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El presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, defendió de los señalamientos de la Contraloría General de la República (CGR), su plan para crear el “Gran Parque de Diversiones del Caribe” con fondos que transfiere el megapuerto de Moín para el desarrollo de Limón.
El órgano contralor advirtió a los legisladores de la Comisión de Ciencia y Tecnología, donde se discute el proyecto, de que dicha iniciativa carece de estudios de factibilidad y de mercado que aseguren la rentabilidad del negocio.
Pese a que el texto del proyecto de ley no lo menciona, según el diputado limonense del Partido Restauración Nacional (PRN), dichos análisis se realizarían una vez se apruebe la propuesta en el Congreso.
“El Parque de Diversiones (en San José) nació a la vida jurídica mediante la Ley 5839. En ese caso, no se exigieron estudios avanzados para la aprobación de la ley. Esto es así, porque la decisión de la Asamblea Legislativa constituye la aprobación política para realizar o no el proyecto.
“En caso afirmativo, se inician todas las demás fases de la vida del proyecto, entre ellas la pre y factibilidad”, afirmó el presidente legislativo.
La propuesta establece la creación de una asociación que se encargaría de administrar y desarrollar el centro recreativo, para el cual se utilizaría el 20% de los fondos disponibles del canon al momento de aprobación de la ley.
El plan, sin embargo, no justifica por qué se requiere ese porcentaje de los recursos. Tampoco aclara qué sucedería con los fondos si no se ejecutan, ni qué pasaría en caso de necesitarse más dinero para concretar el proyecto.
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Dicha asociación estaría compuesta por representantes de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), Concejo Municipal de Limón, Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón, Federación de Cámaras del Caribe (Fedecaribe) y de la Universal Negro Improvement Association (UNIA).
“El artículo 2 del proyecto señala que los integrantes de la asociación ‘no recibirán ningún tipo de compensación, remuneración o emolumento por su participación y se reunirán con la periodicidad que señalen sus estatutos’. Si finalmente no se ejecuta el proyecto, tampoco se ejecutan los recursos, por cuanto el proyecto lo que prevé es una fuente de financiamiento, no un cheque en blanco”, aseguró Cruickshank.
Pese a la inexistencia de estudios que garanticen los beneficios prometidos a la provincia, un grupo de empresarios, asociaciones y sindicatos locales, apoyados por organizaciones nacionales, pide usar los recursos públicos de Limón para financiar el proyecto.
Los seis alcaldes de Limón, por su parte, son claros en que el plan no debe aprobarse, y así se lo hicieron saber a los diputados en una misiva del 21 de enero. Para ellos, avalar que mediante una ley se habilite el uso del Fondo de Desarrollo Regional para un proyecto, pone en riesgo “el interés público y general”.
Cruickshank es de otro criterio.
“La Mesa Caribe ha definido al turismo como uno de los tres clústeres de desarrollo para la zona. Bajo esa visión se impulsa la construcción de la nueva terminal de cruceros, con la que esperamos la llegada de más visitantes.
“Pero esto por sí solo no le garantiza al cantón central de Limón mayor bienestar, porque los turistas abordan autobuses y se trasladan lejos, ya que las atracciones están en otro lado. Por lo tanto, además del muelle de cruceros, es necesaria la inversión en infraestructura hotelera y desarrollar actividades de entretenimiento para convertir a Limón en un destino turístico.
“El Gran Parque de Diversiones del Caribe será el detonante para lograrlo: generará gran cantidad de empleos directos e indirectos, impulsará emprendimiento y encadenamiento con pymes locales, atraerá inversión, apoyará a la juventud limonenses y promoverá el turismo local e internacional, mejorando sustancialmente los índices de desarrollo humano en Limón.
“Es un proyecto de indudable impacto, con visión de largo plazo, sostenible y autosuficiente”, aseveró.
En ese mismo sentido se pronunció la Cámara Nacional de Turismo, presidida por Rubén Acón, también presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo local.
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Junto a otras nueve organizaciones, entre ellas asociaciones y sindicatos de trabajadores, enviaron una excitativa al presidente de la República, Carlos Alvarado, para que promueva la aprobación de dicha propuesta.
Según Cruickshank, su propuesta surgió ante “el clamor” de las cámaras empresariales turísticas por desarrollar infraestructura que permita el desarrollo hotelero en la provincia y, particularmente, en el cantón Central.
“La iniciativa proviene del sector turismo”, insistió.
