El Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) acordó crear un órgano de intervención para que investigue, durante seis meses, la actuación de cinco de sus departamentos que estarían vinculados con supuestos hechos de corrupción en la construcción de carreteras.
Dicho órgano deberá emitir una serie de recomendaciones sobre las medidas que deberá tomar el Consejo, tanto para continuar dando el servicio como para garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuentas.
Las áreas a intervenir serán: la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, la Dirección de Proveeduría Institucional, la Gerencia de Adquisición y Finanzas y la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos.
Actividades de esas dependencias son centro de las pesquisas de la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el llamado caso ‘Cochinilla’, el cual trascendió el lunes con la realización de 57 allanamientos y 30 capturas.
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Precisamente, funcionarios e incluso gerentes de esos departamentos figuran entre los detenidos.
Según los acuerdos tomados durante la sesión del jueves, el órgano de intervención deberá comunicar los hallazgos detectados producto de sus investigaciones al Consejo de Administración, con la respectiva recomendación acerca de su tratamiento, o bien a la Unidad de Auditoría Interna, la Contraloría General de la República o a las autoridades judiciales competentes, cuando así se considere.
Director del Conavi
Los interventores, que según indica el acuerdo pueden ser del mismo Conavi o externos, deberán determinar las medidas de reorganización o reestructuración necesarias y hacer recomendaciones de reubicación o traslado de personal.
Asimismo, añadieron, dicho órgano se conformará por cinco personas.
Señalaron que uno de esos miembros podría ser el director ejecutivo del Conavi, puesto que este viernes quedó interinamente en manos del ingeniero Tomás Figueroa, actual viceministro.
De esta forma, se responde a la solicitud de Mario Rodríguez Vargas, director hasta este jueves, de ser separado temporalmente de sus funciones. Él es uno de los 19 investigados en el mismo caso que no fueron detenidos.
El Consejo agregó que los funcionarios públicos que conformen el órgano interventor no percibirán un salario adicional.
“En el caso de los profesionales externos, solo percibirán los honorarios profesionales resultantes de los contratos de servicios que sirvan de base para su participación, ya sea producto de contratos promovidos por el Conavi o bien facilitados por el MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transportes), salvo que se trate de servicios ad honorem”, añade el documento.
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El próximo lunes el Consejo de Administración del Conavi deberá nombrar a los responsables de este proceso de intervención, también solicitado por el presidente de la República, Carlos Alvarado.