Los miembros de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) negaron haber percibido irregularidades en los procesos internos ni en el comportamiento de funcionarios que figuran en el expediente del Caso Cochinilla como sospechosos de cometer actos de corrupción.
Así lo señalaron, la noche de este martes, ante los diputados de la comisión especial que investiga las supuestas irregularidades relacionadas con la contratación de obras viales,
Durante su comparecencia, los directivos también aseguraron no haber recibido informes de la auditoría interna del Consejo que los alertaran sobre anomalías como las que se ventilaron tras los allanamientos realizados el 14 de junio del 2021.
En reiteradas ocasiones, los legisladores fustigaron a los representantes del Conavi por no haber visto pasar los “elefantes” (actos de corrupción), aunque en una sesión anterior el exjerarca del Consejo, Mario Rodríguez, indicó que estos hechos eran comentados entre pasillos por los empleados y que por ello se solicitó la intervención del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Los asistentes a la sesión de este martes fueron el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata en su calidad de presidente de la junta: la directora ejecutiva del Conavi; Hannia Rosales: el viceministro de Infraestructura, Tomás Figueroa: así como los directivos Luis Llach, Marcia Cordero, Berny Vargas, Jenny Núñez y Vilma Padilla.
Cordero, representante de la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica, leyó a nombre de todo el Consejo una declaración en la que expresó su “estupor” por los hechos denunciados y aseguró que compartían la indignación de la ciudadanía.
El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, interpeló a los directores al señalar que pese a su papel jerárquico en la institución, no vieron pasar nada de lo que estaba ocurriendo y sostuvo que tampoco tienen poder disciplinario.
Varios de ellos alegaron que acuden al Conavi solo dos veces a la semana durante tres horas, para participar en las sesiones de Junta Directiva, situación que el congresista calificó como disfuncional y que promueve vacíos y fomenta la corrupción.
Por su parte, el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, presidente de la comisión, insistió en cuestionarlos por no ver pasar “los elefantes”.
Así lo manifestó en alusión a la estructuración de carteles que habrían favorecido que las constructoras MECO y H Solís se hicieran con la mayoría de contratos de conservación, el pago de facturas de manera irregular y el lobby ejercido por empresarios dentro de la entidad.
Luis Llach,representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), sostuvo que desde sus funciones es muy difícil enterarse de la presencia de lobistas, pues cuando asisten al Conavi llegan directo al cuarto piso donde se llevan a cabo las sesiones.
“Deben asumir un rol protagónico, porque la responsabilidad le está cayendo a ustedes”, advirtió Abarca, ante las respuestas de los directivos.
El desconocimiento que alegan los directivos contrasta con las declaraciones que brindó el año pasado en esa misma comisión, el auditor del Conavi, Reinaldo Vargas, quien dijo que desde el 2013 se había venido advirtiendo a las distintas administraciones sobre la actuación irregular de algunos funcionarios, pero nunca se lograban concretar los despidos.
Medidas posteriores
Los diputados también cuestionaron este martes a la cúpula del Conavi sobre las acciones tomadas a partir de que se conocieran los supuestos hechos de corrupción.
Sobre este punto, los directivos indicaron que 24 horas después de los allanamientos se acordó la creación de un órgano interventor. Sin embargo, siete meses después todavía no se han presentado los resultados de dicha investigación interna.
El viceministro de Infraestructura afirmó que el Consejo también solicitó abrir un órgano de investigación para todos los funcionarios que figuran en el expediente judicial como sospechosos.
Por su parte, la directora ejecutiva agregó que lo primero que hizo tras asumir el cargo luego de la renuncia del exdirector Mario Rodríguez, fue girar una circular en la que se establecían una serie de regulaciones sobre la relación entre empresarios de la construcción e ingenieros del Conavi.
Los diputados también cuestionaron que, una vez conocidos los hechos, no se hubieran retirado los carteles para extender los contratos de conservación del Sistema de Compras Públicas (Sicop) y que se esperara al llamado de atención de la Contraloría General de la República, en agosto, para hacerlo.
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Al respecto, el ministro Méndez Mata respondió que cuando recibieron el pronunciamento de la Contraloría, ya se había tomado la decisión de terminar con los contratos, pero admitió que todavía no los habían eliminado del Sicop.
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En relación al tema de los contratos de conservación, la directora ejecutiva anunció que este año sacarían a concurso seis contratos para encargar el mantenimiento de rutas mediante el sistema de estándares de servicio.
Conforme a dicho modelo, las empresas deben garantizar el estado de una ruta según las condiciones establecidas previamente. Actualmente, a las empresas que hacen la conservación se les pagan las labores y materiales colocados, indistintamente del estado en que se mantengan las vías.
La comisión convocó nuevamente a los miembros del Consejo de Administración para el próximo jueves a las 8 a. m. a fin de dar continuidad a la comparecencia.
