Sumida en una crisis sin retorno, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) terminará de agotar, dentro de tres o cuatro meses, los últimos recursos disponibles para su rescate.

Entre setiembre y octubre de 2021, estima la administración de la empresa estatal, la entidad portuaria limonense se quedaría sin poder hacer frente a todas sus obligaciones.

Así terminará de confirmarse el fracaso del plan de rescate que aprobaron los diputados en 2019, por un monto de ¢49.000 millones, con el propósito de que la institución adelgazara su planilla y lograra la estabilidad financiera.

Actualmente, a la entidad portuaria ingresan ¢730 millones mensuales, en promedio, pero llega a gastar hasta ¢1.500 millones entre salarios, operaciones, deudas y demandas laborales.

El déficit de la empresa estatal en los últimos meses supera los ¢700 millones por mes. Esa diferencia entre los ingresos y gastos llevará a la entidad portuaria a quedarse sin los recursos necesarios para sostenerse.

LEA MÁS: Gobierno ofrece alquilar muelle de Japdeva a APM Terminals

Ni siquiera el recorte de 140 de los 513 trabajadores, que aplicará en las próximas semanas con los ¢4.770 millones que durante un año estuvieron embargados por el Sindicato de Trabajadores (Sintrajap), salvará a la institución de su colapso financiero.

Al terminar de despachar a esos funcionarios, la empresa estatal todavía se quedará con 373 empleados, es decir, casi 100 trabajadores más de los que debía tener hace meses.

La presidenta ejecutiva de la entidad portuaria, Andrea Centeno, insiste en que el impedimento que paralizó los recortes durante todo un año, a raíz de un litigio laboral con ese sindicato, ocasionó un daño irreparable en la institución.

“El punto de inflexión de Japdeva es en tres o cuatro meses, donde debemos definir si podemos llevar hasta un nivel aceptable la restructuración, con todo lo que tuvimos que enfrentar, o si se deben tomar medidas más drásticas”, afirmó la jerarca.

Cuatro escenarios

¿Cuál va a ser el futuro de la institución cuando esto ocurra? Sin descartar ninguna opción, pero tampoco sin decidirse por alguna de ellas, el Gobierno baraja varios escenarios luego del fracaso del plan de rescate.

“Está la gente que nos dice ‘cierre Japdeva’, cuando uno dice, ‘¿cómo se cierra una institución de Gobierno?’. Esto también lo hemos discutido mucho, ¿en quién asume las tareas de Japdeva y qué limitaciones de ley hay?

“Recordemos que esta es una institución con un mandato por ley orgánica, que no solo es transferirlo a un tercero privado”, manifestó Centeno.

Con el propósito continuar ofreciendo el servicio público, tanto Japdeva como el Gobierno valoran al menos cuatro escenarios para cuando la entidad se quede sin fondos:

1. Operación mínima: Permanecería activa una estructura organizacional muy reducida para apenas prestar servicios portuarios, cumplir con la supervisión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y administrar el canon de desarrollo de Limón. Dicha planilla sería menor a los 275 establecidos en el plan de reestructuración.

2. Operación portuaria: Solo se ofrecerían los servicios públicos portuarios prometidos en la ley constitutiva, además de la fiscalización del megapuerto de Moín, que entrega recursos mes a mes para financiar dicho servicio. Se prescindiría del área de desarrollo.

3. Operación de emergencia: El Estado daría los servicios portuarios con otras instituciones de apoyo, tal y como sucedía cuando se presentaban huelgas de trabajadores en los puertos de la entidad portuaria limonense.

4. Concluir transformación: La empresa estatal tendría que realizar nuevos ajustes y proyecciones financieras para solicitar un nuevo rescate financiero del Estado, con el propósito de concluir el proceso de reestructuración.

LEA MÁS: Japdeva se enrumba a paralizar operaciones este año

De acuerdo con la jerarca de la Junta, la decisión se discute en coordinación con Presidencia, debido a que la institución dejó de depender de sí misma para continuar operando.

“Hemos discutido todos los escenarios posibles con las autoridades de Gobierno. Este es un tema que trasciende la institución y el Consejo, que tiene que ver con el servicio público que brinda el Estado a partir de los puertos del Caribe”, manifestó la jerarca.

Es muy probable, confirmó la presidenta ejecutiva, que la entidad demande nuevos recursos para aplicar alguna de las medidas sobre la mesa.

Fracaso de plan de rescate

Japdeva comenzó a empeorar sus números rojos, que arrastraba desde el año 2015, con la entrada en operaciones del megapuerto de Moín, que absorbió el 80% de su negocio.

Para 2019, la entidad portuaria entró en una crisis similar a la actual, consumiendo todos los recursos que tenía en sus arcas. Por eso, los diputados aprobaron un salvavidas financiero de ¢49.000 millones distribuidos en varias partidas.

- Julio de 2019: El Congreso entregó ¢5.753 millones para que la institución pagara salarios, mientras se discutía el plan de reestructuración.

- Octubre de 2019: La Asamblea aprobó el plan con una transferencia de ¢17.900 millones para liquidaciones de hasta el 80% del personal, así como para gasto operativo.

Además, acordaron la creación de un sistema de prejubilación para los empleados mayores de 55 años, que representará un gasto de cerca de ¢15.340 millones en un plazo de 10 años. Esos recursos se cargarán año a año al Presupuesto Nacional.

- Diciembre de 2019: El plan de rescate dio la posibilidad a Japdeva de endeudarse por hasta ¢10.000 millones para hacer frente a posibles gastos adicionales en su proceso de reestructuración.

En ese mes, la Junta recibió una transferencia reembolsable por ¢3.500 millones del Instituto de Desarrollo Rural (Inder).

- Octubre de 2020: El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) entregó otro préstamo por ¢6.500 millones, para alcanzar el tope de endeudamiento permitido por los diputados, a través de superávits de otras instituciones públicas.

Andrea Centeno achaca el fracaso de ese plan de reestructuración a la demanda laboral interpuesta por Sintrajap.

Debido a ese proceso, las cuentas bancarias que contenían los recursos para liquidaciones de personal quedaron congeladas durante un año. Y, ante la falta de recursos para pagar las prestaciones, la entidad portuaria tuvo que paralizar los recortes de personal.

De esa manera, Japdeva tuvo que hacer frente a los salarios de cientos de trabajadores en lista de salida, que iban a ser cesados desde hace meses, comiéndose así los recursos que quedaban del plan de rescate.

De acuerdo con la jerarca, desde que entró en vigencia la Ley de Transformación de Japdeva, la empresa estatal tuvo apenas cinco meses activos para realizar despidos con responsabilidad laboral, pues las cuentas quedaron embargadas en mayo de 2020.

El Juzgado de Trabajo de Limón levantó el embargo a finales de abril de este año. Ahora la empresa estatal corre para presentar el presupuesto extraordinario, para poder hacer uso de esos recursos para liquidar a unos 140 trabajadores.

En promedio, cada uno de esos trabajadores recibirán ¢34 millones en liquidaciones que, por voluntad del Congreso, contienen bonos de hasta ocho salarios adicionales en el caso de los funcionarios que aceptaron su salida de la institución.