El ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, informó de que el gobierno evalúa “seriamente” la solicitud planteada por el jerarca de Hacienda, Rodrigo Chaves, quien pidió vetar parcialmente la ley que eximiría a las municipalidades de aplicar la regla fiscal.
"Se han valorado muy seriamente los planteamientos del señor ministro y se han valorado también las razones apuntadas por las municipalidades y por los señores diputados, para flexibilizar la regla fiscal temporalmente y a los recursos propios de las municipalidades”, declaró Prieto este miércoles.
Según el jerarca, con base en ese análisis, se tomará una decisión que se dará a conocer próximamente.
El pasado martes, el ministro de Hacienda le envió una carta al presidente de la República, Carlos Alvarado, para solicitarle el veto parcial al proyecto.
Chaves calificó de inaceptable que el país haga excepciones a la disciplina fiscal en momentos de crisis económica y agregó que se debe mantener el compromiso con la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El oficio también fue firmado por los viceministros de Hacienda, Jorge Rodríguez y Alejandra Hernández.
Además de ese ministerio, el Banco Central y la Contraloría General de la República (CGR) habían manifestado su oposición al proyecto municipal.
La Contraloría afirmó que la iniciativa lesiona el principio de la responsabilidad fiscal, que está consagrado en la Constitución Política.
Sobre estas posiciones, el ministro de la Presidencia afirmó que “se están tomando en cuenta todos los puntos de vista”.
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Flexibilización de la regla fiscal
Debido a que las municipalidades han reportado caídas en sus ingresos por la crisis del covid-19, los diputados y los alcaldes impulsaron esta reforma legal para eximir a los ayuntamientos de la regla fiscal de manera permanente.
La regla fiscal es un mecanismo, introducido en la reforma fiscal del 2018, para frenar el crecimiento del gasto corriente de todo el sector público, lo que incluye salarios, intereses y transferencias.
El límite depende de las condiciones económicas del país y del nivel de endeudamiento público. Mientras más difícil sea el entorno, más estricto es el freno. Para este año, por ejemplo, el tope de crecimiento fue de un 4,67%.
Por otra parte, la ley aprobada en segundo debate también permitiría a los ayuntamientos incrementar el gasto administrativo en más de ¢90.000 millones, según una estimación de la Contraloría.
Los gobiernos locales podrían subir de un 40% a un 50% el porcentaje de ingresos ordinarios que pueden destinar a gastos administrativos y de un 10% a un 40% el porcentaje de recaudación del impuesto de bienes inmuebles.
Sobre la liberación de la regla fiscal para los municipios, los diputados hicieron una salvedad en cuanto a los recursos que les transfiera el Gobierno Central, los cuales se destinan al mantenimiento de vías y obras públicas.
En ese caso, los ayuntamientos sí deberían aplicar el tope al crecimiento.
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