En sus primeras horas como presidente de la República, el mandatario Rodrigo Chaves Robles firmó decretos y emitió directrices que implican una fuerte reforma en el manejo financiero del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), con la cual intentará mayor transparencia en los datos y reducir el costo de las tarifas eléctricas.
Pero, además, ordenó que en un plazo máximo de seis meses las frecuencias móviles de quinta generación (5G) que el ICE tiene retenidas, y que se negó a devolver al gobierno anterior, vuelvan a manos del Estado para definir si van a subasta.
Las medidas que procuran reducir tarifas eléctricas son tres. La primera, impone al ICE la inmediata aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en toda su contabilidad. La segunda, es reclasificar los arrendamientos operativos como arrendamientos financieros, y la tercera es “sacar de la base tarifaria costos asociados a activos no estratégicos que afecten las tarifas”.
Las NIIF son reglas internacionales que uniforman la contabilidad y resultados financieros de las empresas. Su uso previene interpretaciones alternativas de los datos, lo cual garantiza la transparencia de las finanzas de las instituciones.
La reclasificación de los arrendamientos operativos como arrendamientos financieros “va a bajar la tarifa de electricidad luego de los procesos ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos”, declaró Chaves después de anunciar la orden al nuevo presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña Mora.
El Instituto tiene clasificados como arrendamientos operativos los fideicomisos creados para desarrollar tres proyectos eléctricos: las plantas térmicas de Garabito, en Puntarenas; la planta geotérmica Las Pailas, en Guanacaste; y la hidroeléctrica Toro III, en San Carlos. ¿Cuánto cuestan al ICE por esos “alquileres” que terminan pagando los usuarios? Superan los ¢60.000 millones por año, según la Cámara de Industrias.
Al tener esos activos como arrendamiento operativo, todo gasto de las plantas, precisamente, se traslada a la tarifa que pagan los usuarios de electricidad. En cambio, como arrendamiento financiero, solo se pueden cargar a las tarifas las tasas de interés del fideicomiso. Estas faltas han sido ampliamente denunciadas por la Contraloría General de la República (CGR) y la misma Cámara de Industrias.
Chaves declaró este domingo que el ICE tendrá que hacer los ajustes y, con base en su situación financiera, que supuestamente debería ser mejor por menos costos, solicitar una rebaja en la luz ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
“Mire, esas cosas no pasan de la noche a la mañana. El ICE tiene que reclasificar, de verdad, tiene que decir la verdad con sus estados financieros, diciendo que lo que es un arrendamiento financiero es un arrendamiento financiero. Tiene que hacer los ajustes contables, tiene que adoptar las normas internacionales de información financiera, que lleva un procesito, y luego va a la Aresep a pedir una baja en la tarifa. ¿Cuándo ha ido el ICE a pedir una baja en la tarifa?”, afirmó.
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El decreto de Chaves se trae abajo uno del Ministerio de Hacienda, de mayo del 2021, que liberó al Instituto de cumplir con las normas NIIF en sus contratos firmados antes del 2009, lo cual incluyó, de hecho, los fideicomisos las plantas Garabito, Las Pailas y Toro III.
La orden es que el ICE implemente “de manera inmediata” las normas financieras internacionales sin tomar en cuenta la fecha de cada ítem de la contabilidad.
Chaves además ordenó este domingo al presidente ejecutivo del ICE “analizar la cartera para sacar de la base tarifaria costos asociados a activos no estratégicos que afecten las tarifas”.
Aún se está a la expectativa de cuáles serán las acciones del nuevo jerarca del ICE para cumplir la orden presidencial, pues Marco Acuña manifestó el 29 de abril al Semanario Universidad, después de su designación, que las rebajas en las tarifas eléctricas “no es algo que yo pueda prometer”.
“Ese tema es algo que yo tengo que revisar con la administración saliente, que ha hecho un trabajo en esa línea. El objetivo es hacerlo, pero el cómo dependerá de cuál es el estado actual de todas las variables que componen la tarifa eléctrica, que no son solo los costos, son otros elementos como el tipo de cambio”, declaró el funcionario, quien tiene carrera en el ICE como gerente de Electricidad.
Chaves ha sido crítico del ICE desde antes de su campaña presidencial. En setiembre del 2020, cuando la entidad hacía lo posible por no aplicar las normas NIIF, el entonces exministro de Hacienda publicó en su Twitter: “ICE insiste en perjudicar a los hogares y empresas. Hacer lo correcto les ‘afecta’. Maquillan cuentas para no hacer nada y pasar el problema. El ICE rehusará hasta que los obliguen” y cerró con una palabra: “Indignante”.
Precisamente, en esos días, Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, declaró en La Nación que “hoy el monto en alquileres operativos es cercano a ¢60.000 millones. Si se reclasifican esos arrendamientos a fideicomisos financieros, como en realidad son, eso beneficia las tarifas pues, en vez de una cuota alta de alquiler, se volvería un gasto por depreciación el cual se relaciona con la vida útil de las plantas”.
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Desarrollo de red 5G
Otro embrollo que el nuevo mandatario ordenó resolver, en un plazo no mayor a los seis meses, es la devolución a manos del Estado de las frecuencias requeridas para desarrollar una red móvil de quinta generación (5G); medida que el gobierno saliente fracasó en aplicar.
Las frecuencias son propiedad del Estado y su administración está a cargo del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt). Pese a ello, el Instituto las mantiene retenidas y se resiste a devolverlas voluntariamente.
El rescate fue prioridad del gobierno anterior desde su primer día, en 2018. Su propósito era subastar dichas frecuencias para el desarrollo de la red 5G. Así ocurrió, por ejemplo, en 2011, con la venta de frecuencias a Movistar y Claro por $195 millones, y, en 2017, con otra parte del espectro por $43 millones más.
El monto a cobrar por las frecuencias aún no está definido por el Estado. La red 5G es decenas de veces más veloz que la 4G, pues facilita velocidades de hasta 10 Gigabits por segundo, lo que implicaría beneficios a los negocios tecnológicos y un salto de competitividad del país.
El monto a cobrar por ellas no está definido, pero es millonario, pues implicará una revolución de los negocios digitales y un salto en la competitividad del país.
Consultado al respecto, luego de su designación, el nuevo jerarca del Instituto destacó el interés de la administración de Chaves en avanzar con ese proyecto, pero declinó adelantar si la idea es encargarle la labor al ICE o si, finalmente, devolverán las frecuencias para que se puedan reasignar mediante una licitación.
La orden de Chaves tampoco aclara ese panorama. La directriz dice literalmente: “Al ICE y al Micitt se les ordenó que, a más tardar en seis meses, las frecuencias para desarrollar la 5G estén en manos del Estado o estén disponibles para que el país tenga 5G”, manifestó Chaves.
Lo cierto es que Marco Acuña entra al ICE con 1,2 millones de abonados eléctricos que comparten el Instituto y su subsidiaria Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y con pérdidas del Grupo ICE por ¢115.000 millones, según el cierre del 2020.
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