Ese convenio, además de facilitar la reducción de los costos logísticos a comerciantes nacionales, como lo estiman las autoridades, generaría recursos frescos a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántico (Japdeva), que se enfrenta a la posible paralización de operaciones debido a su crisis financiera.

La propuesta se negocia entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y la empresa holandesa, como parte de la mesa de diálogo para reducir las tarifas del megapuerto de Moín.

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Las conversaciones sobre el tema comenzaron en enero de 2020. Sin embargo, hasta el momento, el ofrecimiento de rentar el activo estatal es la única propuesta que se ha conocido públicamente.

El secretario técnico de Concesiones, José Manuel Sáenz, aseguró que con esa propuesta, APM Terminals podría habilitar su tercer puesto de atraque en el muelle público, para atender más embarcaciones. Asimismo, mantendría la operación de sus dos puestos de atraque actuales, ubicados en la isla artificial.

“Una de las opciones es que, bajo alguna de las figuras legales, que puede ser el usufructo, APM Terminals pudiera hacerse cargo de la administración del puesto 5-6 que es donde están las grúas. Japdeva sigue siendo el dueño de eso, pero lo opera APM. Japdeva recibe un pago y seguiría manejando el resto del muelle”, explicó Sáenz.

El usufructo en un derecho que permite disfrutar de un bien ajeno.

Rodolfo Méndez, ministro de Obras Públicas y Transportes, advirtió que las negociaciones para el eventual convenio avanzan de forma lenta, pues quedó frenado por la pandemia.

“Ha sido un proceso muy lento y difícil que la pandemia dejó en suspenso durante algún tiempo porque, en lo que respecta a la posibilidad de un convenio con Japdeva, ellos (APM Terminals) no pudieron traer técnicos para que hicieran las valoraciones de las instalaciones, por las restricciones de la pandemia”, aseguró Méndez.

Visita clave

La visita de ingenieros de la casa matriz de la firma portuaria holandesa es crucial, pues para operar esa parte del muelle estatal bajo las condiciones de eficiencia que les exige el contrato de concesión con Costa Rica, se necesitarían obras complementarias.

“APM tiene un contrato con ciertas normativas en cuanto a eficiencia del funcionamiento del manejo de la carga y tendrían que adaptar las instalaciones y valorar las condiciones de forma que puedan determinar cuál es el costo de una posible modernización de esas instalaciones para poder operar en las mismas condiciones en las que operan en las obras construidas por ellos, pero todavía estamos en ese proceso”, aseguró el ministro.

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La empresa holandesa tendría que cubrir las inversiones necesarias en el puesto de atraque del muelle Gastón Kogan. Aun así, las autoridades estiman que los nuevos ingresos de APM Terminals, producto de esta negociación, serían suficientes para lograr una reducción de las tarifas.

Méndez Mata insistió en que el tema de la inversión necesaria será clave para determinar la viabilidad de ese plan, pues APM a la fecha ya ha realizado la mayor parte de su inversión según lo establecido en el contrato de concesión.

En tanto, el secretario de concesiones apuntó que los análisis previos que han realizado hasta ahora, basados en el modelo financiero les permiten estimar que sí podría haber un impacto en las tarifas.

“Impacta (las tarifas) a la baja, pero también depende de la inversión que tenga que hacer APM Terminals, que eso no está valorado, así como de la negociación que se llegue con Japdeva en el sentido de ‘yo se lo alquilo por tanto, por contenedor que mueva acá’.

“Como no está, aún no sabemos cuál sería el efecto. Sabemos que, en sí, metido en el modelo financiero de APM, sí se logra una negociación eso produce un rebajo en la tarifa”, aseguró Sáenz.

El puesto 5-6 del muelle Gastón Kogan en Moín, es el que utilizaba Japdeva para mover contenedores, antes de que el negocio pasara a manos del megapuerto de Moín, en febrero de 2019. Tiene una pantalla de 250 metros de longitud y un calado de 14 metros de profundidad.

Actualmente, ahí están las grúas bautizadas como Glenda y Luisa que Japdeva tiene desde 2017, pero que hasta el momento, lejos de generar ganancias, causan pérdidas de ¢910 millones al año.

No obstante, hay muchas dudas de si esa maquinaria sería utilizada por la empresa holandesa cuyos equipos son de mayor tamaño.

“El tipo de grúa que utiliza TCM es una grúa de muchísimo más capacidad, el servicio que tendría que dar APM es de la misma calidad de servicio, como indica el contrato. De momento es incierto”, manifestó el ministro.

Cauteloso

Ante consultas de La Nación, la concesionaria APM Terminals no descartó analizar dicha propuesta, ni tampoco cualquier otra que proponga el Gobierno para rebajar las tarifas establecidas, siempre y cuando se “respete el marco legal”.

Sin embargo, la firma portuaria evitó precisar información, como la fecha en que los ingenieros holandeses vendrían a Costa Rica para valorar las condiciones del muelle público que pertenece a Japdeva.

“Como lo hemos expresado anteriormente, nos mantenemos en diálogo con el Gobierno respecto al tema de las tarifas. Estamos dispuestos a revisar alternativas siempre que se encuentren dentro del marco legal, lo cual estamos haciendo en este momento junto con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Concesiones (CNC).

“Recalcamos que las tarifas de la Terminal de Contenedores de Moín están reguladas y van en relación con la inversión que se hizo al construirla, según las especificaciones de la licitación previamente realizada”, señaló la empresa holandesa.

Cálculos elaborados en 2020, respaldados por las cámaras Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) y de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), estimaron en $207 adicionales el costo por movilizar una unidad en el megapuerto, en comparación con lo que pagaban en el muelle público.

El contrato de concesión para la construcción y operación del megapuerto de Moín, firmado entre el Gobierno y APM Terminals en 2011, delimita cuáles son las variables que podrían ajustarse en procura de una modificación tarifaria.

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Ampliar el plazo de la concesión, modificar el cronograma de las siguientes inversiones, reducir el canon que la empresa transfiere para el desarrollo de Limón, o bien, que el Estado aporte obras adicionales, invierta en el equipamiento de la terminal o realice depósitos de dinero a favor de la concesionaria, figuran dentro de las cinco variables.

También establece la posibilidad de que, en caso de una renegociación de este tipo, se permita hacer una combinación de variables para conseguir un nuevo acuerdo.

De momento, la oferta del Gobierno a su socio comercial consiste en entregar la administración de un nuevo puesto de atraque, bajo una figura de alquiler del activo estatal.

Futuro de Japdeva

La presidenta ejecutiva de la empresa estatal, Andrea Centeno, afirmó estar al tanto de las negociaciones con la empresa concesionaria del megapuerto de Moín, las cuales podrían desembocar en ingresos a la institución.

“Desde que se inició el análisis para buscar potenciales mejoras de tarifas a usuarios se abrió la posibilidad de evaluar una sinergia operativa de las terminales. A este punto se ha manifestado de ambas partes la apertura a explorar alternativas que puedan haber legal y operativamente, para aprovechar la disponibilidad de espacios en nuestra terminal y puestos.

“Incluso, el mismo sindicato, en una reunión presencial, manifestó a esta presidencia, su anuencia a que fueran analizadas todas las opciones de negocios, incluyendo APM Terminals.

“A la fecha se ha intercambiado información básica de capacidad, estructura y batimetrías actuales. También se realizó una visita exploratoria de parte de técnicos locales de APM. Ha estado pendiente una posible visita más a profundidad”, aseveró Centeno.

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Además, la jerarca aseguró que todavía es demasiado pronto para determinar si un posible convenio con APM Terminals ocasionaría modificaciones en la estructura organizacional de Japdeva, que bajo las condiciones actuales debería estar operando con 275 empleados.

En la actualidad, la empresa estatal opera con déficit financiero, pues se vio forzada a retener a 510 empleados, debido a un juicio impulsado por el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) que congeló las cuentas bancarias de la institución en donde se guardaban los dineros para liquidar a otros 235 empleados.

De acuerdo con la jerarca de la Junta, la posibilidad de establecer convenios operativos no solo se ha valorado con la concesionaria del megapuerto de Moín, sino también con empresas de Estados Unidos, Emiratos Árabes, Panamá y Colombia.

No obstante, de acuerdo con el contrato de concesión del megapuerto, solo APM Terminals tendría derecho a atender buques portacontenedores.

Si se concreta el trato con la firma holandesa, Japdeva conservaría la administración y operación del resto del muelle. De esa manera, la Junta continuaría ofreciendo servicios a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) en el muelle petrolero, ubicado en el puesto 5-1 del complejo portuario de Moín.

Asimismo, haría uso de los espacios de carga general y banano, en los puestos 5-2, 5-3, 5-4 y 5-5, que es donde se concentra la mayor parte de la operación, luego de que la carga contenedorizada pasara a manos de la TCM, como parte de las obligaciones establecidas en el contrato de concesión.

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Para el jerarca del MOPT, una posibilidad también sería el transbordo para lo cual también podría buscar un socio privado.

“El transbordo consiste en barcos que traen carga y la bajan y la distribuyen en otros barcos más pequeños o más grandes y van para otros lugares. Es una de las alternativas que tiene Japdeva y otros negocios de carácter portuario como los que está tratando de llevar adelante con la marina”, dijo.

Según dijo, para buscar esas salidas iniciaron un análisis apoyados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).