La Auditoría del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) advirtió una serie de riesgos que podrían afectar la ejecución del atrasado proyecto de ampliación del tramo Barranca-Limonal, en la carretera Interamericana norte.
Entre los principales hallazgos se indica que el proyecto, que recibió la orden de inicio en enero anterior, no cuenta con el personal requerido en la unidad ejecutora.
De acuerdo con el análisis del equipo auditor, a pesar de que se había informado que ese equipo técnico estaría conformado por 10 profesionales que integrarían áreas como gerencia de proyecto, gestión legal, gestión administrativa-financiera, soporte técnico y soporte operativo; al realizar el respectivo seguimiento se confirmó que la unidad ejecutora solo contaba con tres personas, cuyas funciones corresponden a la gerencia de proyecto y soporte operativo y no se logró determinar al cierre de la Auditoría si la conformación de la misma había sido completada.
Esa situación, advierte el documento, podría representar una “baja calidad del control o una frecuencia de aplicación nula/ocasional, lo cual incrementa el riesgo residual a niveles inaceptables”.
El informe, fechado el 18 de diciembre anterior, ya fue conocido por el Consejo de Administración de ese órgano adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Aunque el contrato actual establece un plazo constructivo de 24 meses, el ministro Efraím Zeledón sostuvo, durante la ceremonia de orden de inicio, que las obras podrían estar en 20 meses. Sin embargo, la Auditoría considera que dichos plazos no se ajustarían a la realidad.
Por ejemplo, se indica que el programa de trabajo establece que la duración promedio estimada para la construcción de puentes es de 4 meses, “lo cual podría ser una expectativa poco realista“.
Los auditores, también señalan que la estimación de completar el trayecto de 50 kilómetros en 28 meses −como se estimó en los términos de referencia, previos a lo fijado finalmente en el contrato− podría generar “expectativas irreales”, si se compara con otras experiencias como la de la ampliación de la ruta 32, donde la conclusión de 107 km ha tomado más de ocho años.
Esa situación podría, además, afectar la efectividad del programa de trabajo, por lo que la principal recomendación es fortalecer dicha herramienta y profundizar en los estudios de impacto vial, a fin de gestionar riesgos de retrasos y asegurar la continuidad del flujo vehicular exigida contractualmente.
Precisamente, al analizar el plan de manejo de tránsito, la Auditoría identificó “riesgo con criticidad extrema“, debido a que las propuestas incluidas en ese apartado podrían no ser viables tomando en consideración las condiciones de la vía, como su ancho limitado, la condición de sus márgenes a desnivel y las pocas o nulas rutas alternas.
“Resalta el hecho de que la idea principal de plan de manejo de tránsito, que recae en el aprovechamiento máximo de la ruta actual, para la movilización de maquinaria pesada, grandes cantidades de material de relleno, excavación y material talado, podría no ser viable al no poder garantizar que se va a cumplir la condición de realizar la construcción sin interrupción total del tránsito, con énfasis en el aseguramiento del libre flujo vehicular en dos carriles”, explica el oficio.
Finalmente, el informe también señala que existe la necesidad de fortalecer el sistema de control interno, siguiendo las normativas vigentes para asegurar una vigilancia técnica y financiera efectiva.
Asimismo, se advierte que en los documentos analizados no se observa la inclusión del flujo financiero, ni un presupuesto detallado, que permita conocer “la suficiencia de los recursos ni las necesidades de financiamiento”.
Los hallazgos del informe fueron discutidos durante la sesión de junta directiva del Conavi del pasado 19 de enero, según consta en el acta de esa reunión.
El Consejo de Administración acordó solicitar al gerente de proyecto un descargo sobre los señalamientos ahí plasmados. Además, el viceministro de Infraestructura, Pablo Camacho, propuso trasladar la advertencia a la Dirección Ejecutiva, a fin de que se elabore un plan de mitigación de riesgos de acuerdo a lo indicado por la Auditoría.
El proyecto de ampliación de los 50 km entre Barranca y Limonal se adjudicó en dos contratos por separado: el consorcio Barranca ruta 1, integrado por las empresas Bel Ingeniería y La Estrella, se encargará de la primera sección de 25 km entre Barranca y San Gerardo de Chomes, la cual tiene un costo de $127 millones y los restantes 23 km, entre San Gerardo y Limonal, estarán a cargo de MECO cuya oferta supera $148 millones.
Además de la ampliación a cuatro carriles, la obra contempla, en el primer trayecto, siete puentes vehiculares, cinco retornos, tres intercambios, cinco puentes peatonales y 24 pasos de fauna. La segunda sección incluye cuatro puentes vehiculares, cuatro retornos, tres intercambios, cinco puentes peatonales y 21 pasos de fauna.
Las empresas deberán utilizar los mismos diseños materiales y completar obras que quedaron con un avance del 30% como parte de proyecto anterior. Los trabajos en la carretera habían estado suspendidos desde noviembre del 2022, tras disputas entre el anterior consorcio y la Administración que llevaron al finiquito de ese contrato.
En ese primer intento, las obras habían sido adjudicadas en $182 millones al consorcio H Solís-La Estrella, mientras que para completar ahora el proyecto con la nueva adjudicación se requieren $275 millones.
El financiamiento del proyecto se realizará por medio del Fondo de Avales, debido a que el remanente del crédito anterior, fue trasladado al proyecto de la carretera a San Carlos.