Patricia Recio. 17 noviembre, 2018
El jerarca del MOPT aseguró que es momento de hacerle frente a un tema que lleva décadas de rezago. Foto: Rafael Pacheco

Cuando retornó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Rodolfo Méndez Mata aseguró que su primera tarea sería buscar la mejor ruta para viajar desde su casa en Moravia hasta su oficina en Plaza González Víquez, debido al alto congestionamiento que se vive en la Gran Área Metropolitana (GAM).

Con seis meses en la silla ministerial, esa sigue estando de primera en la lista de tareas. Según dice, el transporte público eficiente y ordenado sería el arma más valiosa para enfrentar la batalla contra las presas.

Sus preocupaciones, posiblemente, eran muy distintas hace veinte años cuando fue ministro por primera vez. A continuación un resumen de la entrevista con Méndez Mata.

– ¿Qué ha encontrado en el MOPT en estos seis meses?

– No era una sorpresa encontrar que había proyectos que estaban enfermos, siempre cuando uno ingresa encuentra cosas positivas y cosas que no están tan bien. Esperaba una institución debilitada, porque de hecho hace 20 años cuando estuve la última vez había experimentado una debilidad y nada hacía pensar que se iba a refortalecer, sino que iba a continuar ese debilitamiento paulatino.

– ¿Ese debilitamiento es general o afecta más la división de infraestructura?

– La parte de transportes más bien, es la que siempre ha tenido un mayor abandono, eso lo tengo por experiencia de mis últimos 50 años ,de forma que ahora estamos queriendo cambiar esa situación, un cambio de paradigma donde pongamos más atención al tema de los transportes. El mayor problema que enfrentamos los costarricenses es la congestión vial.

"Estamos también reforzando un paradigma que es que las decisiones tienen que ser técnicas no pueden ser políticas. Las decisiones políticas llevaron a cometer una serie de errores y eso se tiene acabar (...). El caso más patético es lo sucedido en la carretera a San Carlos (sin concluir tras 13 años en construcción).

– ¿Cómo lograr que la división de transportes supere ese rezago?

– Es una decisión política que tienen que adoptar los gobiernos. Este gobierno ha apostado por eso, desde el 8 de mayo firmamos una directriz en donde esbozamos exactamente que íbamos a lanzar la sectorización, planteando topics, acciones con la Policía de Tránsito, intervención de vías de travesía; está el tema del tren rápido, de manera tal que, siempre tuvimos absolutamente claro de que requeríamos un cambio de paradigma.

– ¿Cuán necesario es mantener ese brazo ejecutor en infraestructura o también debería ir cediendo funciones a otros órganos como el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi)?

– El problema es que a raíz de la crisis de los 80, el Gobierno decidió dejar de invertir, dejó abandonada la inversión en la vialidad. La incorporación del Conavi lo que le aporta a la inversión y principalmente a la conservación de la red vial nacional es poco más de $300 millones, eso para atender 7.500 kilómetros de vías nacionales no es nada. Entonces, lo que ha sucedido es que hemos acumulado un déficit terrible, tanto de obras de infraestructura como de calidad de los servicios.

“Ya es imposible resolver a base de obras de infraestructura para vehículos individuales, tenemos que convencernos de conseguir la mejor movilidad con un buen sistema de transporte público”.

– ¿Con sectorización se han planteado una meta visible para los usuarios en corto plazo?

– Estamos haciendo las modificaciones en infraestructura que de momento podemos hacer sin enormes inversiones, dentro de las limitaciones que tenemos, para proveer de vías exclusivas a los autobuses de la misma forma que se hizo en Tibás. Vamos a avanzar en enero, espero que podamos iniciar con San Pedro y Curridabat y ahí vamos a seguir con Guadalupe y con otras troncales.

"En estos seis meses hemos logrado definir y materializar la organización para la implementación de la primera etapa de la sectorización.

“Yo dije que veníamos a una guerra contra la congestión, es una guerra muy difícil que ha requerido planeamiento, que ha requerido integración de equipos afortunadamente con un enorme apoyo del presidente (Carlos Alvarado) y la primera dama (Claudia Dobles). Entonces, yo creo que ahora estamos con mejores herramientas para esa pelea”.

– ¿Eso es lo que ha consumido la mayor parte de esfuerzos en estos seis meses?

En una medida, pero no solo eso, hemos tenido que echar andar Limón (ampliación de 107 km), tomar acciones en San Carlos, estamos con el fideicomiso de San Ramón (ampliación San José-San Ramón), iniciando los estudios de San José-Cartago, ya tenemos la base de una unidad ejecutora de alto nivel preparando los carteles de licitación de Taras-La Lima (...).

"Hemos venido trabajando en distintos núcleos (...). Ya se va a dar la orden de inicio a Garantías Sociales, en el puente de Virilla en ruta 32, se licitó y se recibieron ofertas del intercambio en Guadalupe, se publicó la licitación para el intercambio en la Bandera, Circunvalación norte está avanzando extraordinariamente bien”.

– ¿Ya elaboró el proyecto de ley sobre Uber?

–Estamos en eso, yo pedí un plazo adicional, es un tema delicado todo el problema del transporte. El Estado ha tenido abandonado ese sector y hay una afectación no solamente entre Uber y taxistas, sino tenemos el problema de los piratas. Los piratas tienen invadido el país. La idea es diseñar algo que sea funcional y justo, sobre todo.

– ¿Se va a tomar criterio de los usuarios?

–Estamos más que claros de que esto es para el usuario, estamos absolutamente claros de que el enfoque debe de ser un servicio para el usuario, pero en este momento hay un servicio legal deteriorado, afectado por una competencia que no ha sido la correcta y por una informalidad abrumadora, generada mucho por el problema de empleo.

– ¿Pero también tiene que ver con la calidad del servicio público, la gente que acude a piratas por ejemplo, porque los buses salen repletos y estos informales ofrecen colectivos en las mismas paradas de buses?

– Claro, a un costo adicional, pero además generando toda una saturación de tránsito. Lo que no concebimos es el efecto tan terrible que tiene para el ciudadanía costarricense la congestión vial, es algo pavoroso. Es obligación nuestra declararle la guerra a eso, tengo que hacerle ver a los funcionarios del Conavi que esa es nuestra función, que en este momento concentremos esfuerzos. Yo quiero asfaltar 100, 200 kilómetros de vías, muchas de travesía aquí, en Alajuela (...). Yo sé que no lo vamos a hacer todo inmediatamente porque los problemas son abrumadores.

“A veces uno siente la presión y hasta momentos de frustración cuando se capta esa realidad, pero finalmente siento que lo hemos venido logrando. El transporte público es el mejor y más importante proyecto que tenemos en nuestras manos”.

– ¿Cuáles son esos proyectos enfermos, además del de San Carlos y Monteverde ¿Qué otros contratos que tenían problemas ha logrado analizar?

– Vamos haciendo un análisis conforme los problemas se vayan presentando, pero con una misma ruta. Es actuar cortando por lo sano, si un contrato cae en enfermedad no hay que darle respiración artificial, hay que simplemente cerrarlo y licitar un proyecto nuevo.

– ¿Cómo se va a proceder en San Carlos a partir de ahora que se concrete el finiquito (17 de noviembre)?

– Mientras se logra resolver de otra manera, el equipo del MOPT va a hacerse cargo, ya estamos trabajando en carteles de licitación para habilitar un tramo entre Sucre y Ciudad Quesada, que es un proyecto como de $9 millones que esperamos sacar a licitación en marzo o abril para habilitar ese tramo, mientras logramos realizar el resto de los estudios. Estamos próximos a firmar un contrato para el diseño final de la punta sur.

“La meta es que a finales del año entrante logremos licitar los otros tramos de la vía. La meta es que en todo el proyecto se va a estar trabajando, que esté adjudicado y avanzado al terminar este Gobierno”.

– ¿Con San José-San Ramón cuál es el plan?

– Ahí en total se va a invertir $100 millones, de esos ya le aportamos más de $50 millones para hacer las obras que hemos llamado impostergables, mientras el Banco de Costa Rica trabaja en el estudio de factibilidad. Espero que en el primer semestre del año entrante saquemos primero los cuatro puentes. Dentro de esas obras impostergables se incluye el tramo del (puente sobre el río) Virilla en Santa Ana al aeropuerto Juan Santamaría. La meta es dejar el proyecto adjudicado en su totalidad.

– ¿El tramo de San José al cruce a Río Frío va a ser concesionado?

– La idea es que se realicen los estudios para que la concesión sea desde San José hasta Limón. La parte en que actualmente trabaja CHEC va a ser una inversión del Estado, eso nos va a permitir hacer un buen proyecto entre San José y (cruce a) Río Frío y que la tarifa sea socialmente muy aceptable.

– ¿Ve posible esa obra en un mediano plazo tomando en cuenta que hay que desafectar parque nacional y además atravesar montaña?

– Eso lo vamos a ver conforme el diseño se realice, veremos si podemos resolver con túneles, si podemos resolver en algunos casos con puentes falsos. El derecho de vía actual es libre y ahí ese derecho de vía lo podemos usar. Ahí no habría problema, podemos hacer uso de ese derecho de vía.

“Desde el punto de vista ambiental tiene que haber la conciencia de que es necesario evitar el peligro que tienen los costarricenses que usan esa carretera y el daño ambiental que causan los constantes deslizamiento, que es peor el efecto que tienen. Sabemos que no es fácil, tanto que el estudio lo tenemos estimado en un costo $3,5 millones y tomaría dos años”.

– ¿En Cartago-San José, también habrá una concesión? ¿Ese proyecto en qué estado está?

– Cartago es el que va adelante en estudios, de manera que en un año deberíamos tenerlos, de ahí seguirían los otros procesos de expropiaciones y reparar los otros aspectos de ingeniería. La ventaja que tenemos es que estamos conscientes de que se requiere tecnificar estos procesos.

– ¿Cómo avanza la negociación para la ampliación de la 27 (San José-Caldera?

– Esta es una negociación compleja, por tratarse de un contrato que se vence en el año 2033. De manera que ahí el proceso de negociación tiene que ser altamente tecnificado y conducido con mucho respaldo técnico, jurídico y financiero.

“Uno puede decir que se ha iniciado en el tanto se han estudiado en estos meses los parámetros que permiten orientar la negociación y la decisión de lo que se le va a solicitar al concesionario. Sabemos que es viable, pero difícil. Se han valorado distintas alternativas y ya sabemos cuál es la mejor”.