En el 2020, de un total de 154 instituciones públicas analizadas por la Contraloría General de la República, 113 entidades cumplieron con la regla fiscal, 12 la irrespetaron y en 29 casos el órgano se abstuvo de emitir opinión debido a limitaciones en la disponibilidad de toda la información requerida.
Así lo consignó el órgano contralor en el Informe sobre el Cumplimiento de la Regla Fiscal para el Ejercicio Económico 2020, que publicó la mañana de este martes 4 de mayo.
El 2020 es el primer año de aplicación de dicha regla, la cual se incluyó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vigente desde el 4 de diciembre del 2018.
La regla fiscal es un límite al crecimiento del gasto corriente del sector público (incluye, principalmente, remuneraciones, transferencias a otras entidades e intereses).
Según dicha regla, conforme más endeudado esté el sector público menos puede crecer el gasto. Para el 2020, el límite de crecimiento del gasto fue de un 4,67%, según el Ministerio de Hacienda.
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Entre las 113 instituciones incluidas que cumplieron se encuentran el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la Refinadora Costarricense de Petróleo Sociedad Anónima (Recope) y las universidades públicas, entre otras.
En el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social se exceptúa de la regla, pues según el inciso a) del artículo 6 del Título IV de la Ley N.° 9635 se excluyen los recursos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Régimen No Contributivo; y la Sala Constitucional, mediante resolución N.° 2018019511 del 23 de noviembre del 2018, excluyó el componente del Seguro de Enfermedad y Maternidad.
También tienen excepciones de la aplicación de la regla: Correos de Costa Rica, S.A., INS-Red de Servicios de Salud, Radiográfica Costarricense y el Instituto Costarricense de Electricidad y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, S. A. en lo que respecta al sector de telecomunicaciones.
Entre las 12 instituciones que incumplieron la regla fiscal se encuentran: la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, el Consejo de Seguridad Vial, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, Sistema de Emergencias 911 y las transferencias corrientes del Gobierno Central otorgadas a municipalidades y concejos de municipalidades.
¿Qué pasa con las entidades que incumplen? El artículo 26, del título IV de la Ley de Fortalecimiento establece: “El incumplimiento injustificado de la regla fiscal y del control de esta constituye una falta grave contra la Hacienda Pública, y serán sancionadas (las instituciones) según lo indicado en el artículo 68 de la Ley N.° 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, del 7 de setiembre de 1994″.
Dicho artículo indica que la Contraloría recomendará al órgano o autoridad administrativa competente, mediante su criterio técnico, que es vinculante, la aplicación de la sanción correspondiente de acuerdo con el mérito del caso.
En lo que respecta al Gobierno Central, en opinión del Órgano Contralor, este cumplió con la regla fiscal, al considerarlo de manera agregada.
“En el caso del Gobierno Central, se evidencia un cumplimiento de manera agregada del límite de crecimiento impuesto por la Regla Fiscal, al experimentar una disminución de 2,35% en su gasto corriente ejecutado de 2020 con respecto a 2019″, indica la auditoría.
“Ahora bien, respecto de las transferencias de recursos giradas por el Gobierno Central a las municipalidades se da un incumplimiento, al presentarse un crecimiento del gasto corriente ejecutado del 2020 con respecto al 2019, de un 24,83%”, indicó la Contraloría.
Según el órgano contralor, la suma global ejecutada por el Gobierno Central sobrepasa en ¢854 millones al monto máximo a girar a las municipalidades en cumplimiento de la regla fiscal.
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, explicó que en julio del 2020 el Ministerio de Hacienda presentó a la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario con un recorte importante en el caso de las municpalidades y el recorte fue reintegrado por los diputados.
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“Nosotros presentamos la propuesta y la Asamblea Legislativa restituyó los recursos para las municipalidades”, indicó.
El Gobierno había impulsado una disminución de ¢34.400 millones en el presupuesto a las municipalidades debido a la caída en ingresos que había sufrido por la pandemia, pero no logró.
Actualmente, dijo Villegas, lo que hace Hacienda es explicarle a los ministerios el monto total que pueden gastar del monto asignado del presupuesto que tienen en este momento, porque el hecho de que un monto esté presupuestado no significa que se puede gastar todo.
La Contraloría evalúa la aplicación de la regla tanto en los montos presupuestados como en los montos ejecutados. Villegas explicó que puede ser que en el plan de gasto la regla se cumpla, pero al ejecutar se puede romper.