Luego de poco más de un año de haber comenzado las negociaciones con APM Terminals para ajustar las tarifas que pagan exportadores e importadores nacionales en la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), el Gobierno aún no logra reducir los costos.
Cuando anunció ese proceso de negociación con la concesionaria holandesa, el Poder Ejecutivo había asegurado que ese era “un nudo” que debía “desatarse”, pues los sobrecostos en la logística restan competitividad al país, encarecen los productos y entorpecen la generación de empleo en las empresas exportadoras.
No obstante, 13 meses después del comienzo de dichas negociaciones, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, reconoció que todavía no se ha logrado un acuerdo que permita obtener una mejoría en los precios de los servicios portuarios.
“Sería muy fácil alcanzar un acuerdo si el Gobierno tuviera recursos, pero como sabemos, jamás el Estado está en esas condiciones. Hemos venido estudiando otras alternativas, no hemos dejado de buscar opciones en un contrato que ha sido muy bien blindado por las partes, tanto por la TCM como por el Gobierno de la República”, afirmó Méndez.
Cálculos elaborados en 2020, respaldados por las cámaras Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) y de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), estimaron en $207 adicionales el costo por movilizar una unidad en el megapuerto, en comparación con lo que pagaban en el muelle de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
La presidenta ejecutiva de Cadexco, Laura Bonilla, afirmó que intentan trabajar en sintonía con la empresa concesionaria y con el Gobierno para llegar a un común acuerdo.
“Uno de esos puntos (de mejora) que hemos externado es la importancia de ajustar las tarifas para mejorar la competitividad de nuestras empresas; tan solo hace un par de días el señor Hartmut Goeritz (director general de APM Terminals Moín) indicó que están dispuestos a revisarlas en el marco legal.
“Previo a la pandemia esto avanzó con buen rumbo, sin embargo, las negociaciones se volvieron más lentas. Reiteramos nuestra anuencia de trabajar en alianza con APM Terminals y el Gobierno por el bienestar del comercio exterior, y así enfrentar conjuntamente los desafíos que se vayan presentando”, afirmó Bonilla.
Ante consultas de La Nación, APM Terminals reiteró, una vez más, su anuencia a negociar la reducción de tarifas en el marco del contrato de concesión y aseguró que la mesa de diálogo con el Poder Ejecutivo sigue abierta.
“Mantenemos un diálogo con el Gobierno respecto a las tarifas y, como lo hemos expresado en diferentes ocasiones, siempre estamos dispuestos a revisar alternativas en el marco legal, que es lo que se está haciendo en este momento junto con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Concesiones (CNC).
“Es importante aclarar que las tarifas de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) son reguladas con la inversión hecha, según las especificaciones de la licitación previamente realizada”, señaló la empresa concesionaria.
Las reglas del contrato
El contrato de concesión para la construcción y operación del megapuerto de Moín, firmado en 2011, delimita cuáles son las variables que podrían ajustarse en procura de una modificación de las tarifas.
Dichos ajustes; no obstante, deben cubrir la inversión hecha por la firma portuaria holandesa para la construcción de la terminal, así como su respectivo margen de ganancia.
FUENTE: Contrato de Concesión de la Terminal de Contenedores de Moín. || DISEÑO LN / LA NACIÓN.
Ampliar el plazo de la concesión, modificar el cronograma de las siguientes inversiones, reducir el canon que la empresa transfiere para el desarrollo de Limón, o bien, que el Estado construya obras adicionales, invierta en equipamiento de la terminal o realice depósitos de dinero a favor de la concesionaria, figuran dentro de las cinco variables.
El contrato también establece la posibilidad de que, en caso de una renegociación de este tipo, se permita hacer una combinación de variables para conseguir un nuevo acuerdo.
A modo de ejemplo, se podría ampliar el plazo de la concesión y postergar obras agendadas según parámetros de demanda. No obstante, la oferta debe cubrir las demandas del socio costarricense.
El Gobierno había descartado una reducción porcentual en el canon que transfiere mensualmente la terminal portuaria para el desarrollo socioeconómico de Limón, a cambio de una reducción tarifaria.
Ese fondo, administrado por Japdeva, acumula $26,8 millones, provenientes del 7,5% de los ingresos netos mensuales de APM Terminals, por la operación del megapuerto.
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