Las investigaciones por el escándalo de corrupción denominado Caso Cochinilla dejó sin 12 funcionarios al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), los cuales por ahora permanecen suspendidos.
Para sustituirlos, el Conavi optaría por contratar temporalmente a personal externo, según declaró a La Nación el director interino de la entidad, Tomás Figueroa Malavassi.
La intención, dijo, es que estas personas también les ayuden a realizar un doble chequeo de las gestiones que están sometiendo a ese escrutinio.
“Lo que debemos asegurar es que sea gente o funcionarios que nos apoyen, que no han sido parte de los procesos originales y que nos puedan dar ese criterio externo para recomendar si una determinada gestión hay que llevarla adelante o no, es como una doble revisión desde la titularidad de un cargo”, explicó.
Figueroa también lidera el órgano interventor conformado la semana pasada para revisar cada uno de los procesos dentro del Conavi.
Entre los trabajadores sospechosos por actos de corrupción con obras viales hay gerentes y jefes de áreas como Proveeduría, Conservación Vial, Dirección de Costos de Vías y Puentes, Adquisiciones y Finanzas, Ejecución Presupuestaria.
También está el director financiero del Consejo y el jefe de Tesorería.
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El director a.i. reconoció que el Conavi “está golpeado”, pero aseguró que esa dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) sigue trabajando y no se ha suspendido ningún trámite o tarea que estaba a cargo de las personas separadas de sus cargos.
Figueroa asumió el puesto luego de que el director Mario Rodríguez pidiera ser trasladado a otras labores para no interferir en el proceso
“Se ha asumido la responsabilidad de que los temas avancen, obvio que sí genera inconvenientes, estamos viendo cómo solventamos, para poder asignar personal, idealmente externo, para cubrir esos espacios”, añadió.
El órgano interventor también está a la espera de que se les comparta el expediente judicial para tomar decisiones relacionadas tanto con el recurso humano dentro de la entidad, como con cualquier otro aspecto que deban considerar para la investigación interna.
Esa información, dijo, les permitiría tener mayor claridad para dimensionar el trabajo y redireccionar los esfuerzos dentro de la tarea que ejecutan.
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Su plan es presentar en los próximos días un primer informe con algunas recomendaciones sobre aspectos que, según Figueroa, “son muy evidentes” y que cuentan con algún sustento en los próximos días.
El funcionario añadió además que en este momento tienen bajo revisión los procesos o contratos de obras viales que estaban pendientes de firma o adjudicación.
“Se está revisando todo y la revisión en sí misma implica un lapso”, respondió al ser consultado sobre si esto podría significar atrasos en obras próximas a iniciar o en la ejecución de aquellas que dependan de adendas, desembolsos o aprobaciones presupuestarias.
También, aclaró, se está definiendo a qué se le da prioridad.
A pesar de todas estas acciones, aseguró que de momento no hay obras detenidas ni que hayan bajado el ritmo de ejecución por causas atribuibles al caso.
Órgano interventor
Inicialmente se anunció que el órgano interventor se conformaría de cinco funcionarios, pero por ahora solo hay tres nombrados. Son, aparte de Figueroa, el abogado José Fabio Ramírez Carranza y el ingeniero Luis Eduardo Valverde González (ambos son externos al Conavi).
Este grupo tiene seis meses para realizar su tarea, plazo que podría ser extendido.
Entre las funciones que les fueron encargadas se encuentra la intervención de las cinco gerencias que estarían vinculadas con supuestos hechos de corrupción en la construcción de carreteras.
Las áreas a intervenir incluyen la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, la Dirección de Proveeduría Institucional, la Gerencia de Adquisición y Finanzas y la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos.
Según acordó el Consejo de Administración del Conavi, los hallazgos de la investigación que realice este órgano deberán comunicarse a la Unidad de Auditoría Interna, la Contraloría General de la República o a las autoridades judiciales competentes, si fuera necesario.
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Por la investigación que se sigue bajo el expediente 19-000025-1218-PE, el pasado 14 de junio fueron detenidos 30 implicados, de ellos 12 son trabajadores del Conavi y uno, un pensionado.
Todo fueron puestos en libertad pero con medidas cautelares.
El llamado Caso Cochinilla investiga la existencia de una supuesta red de corrupción mediante la cual se habrían malversado más de ¢78.000 millones de fondos públicos para proyectos viales, en sobornos y pago de dádivas.
La investigación se encuentra en la etapa preparatoria, que se prolongaría al menos 12 meses, durante los cuales analizarán documentos secuestrados, información bancaria de los encausados y demás evidencia.