Hacienda entregó presupuesto ordinario por ¢11,5 billones ajustado a la regla fiscal
El crecimiento de este proyecto respecto al plan de gasto anterior será de 1,94%, mientras que la regla fiscal es de 1,96%; en esta ocasión dicho límite se aplica, por primera vez, sobre el gasto total
El ministro de Hacienda, Elián Villegas hizo entrega del presupuesto ordinario 2022 a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández. Rafael Pacheco Granados
El ministro de Hacienda, Elián Villegas, hizo entrega del presupuesto ordinario 2022 a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández.
(Rafael Pacheco Granados)
El Ministerio de Hacienda entregó, cerca del mediodía de este 1°. de setiembre, el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República para el 2022, por un monto de ¢11,5 billones (millones de millones).
El incremento de este plan respecto al presupuesto original del 2021 es de 1,94% y si se excluye la amortización de deuda aumenta 1,82%, con lo cual cumple la regla fiscal, aseguró el ministro de Hacienda, Elian Villegas.
Para este ejercicio, dicha regla es de 1,96%; lo cual implica que el monto de los gastos totales presupuestados no puede sobrepasar ese porcentaje respecto al plan de gasto del 2021.
Villegas también comentó que este es el primer año en que la regla fiscal se aplica sobre el gasto total y no solo sobre el gasto corriente, como se había hecho hasta ahora.
Dentro del gasto corriente se contemplan transferencias corrientes (recursos que el Gobierno gira a otras instituciones), remuneraciones e intereses y comisiones.
Además, el plan del próximo año se financiará 52,8% con ingresos corrientes (principalmente impuestos) y 47,2% con deuda, y su ejecución corresponderá, en su mayor parte, a la nueva administración (2022-2026).
Recortes para cumplir la regla
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Para cumplir con la regla fiscal hubo que realizar recortes en varios gastos. “La regla fiscal no es una medicina que se toma sin dolor”, dijo el Ministro.
Añadió que el problema es el tamaño de la deuda pública, y si se controla el gasto, entonces se podrá reducir ese tamaño de la deuda.
Villegas explicó que el Ministerio de Educación es el más impactado por la regla fiscal. El presupuesto de esta cartera representa 25% del total del presupuesto, ¢2,6 billones, y según Villegas, hubo que hacerle un recorte de ¢300.000 millones al anteproyecto que envió dicho ministerio a Hacienda.
Por su parte, el viceministro de Hacienda, encargado de gastos, Isaac Castro, resaltó que el presupuesto de remuneraciones respecto a la producción decrece por segundo año consecutivo, debido a la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas e hizo un llamado a continuar con la Ley de Empleo Público.
Villegas añadió que también la proporción del gasto primario respecto a la producción baja de 16,84%, en el plan del 2021, a 16,14%, en el plan del 2022. En el 2020 fue de 19,51%.
También hay una reducción en el gasto de capital, pero se compensaría con créditos internacionales, dijo Villegas.
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, dijo que la infraestructura es una partida a la que se le va a poner mucha atención, por el caso Cochinilla.
“Sin duda alguna, hay una mayor complejidad por el tema (Cochinilla), sino que en muchos casos está asociado a créditos internacionales para mejorar nuestra infraestructura pública; no podemos dejar de caer en ese gasto de inversión”, dijo Hernández.
Al respecto, Villegas indicó que las necesidades del país hay que seguirlas financiando y coincidió con Hernández en que la infraestructura no se puede dejar caer.
La diputada Ana Lucía Delgado, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, añadió que es necesario avanzar en eficiencia del gasto y también en reactivación económica, así como en gestión de deuda.
“Esto exige al Gobierno priorizar gastos bajo el tamiz de la eficiencia, sin obviar y procurando inversión social, infraestructura, sin olvidar que se debe tener como eje a la persona, los costarricenses”, dijo Delgado.
El Ministro aprovechó para reiterar su oposición a reducir el impuesto al marchamo porque, según dijo, no es responsable, no va en beneficio de clases populares, no es progresivo, sino regresivo y tarde o temprano lo tendrán que pagar todos los costarricenses.
