El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, solicitó al presidente de la República, Carlos Alvarado, vetar parcialmente la ley que eximiría a las municipalidades de aplicar la regla fiscal de manera permanente.
Chaves le envió una carta al mandatario este martes, horas después de que los diputados aprobaron el proyecto de ley en segundo debate, en la Asamblea Legislativa.
El ministro calificó de inaceptable que el país haga excepciones a la disciplina fiscal en momentos de crisis económica, como la generada por la pandemia de covid-19.
“Es mi deber como ministro de Hacienda recomendar el veto parcial a dicho proyecto; esto al amparo del artículo 125 de la Constitución Política, el cual establece que, si el Poder Ejecutivo no aprobare el proyecto de ley votado por la Asamblea, lo vetará y lo devolverá con las objeciones pertinentes”, dice la carta.
Chaves señala en su misiva que el gobierno debe mantener el compromiso absoluto de Costa Rica con la sostenibilidad de las finanzas públicas.
"La Asamblea Legislativa y el Gobierno realizaron grandes esfuerzos para aprobar la Ley N°9635, Ley para el Fortalecimiento de la Finanzas Públicas, por lo que no es aceptable que en este momento de crisis económica se fuesen a crear excepciones.
“La regla fiscal es una herramienta de estabilidad para la salud de las finanzas públicas y, por ende, es el deber del Gobierno velar porque la disciplina fiscal se mantenga entre todos los actores del sector público.
"Por tanto, le recomiendo vetar parcialmente dicha ley en su artículo 11, el cual permite a las municipalidades, concejos municipales de distrito y comités cantonales de deportes excluirse de la regla fiscal”, propuso Chaves.
La regla fiscal es un mecanismo, introducido en la reforma fiscal del 2018, para ponerle freno al crecimiento del gasto corriente de todo el sector público, lo que incluye salarios, intereses y transferencias.
El límite depende de las condiciones económicas del país y del nivel de endeudamiento público. Mientras más difícil sea el entorno, más estricto es el freno. Para este año, por ejemplo, el tope de crecimiento fue de un 4,67%.
La misiva también fue firmada por los viceministros Jorge Rodriguez y Alejandra Hernández.
Rodrigo Chaves anunció su oposición a este proyecto el 8 de mayo, el mismo día en que la calificadora de riesgo Fitch dragadó la calificación de riesgo de Costa Rica al percibir un mayor estrés fiscal por la crisis del coronavirus.
El país cayó a una nota de grado especulativo, en la que se advierte a los inversionistas de que el riesgo de incumplimiento de las obligaciones del deudor es significativamente alto, según la metodología de esta agencia estadounidense.
En reacción a la decisión de Fitch, Chaves señaló en aquel momento que el cumplimiento de la regla fiscal es indispensable para darle credibilidad a la sostenibilidad fiscal costarricense.
El proyecto municipal
Con el argumento de que la crisis del coronavirus redujo los ingresos de las municipalidades, los diputados y los alcaldes impulsaron esta reforma legal.
Además de eximir a los ayuntamientos de la regla fiscal, el proyecto aprobado este martes permitirá a los ayuntamientos aumentar el gasto administrativo en más de ¢90.000 millones, según una estimación de la Contraloría General de la República.
Con esta ley, los gobiernos locales podrán subir de un 40% a un 50% el porcentaje de ingresos ordinarios que pueden destinar a gastos administrativos y de un 10% a un 40% el porcentaje de recaudación del impuesto de bienes inmuebles destinado a ese tipo de gastos, durante los años 2020 y 2021.
La única salvedad que hicieron los diputados es que las municipalidades sí deben aplicar la regla fiscal con los recursos que les transfiere el Gobierno Central, los cuales deben destinarse a mantenimiento de vías y obras de desarrollo.
No solo el ministro de Hacienda se había opuesto a este proyecto de ley. También lo hicieron la Contraloría General de la República y el Banco Central.
Además de señalar que no hay razón para eximir a los municipios de la regla fiscal y que no se exploraron espacios de ahorro, la Contraloría afirmó que el proyecto lesiona el principio de responsabilidad fiscal consagrado en la Constitución Política.
El Banco Central, por su parte, calificó de ilógico que, ante una caída en los ingresos municipales, los diputados respondan aumentando los gastos en los ayuntamientos.
El proyecto fue aprobado este martes, en segundo debate, mientras unos 40 alcaldes y el sindicalista Albino Vargas lideraban una concentración masiva frente al Congreso.
Lo aprobaron 43 legisladores: 13 del Partido Liberación Nacional (PLN), nueve del Partido Acción Ciudadana (PAC), siete del Partido Restauración Nacional (PRN) y cinco del bloque indepediente Nueva República.
También lo apoyaron tres legisladores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dos del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), una del Partido Integración Nacional (PIN), uno del Frente Amplio y dos independientes.
Luis Fernando Chacón, jefe de fracción del PLN, defendió la aprobación del proyecto: “Creemos que la regla fiscal no afecta directamente, en la misma proporción, a las municipalidades que al resto del Estado”.
"Son las municipalidades los entes locales que deben enfrentar, en primera instancia, no solo la situación de emergencia, sino también seguir brindando los servicios primarios a la ciudadanía costarricense.
"Los 82 alcaldes han estado en contacto con nosotros y nos han demostrado que son un ente totalmente distinto y que el crecimiento de la regla fiscal no es en la proporción que la Contraloría ha indicado.
“Por eso, una mayoría de diputados resolvió dar el segundo debate en favor de los gobiernos locales y será el ministro de Hacienda el que deba analizar su posición y explicársela al presidente”, dijo el liberacionista.