El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) impulsa una contratación directa “de urgencia” para alquilar plantas privadas de generación térmica, hasta por un monto de $415,8 millones, con el fin de evitar racionamientos de electricidad entre el 2027 y el 2029.
La premura, según alega la entidad, radica en los eventuales efectos que el fenómeno El Niño tendrá sobre los embalses del país, así como la salida temporal de operación de tres plantas hidroeléctricas y una geotérmica que requieren mantenimiento, entre ellas, la más grande de Costa Rica: Reventazón.
Así se consignó en el criterio legal que validó el proceso de contratación, según consta en el expediente N.° 2026XE-000291-0000400001, que aparece en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
En el documento, fechado el 11 de mayo del 2026, el ICE insistió en que, de no adquirir energía producida con base en hidrocarburos, el desabastecimiento energético ocasionaría “graves impactos socioeconómicos, al afectar los servicios de salud, educación, trabajo y seguridad del país“.
Además, sustentó la urgencia en un informe de las direcciones de Operación del Centro de Servicio Eléctrico y de Planificación y Sistemas, las cuales proyectan un déficit energético para ese trienio.
Su principal argumento técnico es que el país tiene una dependencia de las plantas hídricas, que aportan casi el 70% de la electricidad, pero cuyos embalses son vulnerables a fenómenos climatológicos.
Según el expediente, hay un 80% de probabilidades de que el fenómeno El Niño impacte con una importante disminución de las lluvias esta fuente de generación a inicios del 2027.
Lo anterior afectaría la capacidad de recuperación del embalse de Arenal −el mayor reservorio del sistema− que, según estima el ICE, sufrirá dificultades para mantener su cuota de aporte en el 2027, el 2028 y el 2029.
Este jueves 21 de mayo, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que su país frenó un plan para vender energía a Costa Rica por las críticas de la mandataria, Laura Fernández, en medio de un conflicto comercial por productos agropecuarios.
La importación de energía es uno de los componentes que ayudan a abastecer la demanda eléctrica. Puede ser una válvula de escape cuando el sistema está más presionado por fenómenos climáticos.
No obstante, tras la declaración de Mulino, el ICE aseguró que el país no tiene previsto comprar energía a Panamá en el 2026 y que hay suficientes reservas para afrontar El Niño sin importaciones.
Las plantas móviles que quiere contratar el ICE y las empresas invitadas
La contratación de urgencia consiste en arrendar por 36 meses unidades móviles de generación eléctrica diseñadas para una instalación rápida (plug-and-play) en sitios estratégicos donde ya existe infraestructura eléctrica.
Se pueden instalar decenas de contenedores con motores de generación a base de combustible, todos conectados entre sí, en los terrenos del ICE donde están las plantas de Angostura (Turrialba), Garabito (Puntarenas) y Moín (Limón).
El monto de $415,8 millones es el presupuesto máximo. La contratación podría tener un costo menor, dependiendo de las ofertas que reciba el ICE.
Un sondeo de mercado previo identificó como posibles participantes a las empresas Soenergy International, Aggreko, Power Solutions, Karpowership y el Consorcio Laeisz.
Dura competencia
Según el ICE, el impacto previsto del fenómeno El Niño en el verano del 2027 atizará la competencia regional e internacional por plantas móviles de generación térmica.
Si el Instituto no asegura el contrato con rapidez, el país podría no encontrar equipos disponibles o enfrentar costos significativamente mayores, señala el expediente de la contratación.
Ante este panorama, la entidad pretende que la adjudicación se decida exclusivamente por precio entre los oferentes que superen la evaluación técnica.
No obstante, el cronograma del procedimiento es ajustado. Si se cumple la adjudicación en agosto, la empresa elegida tendrá cuatro meses naturales para movilizar, instalar y poner en marcha los equipos antes de que inicie la operación comercial en enero del 2027.
Cualquier retraso en la firma del contrato afectaría ese calendario, máxime que este procedimiento de excepción es el segundo intento del ICE en busca de resolver el problema.
Una licitación pública ordinaria anterior (la 2025XE-000784-0000400001), que precedió a este proceso, fue declarada infructuosa el 24 de marzo porque, según el ICE, ninguna de las cuatro empresas participantes (Consorcio Aggreko-AGK, Soe Dos Costa Rica S. A., Consorcio Laeisz y Consorcio Karpowership) presentó una oferta técnicamente adjudicable.
El 11 de mayo anterior, había tres recursos de apelación sobre ese proceso (presentados por Aggreko-AGK, Soe Dos Costa Rica S. A. y el Consorcio Laeisz) que permanecían pendientes de resolución ante la Contraloría General de la República.
El ICE justificó la urgencia de esta nueva contratación porque, según la documentación, esperar esa resolución o iniciar un nuevo proceso ordinario −que según sus cálculos tardaría alrededor de 11 meses− elevaría el riesgo de desabastecimiento.
En la licitación anterior, el periodo operativo de la contratación era de 24 meses; ahora se amplió a 36 meses.
De ese nuevo periodo, 30 meses serían de operación comercial (de enero del 2027 a junio del 2029), cuatro meses de movilización e instalación de equipos y dos de desmovilización de las estructuras, para un total de tres años.
Cronograma ajustado
A lo largo de los oficios que integran el expediente de contratación, el ICE menciona el tema de los apagones, al menos, en ocho ocasiones con frases como “desabastecimiento inminente o energético”, racionamientos o interrupción del servicio o “amenaza grave para la continuidad operativa”.
La urgencia para concretar esta compra es tal que el Instituto estimó en 76 días hábiles el tiempo máximo para completar el proceso desde la publicación del cartel hasta que el contrato esté en firme, lo que fija agosto próximo como fecha límite de adjudicación.
Desde el pasado martes, La Nación remitió consultas al ICE, a través de su oficina de prensa, sobre la justificación de urgencia del proceso y sobre la fallida licitación ordinaria previa. Sin embargo, al momento de publicar este artículo no se obtuvo una respuesta.
Apagado de hidroeléctricas y ventana de tiempo crítica
El ICE también justificó la urgencia de la contratación de plantas térmicas ante el apagado simultáneo de cuatro de sus plantas en el periodo en que se prevé menos agua en los embalses.
La hidroeléctrica Reventazón (en Siquirres, Limón) tendrá una nueva intervención mayor, que incluye cerrar algunas grietas en su estructura, a partir de octubre. Retomaría operaciones el 30 de junio del 2027, ocho meses después, según estimó el Instituto.
En paralelo, a partir de diciembre, irán a mantenimiento anual las hídricas Sandillal (Cañas, Guanacaste), Cachí (Paraíso, Cartago) y la geotérmica Miravalles 2 (Bagaces, Guanacaste).
El expediente describió ese conjunto de plantas apagadas como una “ventanilla de tiempo crítica” que el sistema eléctrico sería incapaz de cubrir solo con generación renovable.
Retraso en Moín IV
Otra razón alegada por el ICE para apurar esta contratación es el retraso en la entrada en operación de la planta térmica Moín IV.
Si bien el Plan de Expansión de la Generación 2024-2040 proyectaba la apertura de estas instalaciones para el 2029, el cronograma se desplazó para inicios del 2032 “debido al contexto global actual”, agudizado por el conflicto en Medio Oriente.
Esa situación, adujo el ICE, afecta la disponibilidad de equipos y oferentes en el mercado internacional, según el criterio legal 258-398-2026 y la justificación técnica 3414-003-2026.