EscucharEl Juzgado Penal de Hacienda exige al Banco Central entregar el registro de accionistas y beneficiarios finales de cuatro sociedades anónimas investigadas por el Ministerio Público por presuntas irregularidades en la venta de millones de mascarillas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) durante la pandemia.
Se trata de MR Comunicaciones Políticas, firma de una periodista española sin experiencia en el suministro de insumos médicos, que consiguió contratos a dedo para venderle a la entidad guantes, mascarillas, quimonos y batas por casi $7,5 millones.
También figura Landergren Consulting Group Services, una empresa de servicios contables y financieros, propiedad de dos hermanos de apellido Landergren, que logró adjudicarse un contrato para la entrega de mascarillas por $2,1 millones.
Además, la orden judicial exige la información de Business Global Group IBG, representada por una mujer de apellido Cordero, que participó en los contratos con Landergren Consulting Group Services como consorcio.
Por último, el juez también autorizó a levantar el velo societario de Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT, compañía dedicada a la limpieza de jardines, charrales y vías públicas que logró vender tapabocas por $1,1 millones.
En todos los casos, el Ministerio Público requiere el registro de accionistas y beneficiarios finales de 2018 a 2022, pues son datos clave para poder precisar quiénes eran los dueños reales de esas empresas antes, durante y luego de las compras millonarias de la CCSS.
La orden consta en una resolución firmada, el 30 de octubre, por el juez Andrés Fernández Hernández. En ese documento, el juzgador le advierte a Hazel Valverde Richmond, gerenta general del Banco Central, que si no remite la información en 48 horas a partir de la notificación, la procesará por el delito de desobediencia a la autoridad.
Es la segunda vez que el Juzgado Penal de Hacienda emite resoluciones para que el Banco Central remita a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción el registro de accionistas y beneficiarios finales de las cuatro empresas mencionadas. La primera vez fue en febrero de 2023, pero la solicitud no fue atendida de forma efectiva, lo cual provocó que, el 30 de octubre pasado, se reordenara la solicitud y se apercibiera a Valverde.
“Se le hace ver al Ministerio Público que en caso de incumplimiento del jerarca, deberá proceder conforme a lo acá dispuesto, al tratarse de un delito de acción pública”, señalo el Juzgado Penal de Hacienda.
A través de su oficina de prensa, el Banco Central dijo no conocer la orden del Juzgado Penal de Hacienda del 30 de octubre, pues alega que aún no ha sido notificado. Agregó que, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) para este tipo de casos, desde el 17 de marzo del 2023 envió la primera solicitud judicial (remitida en febrero del 2023) para su atención.
Según explicaron, desde marzo del 2022 el ICD definió, por medio de una resolución administrativa, que todas las órdenes judiciales relacionadas con el registro de accionistas y beneficiarios finales de sociedades anónimas recibidas por el Banco Central debían trasladarse a la Unidad de Inteligencia Financiera, como lo señala la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso No Autorizado, actividades Conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
También se le remitieron consultas al Ministerio Público para conocer si el Banco Central ya les hizo llegar el registro de accionistas y beneficiarios finales de las sociedades anónimas investigadas. La pesquisa relacionada con este caso se tramita bajo el expediente 20-027795-0042-PE por los presuntos delitos de influencia en contra de la hacienda pública, tráfico de influencias y falsedad en la recepción de bienes y servicios.
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Más de un año sin datos
La primera orden, para obtener la información de accionistas y beneficiarios finales de las empresas investigadas por presuntas contrataciones irregulares durante la pandemia, fue girada desde el 23 de febrero de 2023. No obstante, hasta el 30 de octubre del 2024, es decir, 18 meses después, los fiscales seguían sin tener los datos que le permitieran avanzar con la investigación.
De acuerdo con la resolución firmada por el juez Fernández, el director de Relaciones Institucionales del Banco Central, Jorge Monge Bonilla, rechazó entregar los datos amparado en los artículos 9, 10 y 14 de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal.
Esas normas establecen las causas legítimas para usar información bancaria, así como el régimen de sanciones en caso de una utilización irregular de estos datos.
“(...) Se previene por última vez al gerente general del Banco Central de Costa Rica o al jerarca que ocupe su cargo, para que en el plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas, contado a partir del día siguiente de la notificación personal de la resolución, suministre la información”, enfatizó Fernández.
La Nación envió consultas la mañana de miércoles 11 de diciembre a la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD sobre este tema, pero aún no han recibido respuesta.
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Las mascarillas de la CCSS
Las presuntas irregularidades con la compra de millones de mascarillas en la CCSS se conocieron luego de que este diario publicara, en agosto de 2020, que un contador público y una periodista española lograron colocar 12 millones de mascarillas quirúrgicas para uso en centros médicos por $4 millones.
Esas personas, según los registros oficiales, se inscribieron como proveedores de la CCSS pocos días antes de la publicación y adjudicación de los contratos. Además, incumplieron de forma parcial y total con la entrega de los tapabocas, lo cual provocó riesgo de desabastecimiento en clínicas y hospitales en un momento que el personal médico era muy vulnerable por la emergencia causada por la covid-19.
Ese fue el primer caso sospechoso de una larga lista de compras que provocaron la salida de Luis Fernando Porras, exgerente de Logística de la CCSS, y la suspensión de sus asesores y otros altos funcionarios de la Proveeduría institucional mientras avanzaban investigaciones administrativas y penales en su contra.
En noviembre del 2020, un equipo de periodistas de La Nación también reveló que, pese a lo dicho por Román Macaya, entonces presidente ejecutivo de la CCSS, la entidad pagó por adelantado, a la empresa de la periodista, $1,3 millones por 570.000 respiradores filtrantes de partículas KN-95 que no cumplieron con las especificaciones técnicas por ser de uso no médico. Esos artículos tuvieron que ser embodegados, ya que no pudieron utilizarse.
Otra de las adquisiciones cuestionadas fue el encargo de ¢88 millones en mascarillas a una chatarrera ubicada en San Sebastián, San José. Dicha adjudicación se concretó en solo 48 horas mediante una compra directa, en la que no hubo más oferentes, según el expediente de contratación.
A pesar de que la CCSS abrió investigaciones administrativas contra varios funcionarios involucrados en las compras y reconoció fallas en los procedimientos, hasta la fecha solo ha podido despedir a Hans Vindas Céspedes, quien para ese entonces fungía como asesor de la Gerencia de Logística. Esa decisión quedó en firme en junio del 2024.
