El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no puede seguir supervisando la construcción de la carretera a San Carlos porque, legalmente, no está autorizado para hacerlo.
Así lo ratificó la Contraloría General de la República (CGR) en el oficio 01652, del 3 de febrero, en el cual le ordena al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) tomar las medidas necesarias para “ajustar a derecho la situación planteada”.
Desde octubre, la Contraloría advirtió que “no es admisible que una entidad pública (ICE), sujeta al principio de legalidad, aparezca obligándose a prestaciones que escapan de su ámbito competencial”, que son la producción de energía y las telecomunicaciones.
Ahora, en el documento, el ente contralor le da 15 días al Conavi para que le informe de las acciones correctivas. Ese plazo comenzaría a correr a partir de la sesión de la Junta Directiva en que se verá la resolución.
Le advierte, además, de que dictará sanciones en caso de incumplimiento de la orden, la que solo sería reiterada una vez. “De mantenerse la desobediencia, una vez agotado ese plazo, dicha conducta se reputará como falta grave y podrá dar lugar a la imposición de las sanciones previstas en el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría”, adelantó el ente contralor.
La orden puso a correr al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), que debe buscar otra empresa para asegurar la supervisión de la obra. Para hacerlo, solicitó una prórroga a la CGR, la cual fue autorizada.
“La disposición de Conavi es cumplir lo recomendado por el ente contralor, garantizando la necesidad de una efectiva supervisión técnica; esta propuesta por razones evidentes no puede hacerse pública hasta que sea comunicada a la Contraloría”, aseguró Guiselle Alfaro, viceministra de Infraestructura.
Según la directora jurídica del ICE, Julieta Bejarano, aún no han sido informados, ante lo cual “no puede opinar sobre eventuales acciones”.
El contrato. La contratación del ICE como supervisor de la vía que unirá Sifón de San Ramón con La Abundancia de San Carlos, se concretó en octubre del 2015, con la firma del entonces ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Carlos Segnini.
Por supervisar la vía de 30 km, el ICE recibiría ¢2.131 millones en 21 meses de servicio.
Este contrato se dio luego de que el Consejo declarara infructuoso un primer concurso, pues no se recibieron ofertas.
Sin embargo, al iniciar una nueva búsqueda de supervisor, Conavi modificó requisitos , por ejemplo, eliminó la necesidad de “experiencia en carreteras”. Además, elevó de 17 a 35 el número de trabajadores requeridos.
Fue con esos requerimientos que se le otorgó ese trabajo al ICE, con un costo de ¢931 millones más que el anterior supervisor.
En aquel momento, la viceministra Alfaro explicó que les interesaba el ICE por la experiencia en la administración de proyectos que tiene esa entidad estatal.
Polémica. El diputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara, pidió a la Contraloría revisar el contrato, al alegar que ya la Procuraduría General de la República (PGR) había señalado, en agosto, que el Instituto “no podía desviarse de las competencias que le define su ley constitutiva y la de modernización”.
