Los allanamientos simultáneos en constructoras, en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y en casas de funcionarios registrados el 14 de junio de 2021, así como las graves revelaciones que se hicieron los días siguientes con el Caso Cochinilla, significaron un giro de 180 grados en el funcionamiento de esa institución, adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
El escándalo de presunta corrupción tuvo implicaciones enormes, sin embargo, meses después, todavía en el Conavi hay empleados que afirman que aún quedan “focos de corrupción” a lo interno.
Esas afirmaciones trascendieron al realizar un estudio de clima organizacional a finales del año pasado, poco tiempo después de las pesquisas que llevaron a la detención de 13 funcionarios de la entidad, dos de ellos pensionados.
Hannia Rosales, quien asumió la dirección del Conavi luego del remezón que significó el Caso Cochinilla, aseguró que a raíz de esas sospechas se abrieron nuevos canales de comunicación con la Auditoría y la Fiscalía, así como los medios para interponer denuncias ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Junto con el abogado de la Dirección Ejecutiva, tuvimos una reunión con la Auditoría y la Fiscalía para que nos orientara ante esa preocupación, justamente de qué modo podíamos ir localizando y extirpando a la vez, cómo se podía ir haciendo. Nos dieron bastantes tips de cómo ir cercando y como ir detectando, incluso nos informaron de que hay cursos para la detección de delitos de corrupción que ya solicitamos, entonces estamos trabajando”, declaró la jerarca en entrevista con La Nación.
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Ante los comentarios sobre la persistencia de corrupción, dijo, se abrieron los canales anónimos que ofreció la Fiscalía para hacer las denuncias.
Las investigaciones por el Caso Cochinilla también dejó a Conavi sin un grupo de funcionarios, pues todos los implicados en la causa judicial fueron suspendidos de los cargos. Ellos están separados sin goce de salario.
Ocho meses después de la medida, de acuerdo con Rosales, no han podido reemplazarlos debido a la incertidumbre, ya que estas medidas cautelares se dictaron inicialmente por cuatro meses y se han ido ampliando por plazos similares.
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“Ha habido dificultad con las plazas porque no todo el mundo está dispuesto a tomar un trabajo que va a durar tres o cuatro meses, ahora en marzo estamos igual. No sabemos qué va a pasar con las medidas cautelares, esa incertidumbre hace que no sea atractivo llegar a ocupar un puesto en esas condiciones, estamos buscando opciones para reforzar sobre todo la Gerencia de Adquisiciones y Finanzas con personal del MOPT”, dijo.
Cambio de dinámica
Debido a las conductas en la que presuntamente incurrieron empleados de Conavi, como la recepción de dádivas a cambio de agilizar facturas o favorecer con adjudicaciones, la entidad se vio en la necesidad de implementar cambios en la dinámica de trabajo.
Entre los más importantes están la revisión minuciosa de carteles, implementación de protocolos rígidos de ingreso y pautas a seguir para las reuniones con los representantes de empresas.
La directora del Conavi adelantó que como parte de esa tarea por limpiar al Consejo, se pidió una consultoría para analizar las adjudicaciones que se realizaron antes del Caso Cochinilla.
“Seguimos implementando mejoras que tienen como objetivo cerrar portillos que estaban abiertos, todo partiendo del principio de inocencia, que lo que se haga tiene que velar porque las personas involucradas no se les afecte laboralmente ni económicamente”, explicó.
Además, el órgano interventor que se formó apenas una semana después de los allanamientos, emitió una serie de recomendaciones relacionadas con la parte financiera, donde se recomendó digitalizar el sistema, que en su mayoría era “muy manual”, y el cual se está migrando actualmente.
Según Rosales, también se toman medidas para garantizar mayor transparencia en el proceso de facturación y evitar que alguien meta mano para priorizar pagos, aunque reconoció que lo concluido por el órgano interventor fue “muy general” y no hubo alertas puntuales.
En un informe preliminar, dado a conocer en agosto del año pasado, este grupo de expertos advirtió de que el sistema que utiliza el Conavi para atender la red vial nacional, donde la premisa es “lo que está peor se atiende primero”, es obsoleto y genera mayor gasto de recursos. Además este tipo de modelos favorece situaciones como las reveladas en el expediente judicial del Caso Cochinilla.
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En diciembre anterior, el Consejo Administrativo del Conavi rindió cuentas ante los diputados de la comisión creada para investigar los hechos relacionados con este caso.
Los legisladores les cuestionaron no haberse percatado de las irregularidades y por los portillos abiertos para que se dieran esas anomalías como el hecho de que empleados de las constructoras tuvieran vía libre para pasar hasta ocho horas dentro de las instalaciones del Conavi, o bien, los múltiples regalos y dádivas que llegaban a las diferentes gerencias, así como los presuntos hechos que eran comentados en los pasillos de la entidad y que según el exdirector Mario Rodríguez habrían motivado el acercamiento a las autoridades judiciales.