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Entre el 2001 y el 2012, los grupos organizados de la sociedad costarricense utilizaban principalmente mecanismos disuasivos para manifestar su descontento. Declaraciones públicas, paros y reuniones con autoridades fueron las principales herramientas a las que acudieron para exigir alguna acción a los gobernantes.
Luego, algo cambió. Entre el 2013 y el 2019, los comunicados pasaron a un segundo plano y fueron reemplazados por manifestaciones más confrontativas en las calles.
Los bloqueos de vías, en particular, se convirtieron en la principal herramienta de los sectores.
El hallazgo consta en el más reciente Informe Estado de la Nación. Para la edición del 2020, los investigadores analizaron si las formas en que la ciudadanía se manifiesta variaron en los 28 años previos.
“La principal conclusión es afirmativa: a partir de 2013 puede constatarse un cambio en los movimientos de lucha. En efecto, el tipo de protesta más frecuente tiene un carácter más ‘confrontativo’, a tal punto que llega a superar, de manera sistemática, el uso de actividades más moderadas como los comunicados, espacios pagados, conferencias de prensa”, concluye el informe.
De acuerdo con el estudio, en los siete años que transcurrieron entre el 2013 y el 2019 —excepto en 2014—, los bloqueos de carreteras constituyeron el modo de protesta más recurrente. Le siguieron los mítines y las marchas.
El punto de inflexión fue el segundo año del mandato de la expresidenta Laura Chinchilla Miranda. Según el informe, en el 2013, hubo unas 150 manifestaciones de descontento por vías “institucionales”, mientras que las movilizaciones en vías públicas fueron más de 300.
Ese nivel de agitación social no se experimentaba en el país desde el 2000, cuando miles de personas tomaron las calles para protestar contra el proyecto de ley que pretendía modernizar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y abrir los mercados de la energía y las telecomunicaciones, al cual se le conoció popularmente como el “Combo del ICE”.
Las protestas en vías públicas del 2013 incluyeron una concentración frente al residencial en el que vive la exmandataria, protagonizada por vecinos de Alajuelita. Ellos exigían que se les cumpliera una promesa de vivienda que les hizo la mandataria durante su campaña electoral.
En junio de ese mismo año, funcionarios públicos de distintos sectores se unieron para marchar por un conjunto de consignas, desde la oposición a la ley para concesionar obra pública, hasta el rechazo contra el recargo de funciones de los educadores.
De acuerdo con el estudio, a partir del 2013, no solo cambió la naturaleza de las manifestaciones, sino que también disminuyó su frecuencia. Es decir, las protestas se hicieron menos frecuentes, pero más confrontativas.
La excepción, de nuevo, fue el 2014, cuando Luis Guillermo Solís le dio la primera victoria presidencial al Partido Acción Ciudadana (PAC). Ese año, se registraron casi 600 acciones colectivas, pero hubo más reuniones y comunicados que marchas y bloqueos.
En cambio, el 2018 fue el segundo periodo más conflictivo socialmente desde que el Programa Estado de la Nación (PEN) lleva registro. Fue el primer año del mandato del presidente Carlos Alvarado, cuando se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para reducir el déficit fiscal, pese a las protestas que sostuvieron, durante meses, múltiples sectores.
Según el Estado de la Nación, ese año hubo unas 100 acciones por vías institucionales, y más de 350 bloqueos, marchas y mítines.
De acuerdo con los investigadores, el problema de que el descontento se manifieste de esa forma es que conlleva una mayor alteración de la paz social, así como dificultades para que las autoridades dirijan el país.
“El hecho de que prevalezcan patrones más beligerantes que disuasivos en la protesta, a pesar de que hayan disminuido las acciones colectivas en general, impacta de manera importante la gobernanza, la conducción de lo público y la convivencia ciudadana”, afirma el Informe Estado de la Nación.
Máximo impacto con mínima organización
El informe Estado de la Nación señala que los bloqueos son un método de protesta que los sindicatos empleaban desde hacía años, adoptado recientemente por otros tipos de grupos.
“En la actualidad, se han vuelto parte de los movimientos de confrontación habituales, protagonizados por grupos de la ciudadanía, estudiantes, así como madres y padres de familia, que buscan el máximo impacto con una mínima organización”, afirma el estudio.
Ronald Alfaro, investigador del PEN, señaló que los bloqueos son fáciles de organizar, además de baratos.
Aunque el análisis del informe llega hasta el 2019, el académico afirmó que la tendencia se evidenció también en las protestas que sostuvieron múltiples agrupaciones hace unas semanas, contra el primer plan de medidas de ajuste fiscal que anunció el Gobierno para contrarrestar la crisis desatada por la pandemia de covid-19.
“Y el problema es la debilidad que tienen los partidos políticos y los sindicatos, para poner dos ejemplos, para lograr canalizar esas reacciones, a tal punto que en octubre se dijo ‘paramos los bloqueos’. Pero los bloqueos seguían, se autonomizaron”, apuntó Alfaro.
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El investigador Steffan Gómez añadió que en los últimos años, los grupos han aprendido que si bloquean una vía, les abrirán espacios de diálogo y negociación.
“Eso significó que los sectores se dieron cuenta de que son un repertorio muy útil para llamar la atención de la Administración, sin tener que seguir todos los procedimientos administrativos. Y la literatura comprueba que, cuando eso ocurre, los grupos aprenden que eso es una vía útil, más fácil. Entonces genera una bola de nieve, y es un poco lo que estamos viendo ahora”, dijo Gómez.
Varios de los bloqueos de vías que se ejecutaron en octubre, como los de Guatuso y Upala, se levantaron por esa vía. A finales de ese mismo mes, Casa Presidencial, además, accedió a entablar un diálogo con los voceros del autodenominado movimiento Rescate Nacional, el cual organizó los cierres y amenazó con “levantar el país”.
En julio del 2019, grupos estudiantiles, sindicalistas y de traileros tambén bloquearon vías y centros educativos durante varias semanas. Dicha protesta que inicialmente se enfocó en el entonces ministro de Educación, Edgar Mora, pero luego incluyó la oposición a los proyectos de ley para regular las huelgas y reformar el empleo público.
