La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) pagó por adelantado ¢750 millones a Japdeva por servicios, sin tener certeza del futuro inmediato de esa institución, que encara una grave situación financiera y se acerca a un cierre técnico.
La transferencia se dio por los servicios que la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) le prestará hasta diciembre a Recope, como son la atención de buques petroleros en el puerto de Moín, que traen combustibles de consumo nacional, como gasolina, diésel y gas, entre otros.
El acuerdo de pago surgió ante una solicitud de Japdeva, con el objetivo de conseguir recursos para poder pagar salarios de sus 1.200 trabajadores.
Así, la entidad portuaria se comprometió a dar los servicios por seis meses, aunque los ¢750 millones apenas alcanzaron para cubrir una tercera parte de la planilla, que tiene un costo mensual de ¢2.500 millones.
Consumidos los fondos, ahora Japdeva busca más recursos para pagar la siguiente quincena. De acuerdo con la presidenta ejecutiva, Andrea Centeno, el martes aún no tenían los fondos asegurados.
“Todavía no están completos los recursos de esta semana. Como hemos hecho en quincenas pasadas es como hacen muchos empresarios, como hacen muchas microempresas. Los fondos no están asegurados con anticipación. Estamos realmente en una situación muy crítica que cada vez se pone más grave y que nos hace que cada quincena sea más difícil”, manifestó Centeno.
Entre las opciones que baraja la Administración de Japdeva para conseguir esos recursos, está la solicitud de créditos poniendo a responder los bienes de la institución.
El martes anterior, los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminaron un presupuesto extraordinario de ¢5.753 millones, destinados a pagar tres meses de sueldos. Los recursos provendrían de la deuda pública.
La decisión final la tendrá el plenario legislativo, donde se someterá a votación de los 57 diputados.
FUENTE: Archivo La Nación. DISEÑO/LA NACIÓN.
De aprobarse, el presupuesto extraordinario, daría un respiro corto, mientras se debate otro proyecto de ley para reestructurar Japdeva, lo que implicaría el despido o traslado de hasta 950 empleados de sus 1.200.
Ante consultas de este medio, Recope aseguró que no es la primera vez que deposita un pago por adelantado a Japdeva, y que siempre ha cumplido con la prestación de servicios. No teme incumplimientos.
“Recope debe procurar en todo momento el atraque de los buques, utilizando los medios necesarios, para cumplir su misión que es asegurar y garantizar la continuidad del servicio público, evitando cualquier posible desabastecimiento”, respondió mediante su oficina de prensa.
La presidenta ejecutiva de Japdeva reiteró la necesidad de que los diputados aprueben los proyectos de ley para garantizar los servicios que su institución presta a Recope.
“Japdeva es el único prestatario de los servicios públicos que requiere Recope para el cumplimiento de sus fines, por ello, resultan indispensables para cumplir con el suministro de hidrocarburos. Hemos recalcado en el marco de los proyectos de ley presentados, que hay una enorme importancia de la operación de Japdeva para usuarios como Recope, a quien debemos garantizarles los servicios”, afirmó Centeno.
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La Junta de Administración Portuaria cayó en crisis financiera con la entrada en operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), que asumió la atención del 70% de la carga comercial que llega al Caribe.
De acuerdo con un pronunciamiento de la Contraloría General de la República, Japdeva subestimó el impacto financiero que sufriría con el cambio de modelo portuario en Limón y tampoco ejecutó acciones para diversificar sus negocios para evitar los padecimientos que hoy sufre.
Consulta de transacción
Antes de transferir el dinero a solicitud de Japdeva, la administración de Recope consultó a la Contraloría General de la República sobre la posibilidad de efectuar un adelanto de pago a otra institución pública, a pesar de que esa no era la primera vez que hacía un adelanto a la entidad portuaria, como consignó la oficina de prensa de la Refinadora.
“Para atender esta solicitud (de adelanto de pago por parte de Japdeva) se le hizo la consulta previa a la Contraloría General de la República. El monto se limitó al adelanto de ¢750 millones”, indicó Recope.
Al respecto, el ente contralor indicó a La Nación que la respuesta dada, no significaba una aprobación automática del giro, sino más bien que la responsabilidad de esa transacción quedaba en la administración de Recope.
“La Contraloría General de la República no puede referirse a situaciones concretas que corresponde verificar a la adminsitración de Recope bajo su exclusiva responsabilidad. Es importante enfatizar que la atención de dicha consulta no puede ser percibida por sí, como una autorización, pues son esas instituciones las responsables de verificar la viabilidad de dichas medidas”, contestó el área de Infraestructura del órgano contralor.
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