Sofía Chinchilla Cerdas, Aarón Sequeira. 25 noviembre, 2019
La diputada cartaginesa Xiomara Rodríguez, de Restauración Nacional, propuso e impulsó el proyecto de ley 21.035. Foto: Jose Díaz/Agencia Ojo por Ojo.
La diputada cartaginesa Xiomara Rodríguez, de Restauración Nacional, propuso e impulsó el proyecto de ley 21.035. Foto: Jose Díaz/Agencia Ojo por Ojo.

Con el voto afirmativo y unánime de 46 diputados, la Asamblea Legislativa ratificó este lunes, en segundo debate, el recorte a las pensiones de lujo.

Como ningún congresista envió el proyecto a consulta en la Sala Constitucional, el último trámite legislativo del plan se concretó de manera expedita, luego del primer debate que se efectuó el jueves anterior.

Para que el plan se convierta en ley, solo falta que el presidente Carlos Alvarado lo firme y que el texto se publique en La Gaceta.

El proyecto, presentado por la diputada restauracionista Xiomara Rodríguez, le cobrará contribuciones solidarias a todas las jubilaciones que superen los ¢2,2 millones, en los regímenes del Magisterio y del Gobierno, así como a las que excedan los ¢2,6 millones en el Poder Judicial.

Actualmente, solo se cobra este aporte a las pensiones que superen los ¢2,7 millones en Gobierno, ¢3,9 millones en Magisterio y ¢4,4 millones en la Corte.

Según Restauración Nacional, la reforma permitirá gravar cerca de 4.100 jubilaciones adicionales. La Superintendencia de Pensiones (Supén), por su parte, estimó el ahorro en unos ¢10.000 millones anuales.

Votaron a favor 13 diputados del PLN, nueve del PAC, ocho del PUSC, cinco de Restauración Nacional, cinco del bloque Nueva República, tres del Partido Integración Nacional (PIN), uno del Frente Amplio, uno del Republicano Social Cristiano (PRSC) y un independiente.

La diputada Yorleny León, del Partido Liberación Nacional (PLN), calculó que los recursos alcanzan para que unas 8.000 o 9.000 personas en pobreza accedan a pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) de la CCSS, de ¢104.000 mensuales, en donde más de 23.000 ciudadanos hacen fila.

No obstante, el proyecto no prevé ese destino para los recursos que se ahorren con la reforma.

León, además, habló sobre las reformas que faltan, pues aseguró que la intervención a las jubilaciones de lujo es un paso “importante, pero insuficiente” para garantizar la sostenibilidad de los regímenes de jubilaciones.

“Está pendiente por realizar la homogenización de los regímenes de pensiones. El aporte que hace el Estado en el Régimen del Poder Judicial es del 14%, hoy se puede sostener, pero la pregunta es si eso se puede seguir sosteniendo en el tiempo”, dijo León.

“Hoy cada uno de los regímenes se maneja de forma diferente, también el cierre de varios regímenes que aún perviven, y está la tentación de meter gente a esos regímenes todavía. Hay un proyecto del diputado (Víctor) Morales (actual ministro de la Presidencia) para solucionar eso”, añadió la verdiblanca.

Mientras, Nielsen Pérez, jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), destacó el liderazgo de las diputadas de la comisión de Sociales, entre ellas Xiomara Rodríguez, Yorleny León; Catalina Montero, del PAC y Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), a quienes les reconoció el mérito de ponerse de acuerdo para blindar el proyecto.

“En días como hoy también se expresa la violencia simbólica, de gente que quiso aprovechar el trabajo de las compañeras para querer brillar y eso es inaceptable”, dijo Pérez.

Cobros nuevos y más altos

Con la ley vigente, las pensiones de ¢3 millones mensuales no pagan contribución solidaria ni en el Magisterio ni en el Poder Judicial. Con este proyecto, pasarán a pagar ¢225.000 y ¢140.000 respectivamente.

Efecto del recorte en pensiones de Gobierno, el Magisterio Nacional y el Poder Judicial.
Efecto del recorte en pensiones de Gobierno, el Magisterio Nacional y el Poder Judicial.

A una jubilación de ¢7 mensuales del Magisterio Nacional, de momento se le rebaja poco más de ¢1 millón por concepto de aporte solidario. Con la reforma, el cobro subirá a ¢2,4 millones.

En el caso del Poder Judicial, la deducción subiría de ¢991.000 a ¢2 millones, mientras que en Gobierno pasará de ¢1,9 millones a ¢2,4 millones.

Las diferencias obedecen a que las reglas de deducción son diferentes en cada régimen. Aunque la iniciativa procuró equipararlas, siempre persistió un desbalance en favor del Poder judicial.