“No, no. Mire, eso no se está valorando”.
Con esa breve declaración, Rodolfo Méndez Mata descartó la posibilidad de ceder una parte del canon que el megapuerto de Moín deja para el desarrollo de Limón, a cambio de que rebajara las tarifas que cobra a los exportadores e importadores nacionales en esa terminal.
Aquella era una preocupación de diputados y sectores del Caribe, en torno a las negociaciones que lidera el ministro de Obras Públicas y Transportes con representantes de APM Terminals, para modificar a la baja los precios para movilizar carga en la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
Los exportadores estiman que en esa terminal pagan $200 más, en comparación con lo que pagaban cuando utilizaban el muelle público de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
El gobierno inició una mesa de trabajo con la empresa portuaria en enero, para intentar reducir los costos a exportadores. Para lograrlo se debe modificar el contrato de concesión.
Ese mismo documento, firmado con APM Terminals en 2011, le deja al gobierno cinco vías para reducir las tarifas: aumentar el plazo de la concesión, revisar el canon para Limón, postergar las próximas etapas de construcción del megapuerto, aportar equipo adicional o hacer una combinación de algunas de esas variables.
De momento, Méndez solo ha descartado recortar el canon.
“Tocar estos recursos con otros fines sería el camino incorrecto. La prioridad debería ser poner a buen uso estos recursos lo más pronto posible”, señaló Yorleny León, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN).
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Los legisladores limonenses también reclaman porque Japdeva, entidad portuaria encargada de utilizar esos fondos en iniciativas de desarrollo para la provincia, no tiene un plan claro de proyectos a financiar, tampoco tiene preparado el fideicomiso bancario para administrar los recursos.
A febrero, la Junta acumulaba $14,4 millones sin usar en sus cuentas. Al tipo de cambio actual representan unos ¢8.000 millones.
Desde octubre de 2018 empezó a recibir esas platas, cuando la TCM comenzó a operar en etapa de prueba.
Como lo estableció el contrato de concesión, el megapuerto de Moín debe girar el 7,5% de sus ingresos brutos para el desarrollo económico del Caribe.
“Me parece que alguna otra fórmula para mejorar las tarifas se podría estudiar, pero como diputados de Limón nos parece innegociable el que se reduzca el canon, porque eso implicaría, simplemente, darle la espalda al desarrollo de la Vertiente Atlántica”, manifestó Eduardo Cruickshank, diputado del Partido Restauración Nacional (PRN).
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De acuerdo con la presidenta ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno, el fideicomiso estaría listo para poder utilizar esos recursos en el segundo semestre del año.
Alternativa
Preocupados por los supuestos sobrecostos que enfrentan, los empresarios presentaron al gobierno una propuesta para reducir los costos de exportación.
La idea consiste en postergar obras de ampliación del megapuerto y entregarle en concesión a APM Terminals, el muelle subutilizado de Japdeva en Moín.
“En este momento estamos haciendo una revisión total del contrato y del universo de alternativas que puedan haber”, señaló la jerarca de Japdeva al respecto.
Con la inauguración oficial de la TCM, en febrero de 2019, la carga y descarga de contenedores pasó a manos del megapuerto.
Eso representó el 67% de la carga comercial que hasta entonces llegaba al muelle de Japdeva.
Ahora ese puerto solo recibe carga mixta o a granel.
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