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¿Cuál es la justificación y razonabilidad del levantamiento de la regla fiscal en el contexto de crisis sanitaria y fiscal que vive el país? ¿Cuál es el impacto que esta medida puede ocasionar en el crecimiento del gasto corriente para el año 2021?
Estos son algunos de los cuestionamientos que los diputados plantearon al presidente de la República, Carlos Alvarado, luego de que el mandatario les informó que recurrió a la cláusula de escape de la regla fiscal para gastar ¢104.3000 millones adicionales en tres instituciones públicas, a causa de la emergencia provocada por la pandemia.
Se trata del Consejo Nacional de Producción (CNP), el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
La regla fiscal es un tope al crecimiento del gasto que depende de las condiciones económicas del país y del nivel de endeudamiento. Actualmente, el país está en el peor escenario, porque la deuda supera el 60% del producto interno bruto (PIB).
Para este 2021, la regla impide que tanto el gasto corriente como el gasto de capital (de obra pública) crezcan en más de un 1,7%.
No obstante, el artículo 16 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635) permite superar el tope en caso de una emergencia nacional declarada por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), cuya atención implique una erogación de gasto corriente igual o superior al 0,3% del PIB.
Un 0,3% del PIB del 2021 equivale a unos ¢113.000 millones.
El mecanismo, denominado cláusula de escape, debe estar estrechamente ligado a la atención de la emergencia y debe ser autorizado por el presidente de la República, quien debe informar de su decisión a la Asamblea Legislativa.
El martes 10 de agosto, Alvarado y el ministro de Hacienda, Elian Villegas, notificaron a los diputados que al CNP se le permitirá usar ¢42.800 millones más por encima de la regla fiscal; al MEP ¢41.500 millones y al INA ¢20.000 millones.
Entonces, el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Heriberto Abarca, le pidió al mandatario especificar con detalle cuál es el destino de los recursos adicionales en las tres entidades.
Además, le solicitó explicar los criterios utilizados por la CNE para determinar la procedencia de la aplicación de la cláusula de escape y cuál es el plazo por el que se solicitó la suspensión de la regla fiscal.
En el caso del CNP, el mandatario no detalló para qué se aumentará el gasto en ¢42.800 millones.
La diputada de Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Hacendarios, Ana Lucía Delgado, también le consultó por escrito al mandatario:
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“¿Por qué no se informa sobre la restitución de la aplicación una vez que finalice el presente ejercicio económico. Según la ley, la restitución operará de manera gradual durante un plazo determinado, de manera que cada año se reduzca la brecha entre los mayores egresos corrientes autorizados por la respectiva situación excepcional, hasta llegar al pleno cumplimiento de la regla fiscal.
“Sin embargo, estas aplicaciones de las cláusulas de escape de la regla fiscal, como las anteriores, carecen del plan para restituir la regla fiscal. ¿Cómo se aplicará la restitución una vez finalizado el ejercicio económico 2021?”, consultó Delgado a Alvarado en oficio enviado el 13 de agosto.
Los cuestionamientos también van dirigidos al ministro de Hacienda, Elian Villegas, y al presidente de la CNE, Alexánder Solís.
Para la presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, la aplicación de la cláusula de escape de la regla fiscal no debe estar sujeta a la voluntad política.
Por ello, la legisladora presentó un proyecto de ley que reforma la Constitución “para blindar la estabilidad de las finanzas públicas”.
“Una vez más, sin mayor justificación, tres instituciones salen temporalmente de la aplicación de la regla fiscal. Por ello, este proyecto de ley busca blindar, constitucionalmente, sin que decisiones políticas del momento, a través del Ejecutivo y de la propia Asamblea Legislativa, puedan cambiar la forma en que se establecen los presupuestos de la República, pero también la forma en que se endeuda el país”, expresó la legisladora del PLN.
El congresista liberacionista Wagner Jiménes agregó: “El Presidente debe explicarle al país por qué decidió el levantamiento de la regla fiscal. Me uno a la solicitud de otras fracciones y estaré conversándolo con los compañeros de fracción”.
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En el caso del MEP, el mandatario dijo que los recursos son para la adquisición de implementos de limpieza e higiene para los centros educativos, para darle continuidad al servicio de alimentación en el marco de la emergencia por covid-19 y al pago del servicio de conectividad a Internet para escuelas y colegios.
En el INA, los ¢20.000 millones adicionales se solicitaron, según Alvarado, con el fin de ampliar la cobertura y servicios para el reforzamiento de la empleabilidad de las personas, a través de servicios de capacitación y formación profesional.
La Nación consultó a la oficina de prensa del CNP, desde el 11 de agosto anterior, enviar la documentación y oficios donde el Consejo detalló a las autoridades la necesidad y justificación de ese dinero; se pidió un desglose detallado de los gastos en los que se incurrirá para aumentar su presupuesto por encima del tope de la regla fiscal.
Sin embargo, el 13 de agosto, la oficina de prensa se negó a remitir esa información y tampoco permitió hablar con el presidente ejecutivo de la Comisión, Ángel Jiménez, sobre ese presupuesto.
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Este medio solicitó, entonces, a la oficina de Prensa de Casa Presidencial la información. Sin embargo, dijeron que iban a gestionar la consulta y al cierre de la nota no remitieron la información ni explicaron por qué el CNP se niega a enviarla.
