El equipo de intervención del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), creado tras el escándalo por supuesta corrupción en obras viales, presentó el jueves anterior el primer informe de hallazgos ante el Consejo de Administración.
Uno de los principales problemas detectados por el grupo en esa primera etapa de análisis es el sistema que utiliza el Conavi para atender la red vial nacional, donde la premisa es “lo que está peor se atiende primero”.
El viceministro de Infraestructura y director interino del Conavi, Tomás Figueroa Malavassi, aseguró que ese mecanismo no solo implica que se gasten más recursos, sino que favorecía situaciones como las que están en investigación en el expediente judicial.
Figueroa explicó que la modalidad utilizada hasta ahora es implementada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) desde los 80′s, para planificar la atención de la red vial.
Ese sistema establece que las vías con mayor deterioro se deben atender inmediatamente con mantenimiento periódico, que es el que implica reparación de daños.
“Está demostrado que ese no es el concepto óptimo al administrar una red, porque cuando se deja deteriorar el pavimento a cierto punto, la inversión que hay que hacer en ese mantenimiento periódico puede ser cuatro veces o más, que la que debía haber hecho con un mantenimiento rutinario (preventivo)”, detalló.
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Según dijo, lo adecuado sería conservar primero lo que está en buen estado porque son labores de menor costo y de esta manera se pueden ir atendiendo las inversiones mayores conforme se va teniendo presupuesto y así en un plazo determinado se logra tener la totalidad de la red en buen estado.
Ese mal manejo incluso ha sido señalado por la Contraloría General de la República, por lo que el grupo determinó que es algo que no puede esperar más.
“El tema de los sistemas de administración de pavimentos es mandatorio, está el grueso de la inversión de los recursos de Conavi; si logramos implementar el sistema de pavimentos, eso ayudaría a contener situaciones de las que están en investigación”, afirmó.
A fin de agilizar ese cambio, el equipo recomendó reglamentar el artículo 24 de la Ley de Creación del Conavi, para que sea mandatorio para actividades de conservación vial utilizar esa propuesta.
Dicho artículo establece la normativa que deben seguir el MOPT y Conavi para la atención de la red vial.
Investigación general
Otra de las acciones presentadas por el grupo fue crear un órgano que investigue no solo a los funcionarios presuntamente implicados en el caso, sino para determinar si podría haber más personas involucradas.
Figueroa también dijo que, en ese primer pliego de resultados, fue el equipo que lidera el que presentó la recomendación de que se suspendiera el pago de salarios a los funcionarios separados por las investigaciones, medida que fue acogida por el Consejo de Administración y avalada por el jerarca del MOPT desde la semana pasada.
El viceministro sostuvo que además han dado prioridad al tema de la conservación vial, pues estas labores están paralizadas hace casi un año.
“Lo que se está haciendo es determinar la manera para contratar las actividades básicas como bacheo, chapea, limpieza de cunetas y alcantarillas”, dijo.
Para esos trabajos urgentes se fijó un plazo de cero a tres meses y posteriormente iniciarían las contrataciones por zonas para labores de mantenimiento periódico en vías con deterioro mayor.
Además, se decidió que la atención de emergencias por los próximos meses se haría mediante la figura de imprevisibilidad.
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En el caso de la sustitución del personal suspendido, la intención del Conavi es que esos puestos sean reemplazados con funcionarios del MOPT.
Figueroa explicó que están a la espera de concretar el tema de la separación sin goce de salarios de los empleados investigados, para así determinar cómo utilizar esos recursos.
En próximos informes, adelantó el director interino del Conavi, se entrarían a analizar temas relacionados con las adjudicaciones cuestionadas en el Caso Cochinilla, así como la necesidad de estandarizar contratos y métodos de contratación, simplificación de documentos a fin de tener mayor transparencia y minimizar objeciones al cartel y apelaciones.
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Inicialmente, el órgano interventor fue creado por un plazo de seis meses; sin embargo, ese plazo podría prorrogarse.
La instrucción del Consejo es que dicho equipo deberá intervenir la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, la Dirección de Proveeduría Institucional, la Gerencia de Adquisición y Finanzas y la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos.