Juan Fernando Lara. 14 junio, 2016
En su recorrido, miembros de la Asociación Pro Carretera verificaron que la maquinaria estaba detenida. En la foto, Ricardo Rodríguez, miembro de esa organización.
En su recorrido, miembros de la Asociación Pro Carretera verificaron que la maquinaria estaba detenida. En la foto, Ricardo Rodríguez, miembro de esa organización.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) podrá supervisar la construcción de la nueva carretera a San Carlos.

Así lo dispuso el Tribunal Contencioso y Civil de Hacienda al acoger una medida cautelar solicitada por el Instituto en contra el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Estado y la Contraloría General de la República, por la rescisión del contrato de supervisión del tramo entre Sifón de San Ramón y La Abundancia de San Carlos.

La decisión deja sin efecto un criterio del ente contralor, según el cual, el ICE no tiene competencias legales para realizar tareas de construcción y supervisión de carreteras.

La resolución 1326-2016-T, dada a conocer la tarde de este martes, ordena la suspensión de los oficios emitidos por la Contraloría número 01652 (DFOE-DI-0208 del 3 de febrero de 2016) y de Conavi (RES-CA-066-2016 del 5 de mayo y Oficio GCVP-PSC-16-289 del 10 de mayo), orientados a frenar el trabajo del ICE en aquella vía de la zona norte.

Asimismo, da un plazo de 15 días al ICE para que presente la demanda contra la Contraloría, el Estado y el Conavi.

Omar Segura, jefe de prensa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, confirmó que el Conavi ya revisa el documento emitido por el Tribunal.

"En principio, mañana el ICE podría retomar las tareas de apoyo a la supervisión y la institución ve hoy con buenos ojos ese ayuda que brinda el Instituto, para la ejecución de la obra", señaló Segura.

En su fallo, la jueza Karen Calderón Chacón indica que "no otorgar la medida cautelar pone en entredicho la adecuada y eficiente continuidad de las obras de la carretera a San Carlos, y con ello, una situación contraria al interés público, que debe ser ponderada más favorablemente que cualquiera de los intereses institucionales de las partes involucradas".

Para la juzgadora, además, queda demostrado el daño económico planteado por el Instituto.

Antecedente. La contratación del ICE como supervisor de la vía se concretó en octubre del 2015, con la firma del entonces ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Carlos Segnini.

Por supervisar la carretera de 30 kilómetros, el ICE recibiría ¢2.131 millones en 21 meses de servicio.

Este contrato se dio luego de que el Consejo declarara infructuoso un primer concurso, pues no se recibieron ofertas.

Sin embargo, al iniciar una nueva búsqueda de supervisor, el Conavi modificó los requisitos. Por ejemplo, eliminó la necesidad de "experiencia en carreteras" y elevó de 17 a 35 el número de trabajadores requeridos.

Fue con esos requerimientos que se le otorgó ese trabajo al ICE, con un costo de ¢931 millones más que el anterior supervisor.

Desde octubre del 2015, la Contraloría advirtió que "no es admisible que una entidad pública (ICE), sujeta al principio de legalidad, aparezca obligándose a prestaciones que escapan de su ámbito competencial", que son la producción de energía y las telecomunicaciones.

Pero fue hasta mayo del 2016 que el Conavi dio la orden al ICE de paralizar labores y comenzó a buscar un nuevo supervisor.

Ante las presiones de los vecinos de San Carlos, el Consejo tuvo que buscar una estrategia de emergencia para no detener la construcción de la vía, que tiene más de cuatro décadas en espera.