presupuesto nacional, excepto los que se aplican por costo de vida.
El Gobierno tampoco podrá suscribir préstamos o créditos, salvo aquellos que se usen para cambiar deuda cara por otra más barata o para invertir en obras públicas.
Tampoco podrá efectuar rescates financieros a grupos en específico, “salvo en aquellos casos en que la Asamblea Legislativa declare la procedencia”.
Todas estas medidas se aplicarán de manera indefinida en los próximos años y solo se levantarán si el país logra reducir sus niveles de deuda pública, por debajo del 60% del PIB. Es decir, solo será posible por medio de un ajuste financiero con medidas tributarias, recortes de gasto o crecimiento económico extraordinario.
Este escenario aumenta la presión para el uso de los recursos en los próximos años, particularmente en los que restan hasta 2025.
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Las proyecciones
Más allá del 2022, el Ministerio de Hacienda proyecta que las tasas máximas de crecimiento para el gasto público se mantendrán entre 1,79% y 1,92%, en los próximos tres años.
Las proyecciones las plasmó el erario en la exposición de motivos de su proyecto de presupuesto nacional para el año 2022.
Estos techos de crecimiento tan bajos responden en gran medida a la contracción de la economía que provocó la pandemia en el 2020 (4,1%, según Banco Central), la cual genera un efecto a la baja en el cálculo de la regla fiscal.
Ese efecto de la contracción del 2020 se dejaría de percibir hasta 2026, cuando Hacienda estima que el techo de gasto podría subir a 3,16%.
No obstante, más allá de la tasa máxima de crecimiento, el hecho de que la deuda pública se mantenga por encima del 60% implicaría tener que sostener las restricciones “extraordinarias” para salarios, pensiones y acciones del Estado antes mencionadas.
El Gobierno planteó al Fondo Monetario Internacional (FMI) llevar la deuda pública a 50% del PIB en el 2035. Sin embargo, si no se concreta el ajuste convenido con la entidad multilateral en los tiempos previstos, y si no existe otra solución entre tanto, la reducción tomaría más tiempo todavía.
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Sostenibilidad de la norma
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, aseguró durante la presentación del presupuesto nacional para 2022 que la regla fiscal implica una posposición de inversiones.
“Desde los distintos ministerios y entidades de gobierno siempre se desea generar una cantidad importante de programas y obras en beneficio del país, pero habrán tiempos mejores para llevarlos adelante”, comentó.
Por su parte, la presidenta del Congreso y diputada del Parido Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández, señaló que justo este tipo de posposiciones y priorizaciones de gasto son el motivo por el que urge alcanzar soluciones fiscales y evitar mayores desgastes.
“Esta regla fiscal lo que busca es que el ajuste no dure tanto, pero si nos vamos a ir llenando de un montón de presión técnica y política, por llamarlo de alguna forma, ese ajuste no solo va a ser más largo, sino que además va a ser más difícil”, comentó.
“Todo esto sin dejar de señalar que el país también se enfrentará a una discusión de la calidad del gasto, de dónde asigna sus pocos recursos, y eso no es un tema menor”, agregó.
Una inversión disminuida plantea el reto de mantener vigente la aplicación de la regla, a pesar de las presiones de cada entidad del Estado.
También, la misma regla plantea el reto de buscar soluciones rápidas para evitar su aplicación más estricta, tomando en cuenta que se trata de una medida que acumula efectos con el paso del tiempo (la restricción se aplica sobre restricciones anteriores).
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Gestión de gasto
El ministro Villegas explicó que la aplicación de la regla fiscal ha requerido hacer todo un proceso de gestión de gasto con las instituciones, de modo que prioricen partidas.
Durante la presentación del presupuesto de 2022 aseguró que el Ministerio de Educación Pública (MEP) es posiblemente el que resultó más impactado con el ajuste de la regla fiscal para ese año, pues debió hacer recortes por ¢300.000 millones en sus programas de gasto iniciales.
“Son recortes que se han hecho tomando en consideración cuánto era lo que se venía gastando, cuáles eran sus subejecuciones históricas y aspectos de ese tipo; pero indudablemente ha sido el más afectado por el tamaño que tiene”, comentó.
La ministra de Educación Pública, Guiselle Cruz, se ha manifestado de manera crítica con las ataduras presupuestarias de la regla fiscal. En entrevista con El Financiero, aseguró que la rigidez del gasto es un reto en medio de una situación educativa compleja como la actual, agudizada por la covid-19.
“Una discusión que va a tener que darse es si en este momento tenemos que hacer los recortes o si podemos analizar en cuáles rubros no hacerlos. Las condiciones del presupuesto que tenemos hoy, como la regla fiscal y la Ley 9.635, no pensaron en una pandemia que afectara al sistema educativo y es válido discutir de qué manera el presupuesto atiende las necesidades y las condiciones mínimas para poder avanzar”, afirmó.
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Parte del estrés que provoca la regla fiscal también se ha evidenciado en las exclusiones impulsadas por el Poder Ejecutivo para varias instituciones, en el marco de la emergencia sanitaria.
Las emergencias nacionales son una de las dos situaciones especiales que previó la Ley 9.635 para que el Gobierno pudiera aplicar “cláusulas de escape” de la norma de gasto, junto con un eventual estado de recesión debidamente declarado.
Desde que se inició la aplicación de la regla fiscal, el Poder Ejecutivo tomó 14 acuerdos para solicitar el levantamiento de la regla fiscal a varias entidades. En todos los casos argumentó gastos excepcionales por el coronavirus.