La comisión creada para investigar las irregularidades en contratación de obras viales del Caso Cochinilla y que luego se propuso ahondar en la supuesta corrupción en contratos de municipalidades que destapó la llamada Operación Diamante, cerró sus labores este martes todavía con audiencias e informes pendientes.
Su plan de trabajo era recibir a los seis alcaldes y a los funcionarios de esos y otros ayuntamientos que figuran en el expediente judicial. Sin embargo, el trabajo quedó a medio camino.
Luego de escuchar a jerarcas, proveedores y auditores de las municipalidades de San José, Osa, Golfito y Cartago, los diputados acordaron trasladar la información recabada junto con una recomendación a los nuevos legisladores. Les piden dar continuidad a la investigación que aún debía incorporar los insumos de las municipalidades de San Carlos, Escazú, Alajuela y Siquirres, pues a dos semanas de finalizar su gestión consideraron que era imposible completar las audiencias y elaborar las recomendaciones.
A pesar de que no concluyó su objetivo, el presidente del foro, Pablo Heriberto Abarca, aseguró que aunque faltó tiempo para revisar la documentación que recibieron, sí lograron detectar una serie de oportunidades de mejora en procesos administrativos, además de que se confirmó que sí hay injerencia de los alcaldes en las contrataciones.
Abarca dijo que encontraron poco nivel técnico en las auditorías y proveedurías, lo cual resulta “preocupante”, por lo que es necesario que se revisen los perfiles de los puestos y se mejoren los procesos de selección dentro de las municipalidades.
“Hay algunas aclaraciones que hacen los alcaldes sobre interpretaciones del proceso penal que van a contribuir; hay testimonios o declaraciones que pueden aclarar, para bien o para mal, una serie de situaciones que salieron a la luz pública, pero eso, por estar en sede judicial, es muy poco lo que se puede hacer desde la Asamblea”, sostuvo.
La comisión conformada por siete legisladores dio por terminada su labor sin lograr completar la investigación sobre el Caso Diamante. (JOHN DURAN)
El presidente de la comisión dijo que entre los archivos que no lograron revisar se encuentran contratos, carteles, expedientes de cada contratación, informes de auditoría y actas de los concejos municipales en los que se conocieron los informes o se decidieron contrataciones, en las que se podría, por ejemplo, saber con detalle cuál fue la posición del alcalde cuando se discutió determinado proceso.
“No nos dio el tiempo y decidimos suspender porque era materialmente imposible que saliéramos. Esperaría que la próxima Asamblea retome y pueda continuar con las audiencias pendientes y pueda incluir toda esa documentación que tiene información valiosa, que hay que ir a revisar y que podría generar más prueba (...) Esto ocupaba más o menos el tiempo que ocupó Cochinilla y con la dedicación que le tuvimos a Cochinilla, que fue amplio”, agregó.
Estas son algunas de las revelaciones que surgieron luego de cuatro meses de audiencias:
En la Municipalidad de Golfito, el tema de los contratos a la medida para favorecer a MECO era tan conocido que los empleados hasta “vacilaban” al respecto, según confirmó la propia proveedora quien dijo que en ocasiones decían “pásele el contrato para que lo firme de una vez”. El regidor de Nueva República, Gustavo Mayorga, quien según la Fiscalía facilitó la adjudicación a la constructora, también asistió a la comisión pero se negó a referirse al asunto.
El alcalde de Osa, Alberto Cole no quiso declarar sobre los presuntos favores de MECO para financiar su campaña, ni sobre las razones por las que esa constructora acapare más del 40% del presupuesto, así como las supuestas obras pagadas que nunca se construyeron, pero sí culpó al jerarca del MOPT, Rodolfo Méndez, por la decisión de cerrar la planta de asfalto de Paso Real.
El auditor de la Municipalidad de San José dijo que las irregularidades en ese municipio se arrastran desde hace más de ocho años y aseguró que llevaría a la vía penal algunos de los hechos encontrados en un reciente informe de auditoría.
El alcalde de ese municipio, Johnny Araya, acudió semanas después y aunque se abstuvo de responder la mayoría de cuestionamientos sobre los hechos por los que se le investiga, centró su declaración en quejarse por el accionar del Organismo de Investigación Judicial, al tiempo que dijo que su detención fue un “show mediático” y que fue tratado como un ‘capo de la mafia’. En esa comparecencia, protagonizó un enfrentamiento con el frenteamplista José María Villalta, a quien le dijo que él no podía ser responsabilizado por todo lo que pasa en la Municipalidad de San José, a lo que Villalta le respondió que esa justamente es su función como jerarca.
Johnny Araya y Villalta protagonizan enfrentamiento durante comisión por Caso Diamante
El alcalde de Cartago, Mario Redondo fue el último en acudir y también optó por abstenerse de contestar la mayoría de consultas relacionadas con los hechos que figuran en el legajo judicial. Redondo sostuvo que la detención le ocasionó un daño a su salud y a su economía y que actualmente está a punto de perder su casa por acumular cinco meses sin salario. Además defendió que muchas de las acusaciones por las que se le investiga se basan en intervenciones telefónicas descontextualizadas o malinterpretadas.
