El presidente Carlos Alvarado rechazó la solicitud de veto que le planteó el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, para la ley que exime a las municipalidades de la aplicación de la regla fiscal.
Un día después de que Chaves calificara la reforma de inaceptable, el mandatario firmó esta noche la ley, con lo cual entrará entrará a regir al ser publicada en el diario oficial La Gaceta.
Chaves advirtió de la inconveniencia de hacer excepciones en la aplicación de la regla fiscal, mecanismo introducido en la reforma fiscal del 2018 para ponerle un freno al crecimiento del gasto corriente, es decir, al gasto en remuneraciones, intereses y transferencias.
El tope al crecimiento depende de qué tan endeudado esté el Gobierno Central y de cuánto crezca la economía. Para este año, el techo fue de un 4,67%, por ejemplo.
Con el argumento de que los ingresos municipales cayeron por la crisis del coronavirus, los alcaldes y los diputados idearon un proyecto de ley en el que no solo eximen a los ayuntamientos de la regla fiscal, sino que también los libera de otros frenos al gasto administrativo.
Los gobiernos locales podrán subir de un 40% a un 50% el porcentaje de ingresos ordinarios que pueden destinar a gastos administrativos y de un 10% a un 40% el porcentaje de recaudación del impuesto de bienes inmuebles destinado a ese tipo de gastos, durante los años 2020 y 2021.
La Contraloría General de la República, que calificó el proyecto como lesivo al principio constitucional de sostenibilidad fiscal, estimó que el gasto administrativo municipal podría aumentar en ¢90.000 millones.
Incluso, el Banco Central calificó de ilógico que, ante una caída en los ingresos, la solución propuesta sea aumentar los gastos.
Los diputados aprobaron el texto en segundo debat, con 43 votos, el martes.
Para firmar la ley, por su parte, Casa Presidencial argumentó: “Siendo consciente del enorme problema que representa el déficit fiscal del Gobierno Central, el presidente impulsó desde el 2018 la ley 9635, ley con la que el Poder Ejecutivo tiene un compromiso absoluto y que seguirá acatando, pero sabiendo justamente que nuestro problema fiscal es un problema de las finanzas del Gobierno Central, el presidente ha firmado la ley”.
“Todas las transferencias que reciban las municipalidades del Gobierno Central seguirán sujetas a la regla fiscal, de modo que la ley no genera ninguna carga adicional para el déficit fiscal”.
Esta última observación obedece a que los diputados hicieron la salvedad, en la ley de que las municipalidades sí deben aplicar la regla fiscal con los recursos que les transfiere el Gobierno Central, los cuales deben destinarse a mantenimiento de vías y obras de desarrollo.
“El gobierno mantiene su compromiso con la estabilidad fiscal y con las reformas estructurales que necesita el país tales como la reforma del empleo público”, añadió la Presidencia.
El anuncio se dio a conocer este miércoles en la noche, mediante una publicación en la página oficial de Casa Presidencial.
Horas antes del anuncio, el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, indicó a La Nación que el Gobierno se encontraba trabajando arduamente para informar su decisión.
Prieto explicó que, para tomar la decisión, se harían las valoraciones tomando en cuenta todos los puntos de vista.
Rodrigo Chaves anunció su oposición a este proyecto el 8 de mayo, el mismo día en que la calificadora de riesgo Fitch dragadó la calificación de riesgo de Costa Rica al percibir un mayor estrés fiscal por la crisis del coronavirus.
El país cayó a una nota de grado especulativo, en la que se advierte a los inversionistas de que el riesgo de incumplimiento de las obligaciones del deudor es significativamente alto, según la metodología de esta agencia estadounidense.
En reacción a la decisión de Fitch, Chaves señaló en aquel momento que el cumplimiento de la regla fiscal es indispensable para darle credibilidad a la sostenibilidad fiscal costarricense.
La directora de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), Karen Porras, agradeció a los diputados por votar la ley y al presidente de la República por haber firmado la ley, que podrá ser aplicada en el corto plazo.
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