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El Poder Ejecutivo declaró estado de emergencia nacional en nueve cantones del país debido a las afectaciones provocadas por el temporal asociado con las ondas tropicales 32 y 33 y la inestabilidad atmosférica generada por la Zona de Convergencia Intertropical.
La medida quedó establecida mediante el decreto ejecutivo 45910-MP, firmado por la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, y el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, el jueves 20 de agosto y publicado en La Gaceta el pasado lunes 24 de agosto.
La declaratoria abarca los siguientes nueve cantones:
- Alajuela: Guatuso.
- Cartago: Turrialba.
- Heredia: Sarapiquí.
- Limón: Cantón central de Limón, Pococí, Siquirres, Talamanca, Matina y Guácimo.
El 17 de agosto, Fernández visitó las zonas afectadas por las lluvias en la provincia de Limón. Ese mismo día, el diputado liberacionista Mangell Mc Lean solicitó al Gobierno valorar una declaratoria de estado de emergencia para la provincia.
En sus redes sociales, el legislador argumentó que la medida permitiría al Poder Ejecutivo agilizar acciones y procedimientos para atender los daños y ejecutar obras urgentes.
“El Caribe no puede seguir quedando aislado con cada temporal”, manifestó Mc Lean.
Posteriormente, el 20 de agosto, la CNE recomendó al Poder Ejecutivo emitir una declaratoria de emergencia ante las afectaciones provocadas por las condiciones meteorológicas.
Lluvias dejaron comunidades incomunicadas y cientos de personas en albergues
El decreto recopila las condiciones meteorológicas que afectaron al país durante varias semanas. Entre el 20 de julio y el 18 de agosto, se identificó el paso sucesivo de ocho ondas tropicales, junto con la influencia recurrente de la Zona de Convergencia Intertropical y de vientos alisios acelerados en el Caribe.
Estas condiciones provocaron lluvias fuertes y persistentes, principalmente en el Caribe y la zona norte, donde la saturación de los suelos alcanzó reiteradamente niveles de entre 80% y 100%, lo que elevó el riesgo de deslizamientos, inundaciones y crecidas de ríos y quebradas.
Las consecuencias se hicieron evidentes durante el fin de semana del 16 y 17 de agosto. Para ese momento, La Nación informó que al menos 495 personas habían sido trasladadas a albergues debido a las afectaciones por las lluvias, principalmente en el Caribe, Sarapiquí y Turrialba.
En Turrialba, por ejemplo, se reportaron siete viviendas con pérdida total, otras casas con daños parciales y varias carreteras cerradas por caída de material. La Cruz Roja también tuvo que realizar rescates de personas amenazadas por inundaciones y deslizamientos.
La zona norte también sufrió inundaciones y desbordamientos de ríos. En comunidades de San Carlos hubo familias afectadas, personas evacuadas y vías cerradas, mientras que en Sarapiquí cientos de personas tuvieron que permanecer en albergues.
En Limón, las inundaciones obligaron a realizar rescates en sectores de Matina, Pococí, Guácimo, Talamanca y del valle de La Estrella. En algunos puntos también se reportaron viviendas anegadas y cierres de carreteras.
El decreto señala que uno de los episodios de mayor intensidad ocurrió durante ese mismo periodo, cuando se registraron acumulados de lluvia de hasta 360 milímetros en 48 horas en el Caribe sur y en Turrialba.
Las precipitaciones también golpearon territorios indígenas. En comunidades de Alto Chirripó y Tayní, entre otras, el aumento del caudal de ríos y quebradas dañó vías y accesos y dejó poblaciones completamente incomunicadas por tierra.
¿Qué permite la declaratoria de emergencia?
El decreto establece que la emergencia comprende las tres etapas contempladas en la legislación: respuesta, rehabilitación y reconstrucción. También incluye las obras y acciones necesarias para atender los problemas derivados del temporal, siempre que formen parte del Plan General de la Emergencia aprobado por la Junta Directiva de la CNE.
Las instituciones públicas tendrán 30 días naturales a partir de la vigencia del decreto para presentar los reportes oficiales de daños que requieran atención prioritaria. Posteriormente, las unidades técnicas de la CNE deberán verificar que exista una relación entre esos daños y la emergencia.
Además, la CNE podrá destinar recursos del Fondo Nacional de Emergencias, recibir donaciones públicas y privadas y utilizar remanentes no comprometidos de otras emergencias, según lo establecido en el decreto.
La declaratoria permanecerá vigente durante el plazo que determine el Poder Ejecutivo con base en los informes de la CNE o hasta alcanzar el límite establecido por la Ley Nacional de Emergencias.
Cristian Mora
Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.
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