Juan Diego Córdoba. 8 agosto
La reforma pretende establecer reglas más ágiles para los procesos de contratación de obras públicas. La imagen corresponde a trabajos en el alcantarillado sanitario en Tibás. Fotografía: Jeffrey Zamora.
La reforma pretende establecer reglas más ágiles para los procesos de contratación de obras públicas. La imagen corresponde a trabajos en el alcantarillado sanitario en Tibás. Fotografía: Jeffrey Zamora.

Las adjudicaciones de obras públicas cuyos costos no superen los ¢607 millones tendrían un camino más rápido de aprobarse la reformar a la Ley de Contratación Administrativa, presentada este jueves en la Asamblea Legislativa.

Se trata de una iniciativa impulsada por la Contraloría General de la República con el apoyo de diputados de diferentes fracciones.

El primer cambio que plantea es el nombre, pues la actual Ley de Contratación Administrativa, vigente desde 1996, pasaría a llamarse Ley de Contratación Pública.

La intención es mejorar los plazos para aprobación de compras públicas y licitación de obras, además de elevar su transparencia.

“Nuestro país invierte gran cantidad de recursos en compras públicas, lo cual representa una oportunidad para la generación de acciones afirmativas en diferentes sectores. Hay que entender la contratación pública no solo como el procedimiento de concurso para obtener un bien o un servicio, sino como un mecanismo para el favorecimiento del bienestar general”, afirmó Marta Acosta, contralora general de la República, durante la presentación del plan.

Actualmente existe una veintena de procedimientos para adquirir bienes y servicios o contratar obras públicas; la propuesta propone reducirlo a dos figuras según sus costos: licitación mayor y licitación menor.

El proyecto considera menor una licitación que no supere los ¢607 millones, en el caso de obra pública; mientras que el monto no pasará los ¢72 millones en el caso de compras.

Esos montos quedaron indexados a las Unidades de Desarrollo (UDES), que actualiza mensualmente el Banco Central, por lo que se modificarán con el tiempo.

Este tipo de contratación recibiría un trámite más expedito en comparación con los mecanismos actuales. Por ejemplo, el plazo para recibir ofertas será de tres días hábiles, en el caso de que haya un mínimo de cinco concursantes; mientras que tendrá un plazo de 15 días hábiles en el caso de que no se alcance ese mínimo.

Si bien se mantienen los tipos de recursos y las impugnaciones, tanto en las condiciones como en la decisión final de la licitación, el conocimiento de las licitaciones menores corresponderá únicamente a la entidad interesada.

En el caso de licitaciones mayores serán conocidas por la Contraloría General de la República.

El proyecto fue presentado este jueves por la contralora, Marta Acosta, y diputados de diferentes fracciones. Foto: Cortesía de Contraloría
El proyecto fue presentado este jueves por la contralora, Marta Acosta, y diputados de diferentes fracciones. Foto: Cortesía de Contraloría
Transparencia y multas

“La nueva propuesta, además de reintegrar bajo un único régimen a todas las administraciones contratantes, potencia la utilización de los procedimientos ordinarios, mediante la simplificación de los procedimientos”, manifestó Ana Lucía Delgado, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN).

Para los impulsores de la iniciativa, la reforma mejoraría la transparencia debido a que se establece “la exigencia de que los documentos que se emitan deben estar disponibles en línea” en el Sistema de Compras Públicas (SICOP) en un máximo de 24 horas. Todas las instituciones del Estado deberán implementar el SICOP. Actualmente el 36% de entidades no lo utiliza.

“Actualizar la ley garantizará transparencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Es necesario contar con reglas claras, tanto para el sector público como para el sector privado, sanciones ante incumplimientos y que se agilicen de una vez por todas los procesos de compras del Estado", indicó Pablo Abarca, legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

La propuesta también incorpora multas a los oferentes que presenten recursos e incurran en “actuaciones temerarias, mala fe o por abuso de derechos procedimentales” y atrasen los procesos de compra o licitación de obra pública.

En el caso de licitaciones menores, por ejemplo, una empresa que caiga en esta práctica tendrá que pagar una multa de ¢6 millones, suma que corresponde al 1% del monto máximo para un procedimiento de este tipo.

Los recursos provenientes de las multas se utilizarán para un fondo que administraría el Ministerio de Hacienda, para potenciar el Sistema de Compras Públicas (SICOP).

Los diputados que trabajaron en la propuesta fueron Ana Lucía Delgado y Jorge Fonseca, del Partido Liberación Nacional (PLN); Pablo Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana (PAC); y el independiente Erick Rodríguez.