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Hace casi siete años comenzó la construcción del nuevo muelle petrolero de Recope en Moín, Limón, y aunque tiene un avance del 95%, ni el mismo Gobierno sabe cuándo entrará en operación.
Con esta obra, los costarricenses pagarían precios más bajos en los combustibles, pues el muelle tiene mayor profundidad que el actual, lo que permitirá recibir buques petroleros de más tamaño y, por consiguiente, contratar menos barcos. En el 2013, la Casa Presidencial cifró el ahorro que generaría la obra en $20 millones anuales (¢12.100 millones).
El 5% que falta tiene estancada la obra de 200 metros de largo y $112 millones desde hace 20 meses. El atraso se debe un diferendo entre el consorcio constructor, formado por la mexicana Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y la costarricense MECO.
“Hay un problema serio con los contratistas que han incumplido sus obligaciones. El presidente de Recope, Alejandro Muñoz, tuvo una reunión de trabajo hace dos meses para discutir la conclusión de la obra este diciembre. Ese es el acuerdo pero, a como vamos, pues vemos incumplimientos”, expresó el ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez.
“Recope está amarrado de manos. Por un lado, los contratistas han incumplido y se trata de un consorcio de dos socios que hoy están en medio de una disputa legal. Eso no favorece las condiciones”, añadió.
La llamada Terminal Portuaria Petrolera del Atlántico se inició en mayo del 2012 y debía estar lista 780 días después (poco más de dos años), en el 2014. Inicialmente, costaría $98 millones, pero los atrasos la elevaron hasta $112 millones ($14 millones más).
Solucionar el efecto del terromoto de 1991
La terminal actual, construida hace 40 años, impide el atraque de buques con más de 40.000 toneladas de peso muerto (270.000 barriles de carburantes).
La razón es que el calado del muelle pasó de entre 11 metros y 12 metros a 9,5 metros al levantarse la plataforma marina a consecuencia del terremoto de 7,6 grados, ocurrido en 1991. Sin calado suficiente, barcos muy pesados pueden golpearse contra el fondo marino al atracar.
Por tal razón, Recope debe traer barcos a la mitad o dos tercios de su capacidad, lo cual encarece toda su operación portuaria de importaciones.
Cuando esté a plena marcha, la Terminal Portuaria Petrolera del Caribe, localizada en la parte norte del rompeolas de Moín, podrá recibir buques hasta de 80.000 toneladas (alrededor de 560.000 barriles de hidrocarburos).
Según Recope, estas condiciones propiciarían ahorro en pagos de fletes y seguros y hasta nuevos negocios ante la expectativa de mayor arribo de buques a la zona.
Pese a esa oportunidad, nada de esto está cerca de beneficiar al país porque, con 95,9% de avance, todavía falta el “cerebro” informático de la infraestructura hoy ociosa sin programas informáticos para operar, sin computadoras y sin paneles de control para usar la instalación.
Gobierno preocupado
El ministro Rodríguez confirmó de que el consorcio ICA-MECO recibió el dinero necesario para concluir la terminal que se usará para descargar gas, gasolina, diésel y otros carburantes.
El 5% faltante consiste en todo el cableado de los equipos electromecánicos para desembarcar combustible de los barcos, el equipamiento eléctrico para control de los brazos hidráulicos de manejo de carga y los instrumentos de control general.
El 1.° de setiembre, el presidente Carlos Alvarado visitó la terminal y la dio por entregada. Ese mismo día el presidente ejecutivo de Recope, Alejandro Muñoz, declaró que la operación dependía del desalmacenaje del componente electrónico en aduanas, lo que, según dijo, se prevía para la semana siguiente. Después, habría que capacitar al personal de la Refinadora.
Ahora, ni Muñoz, ni ICA ni MECO dieron declaraciones a La Nación de por qué prosigue varada la obra.
En caso de que la constructora no cumpla, Recope deberá rescindir el contrato primero e iniciar un nuevo proceso, lo que mantendría al país sin esas obras.
“Para poder concluir la obra tenemos dos opciones. Una es conversar otra vez con el consorcio y hacerles ver su compromiso luego de incluso haber recibido consideraciones especiales para terminar el trabajo. La otra es romper el contrato”, confirmó el ministro Rodríguez.
Una ruptura de contrato por incumplimiento supone (en el mejor escenario) al menos un año mientras se cierra legalmente la relación entre Recope e ICA-Meco. Solo después se podría contratar a otra empresa.
Muñoz, en un principio, accedió a conversar con este diario sobre los escollos, pero dijo que primero debía informarse con su gerente de Desarrollo, Leonel Altamirano. Al cierre de esta edición y luego de varios intentos, Muñoz seguía sin referirse al tema.
También se consultó a Meco, que declinó porque, supuestamente, su socio ICA es el único por ahora encargado de brindar declaraciones. La Nación preguntó directamente a Alberto Santiago, gerente del consorcio en Costa Rica.
“Respecto al contrato de la ampliación del muelle petrolero le comento que cualquier información sobre este contrato se ha acordado que sea a través de Recope”, respondió Santiago.
Mientras tanto, cerca del muelle de 200 metros en conflicto, acaba de iniciar operaciones el megapuerto para contenedores que la holandesa APM Terminals comenzó a construir el 19 de enero del 2015.
Alerta
La primera alerta de los problemas se dio en en marzo del 2017, cuando el gerente de Desarrollo de la Refinadora informó de que el consorcio había dejado de pagarle a los 150 trabajadores.
Para entonces, el socio mexicano y mayoritario, Ingenieros Civiles Asociados, atravesaba una crisis financiera que la obligó a declararse en quiebra.
Por la falta pago y las diferencias que el problema ocasionó con Recope, la obra estuvo frenada seis meses, según consignan documentos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), en los cuales se revelan “muchos inconvenientes con el contratista en lo que se refiere al manejo contractual del muelle que ha derivado en reclamos económicos".
El año pasado, la Refinadora le solicitó a la Aresep un ajuste ordinario de tarifas de combustibles para costear $8,4 millones de reclamos del consorcio y otros $4,7 millones adicionales como parte del acuerdo de finalización de ese contrato. Sin embargo, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos no lo aceptó.
Socio en apuros
El actual estancamiento de obras y los problemas financieros del consorcio derivan de una crisis que afrontó la constructora Ingenieros Civiles Asociados (ICA) en México y que al final la llevó a una drástica reducción de su tamaño debido a que se declaró en quiebra.
Específicamente, ICA solicitó en agosto del 2017 el concurso mercantil para cinco empresas del grupo cuando ya sus deudas ascendían a $3.270 millones
"Concurso mercantil" es el nombre que la legislación mexicana otorga a un proceso judicial que se conoce como una quiebra, concordato, bancarrota o insolvencia.
La que fuera la mayor firma de ingeniería informó ese mes del 2017 que el procedimiento concluiría en 2018 y que la estructura accionaria tendrá un cambio radical. En tanto, las acciones de la empresa se suspendieron desde entonces en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Guadalupe Phillips Margain, directora general de ICA, afirmó el año anterior que el concurso mercantil garantizaba que la empresa seguirá con vida, aunque muchas cosas deberán cambiar según declaró la ejecutiva al medio de prensa especializado El Economista.
“Ya vemos la luz al fondo del túnel y no es la de un tren”, afirmó Phillips Margain al medio de prensa y aclaró que “ICA será una tercera parte de lo que fue”.
