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El Gobierno afirmó haber blindado el proyecto del tren eléctrico metropolitano de empresas constructoras señaladas o investigadas por presuntos actos de corrupción.
Así lo aseguró la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Elizabeth Briceño, durante una entrevista ofrecida a La Nación.
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De acuerdo con la jerarca, el borrador del cartel licitatorio del sistema de transporte masivo, divulgado el 25 de mayo, establece que ese tipo de empresas tienen prohibición de participar en la construcción de la obra.
“Es muy clara la prohibición en la participación en el proceso para las empresas que estén señaladas. Puede ser que alguna empresa entregue una oferta, pero el mismo inciso establece que no va a ser revisada porque no está siendo tomada en cuenta al estar siendo señalada”, aseveró Briceño.
Dicha prohibición, añadió la jerarca, se encuentra en el capítulo 3 del borrador del cartel licitatorio, el cual sería sometido a las firmas interesadas en asumir la concesión para la construcción y operación del tren eléctrico.
La norma establece expresamente: “No podrán participar en este proceso de licitación pública como oferentes, en forma directa o indirecta, ni posteriormente a su adjudicación, personas físicas y jurídicas que enumera los artículos 112 de la Constitución Política, 22 y 22 bis de la LCA, 12 de la LGCOP, 95 del RGCOP y cualquier empresa inhabilitada por el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Centroamericano de Integración Económica o Banco Mundial, según las listas vigentes emitidas por dichas organizaciones a la fecha de recepción de las ofertas. En caso de que la Administración Concedente tuviera por demostrada la violación al régimen de prohibiciones aquí detallado, la oferta será inelegible”.
La primera dama, Claudia Dobles, añadió que distinto a otros proyectos de obra pública, el plan del tren eléctrico metropolitano ha seguido un proceso de revisión de diferentes entes nacionales e internacionales. Asimismo resaltó que los estudios siempre han estado disponibles para toda la ciudadanía.
“Creemos que en el caso de este proyecto lo hemos manejado con absoluta transparencia, todo se ha publicado, todo se ha puesto a escrutinio público, de actores a favor o en contra, hemos estado abiertos a oír retroalimentación.
“Este proyecto ha pasado por muchísimos filtros, del grupo de expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de una comisión técnica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y de una colaboración de Clacds-Incae para la parte económica, y por último pasamos por todos los filtros técnicos del Fondo Verde del Clima”, aseveró.
Además de la jerarca de Incofer y la primera dama, en esta entrevista disponible en nacion.com también participaron la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza, así como el presidente del Incae, Roberto Artavia.
En una rueda de prensa, celebrada luego de la aprobación del apoyo financiero al tren eléctrico por parte del Fondo Verde del Clima de Naciones Unidas, el BCIE señaló que la construcción de obra pública en Costa Rica no debería detenerse por los recientes escándalos de presunta corrupción en licitaciones.
“Corrupción siempre va a haber y ese es un mal endémico. Lo importante acá es la rendición de cuentas. Mi llamado a la Asamblea de Costa Rica es ‘asegurémonos de que las instituciones que velan por el uso correcto de los fondos cuenten con los recursos para validar y auditar esos proyectos’.
“No podemos parar el mundo, hay que seguir haciéndolo, pero obviamente tenemos que hacer un mejor trabajo de vigilar el uso de los fondos públicos”, manifestó Dante Mossi, presidente del BCIE.
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Los escándalos de presunta corrupción que involucran al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y a poderosas empresas constructoras, como MECO y H Solís, están relacionadas con contratación de obra pública.
En este caso el tren eléctrico se construiría a partir de una concesión de obra pública. Es decir, el Estado únicamente hará un aporte de $550 millones, de los $1.550 millones que cuesta la obra.
La empresa ganadora de la concesión deberá financiar el resto del proyecto, mientras que el Estado subsidiaría la tarifa con aportes anuales.
