El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tiene un plan para reanudar la conservación de las carreteras nacionales, luego de que fenecieran los contratos con las empresas MECO y H Solís, cuestionadas en el Caso Cochinilla.
Según adelantó el jerarca de esta cartera, Rodolfo Méndez Mata, se definieron tres etapas para atender las rutas en el corto, mediano y largo plazo.
Dentro de dos o tres meses, se sacarán a concurso las primeras licitaciones para bacheo y recarpeteo en los sitios donde sea necesario y, además, se dejará abierta la opción de contrataciones por imprevisibilidad para emergencias como la vivida esta semana en Turrialba y Limón.
“Son contrataciones directas por regiones, una por cada región y los apartados será por proyectos; se licita con contrataciones abreviadas para reestablecer las condiciones del pavimento o lo que se requiera para que no haya pérdidas mayores”, explicó el ministro.
La segunda parte del plan, se ejecutaría en un plazo de año y medio y consiste en licitaciones de servicio por demanda, es decir, de acuerdo a las necesidades que se presenten en cada zona del país.
Paralelo a esto, el MOPT y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) deberán avanzar en la elaboración de carteles para establecer el mantenimiento de las rutas mediante la modalidad de estándares de servicio.
Ese mecanismo implica que a las constructoras se les paga un monto previamente acordado, siempre que mantenga las condiciones de la ruta que le corresponde atender en ciertos niveles fijados en el cartel y no como se hacía hasta ahora, que se pagaba por cantidades, es decir, según la mezcla que colocaban o la cantidad de chapia que hacían sin importar en qué estado se mantenía la ruta.
Esta situación ya había sido advertida por la Contraloría General de la República desde el 2018, pues esta práctica no solo resulta más costosa, sino que los resultados son más deficientes.
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Desde febrero de este año, los 7.000 kilómetros de la red vial nacional se encuentran sin atención, pues vencieron los contratos que estaban vigentes desde el 2016.
Posteriormente, luego de que se diera a conocer el escándalo por supuesta corrupción en obras viales en el que estarían involucradas las principales constructoras del país, el ministro anunció la decisión de no renovar los contratos con las empresas que estuvieran siendo investigadas.
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Esta situación alargó aún más el proceso de reactivación del mantenimiento, al tiempo que la llegada de la época lluviosa amenaza con afectar más las condiciones de las carreteras del país, que en todo este tiempo no han recibido atención y tampoco hay equipos disponibles para la atención de las emergencias, lo que (como ocurrió esta semana) obliga al MOPT a recurrir a su maquinaria e incluso rentarla.
Expertos del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos y Estructurales, también han advertido que enfrentarse a la época lluviosa sin el adecuado mantenimiento de las vías podría terminar saliendo más caro al país, ya que el agua es el principal enemigo de las carreteras, no solo desestabiliza taludes, sino que destruye carpetas, alcantarillas y rellenos y aumenta el riesgo de emergencias que ocasionan el cierre de vías.
Hasta ahora, la atención de la red vial nacional se dividía en 22 zonas de conservación, que en su mayoría estaban a cargo de las empresas MECO y H Solís (involucradas en el Caso Cochinilla); dentro de esas zonas las empresas trabajaban mediante tres licitaciones en las que se especifican las distintas labores que van desde chapea, bacheo y recarpeteo y reparación de alcantarillas, entre otras.
La intención del MOPT ahora es diversificar las labores y delimitar las zonas a fin de facilitar que las tareas puedan ser asumidas por empresas más pequeñas, al menos en esta primera fase.