Escuchar
La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) sigue pagando pluses salariales por encima de lo que establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Dicha legislación fue aprobada en diciembre de 2018 con el propósito, entre otros, de frenar el excesivo incremento de los incentivos salariales en el sector público.
Ahí quedó establecido que cualquier plus vigente a ese momento tendría que convertirse a valores nominales, tomando como base la escala salarial a julio de 2018 de cada trabajador.
Esto evita que el gasto público en privilegios crezca cada vez que suben los salarios base.
Sin embargo, dos años después de su implementación, la Contraloría General de la República (CGR) encontró que Recope no ha ajustado todos sus incentivos, amparándose en su convención colectiva.
“Durante 2019 y hasta la fecha, Recope continúa calculando y pagando en términos porcentuales algunos conceptos amparados en su convención colectiva vigente, por ejemplo, peligrosidad, calificación y los reconocidos por la ejecución de trabajos expuestos a altas temperaturas, en alturas mayores de 10 metros y por mantenimiento de oleoducto en caliente”, señala un informe del órgano contralor.
De acuerdo con el reporte, la empresa estatal tampoco nominalizó la anualidad. Según la Ley 9.635, debe pagarse un 1,94% sobre la escala salarial a los trabajadores de la clase profesional, en tanto a los no profesionales debe reconocerse 2,54%.
LEA MÁS: Recope incumple medidas de ahorro de reforma fiscal en presupuesto 2020
Ese incentivo debe entregarse siempre y cuando la evaluación de desempeño demuestre que la labor del empleado fue, al menos, buena.
No obstante, la Contraloría también señaló que no se ubicaron 93 evaluaciones a trabajadores “lo cual impide corroborar la calificación mínima requerida para otorgar la anualidad”.
La empresa estatal continúa pagando ese incentivo de forma porcentual, lo que produce que año con año se incremente el gasto salarial en la institución pública.
“También se identificaron inconsistencias en el cálculo de carrera profesional durante 2019, referidas, por ejemplo, al reconocimiento de puntos y horas de participación”, señala el informe.
De acuerdo con el Sistema de Información Sobre Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría, Recope pagó ¢45.291 millones en remuneraciones en 2019.
Los pluses salariales representaron el 46% de ese rubro, mientras que la retribución por año servido o anualidad fue el incentivo que más pesó en el presupuesto de ese año, con un gasto ejecutado de ¢10.961 millones.
La Refinadora emitió un comunicado donde informa que impugnó los resultados del estudio de auditoría elaborado por el ente contralor: “Y por tal motivo la empresa se abstiene de emitir criterio de forma pública, hasta tanto dicho recurso sea resuelto”.
Según añadió la institución pública, la auditoría fue elaborada “en momentos en que la empresa se encuentra en un proceso de transformación y mejora, que incluye la reorganización de la estructura”.
Asimismo, agregó que se acatará todas aquellas “recomendaciones” que emita la Contraloría General de la República.
En días recientes, el órgano contralor también reveló que la Universidad Nacional (UNA) paga los incentivos por encima de lo establecido en la legislación.
La Contraloría encontró que de seis rubros reformados por la Ley 9.635, la casa de enseñanza superior incumple en cuatro: anualidad, dedicación exclusiva, carrera profesional y pago nominal de pluses.
LEA MÁS: UNA paga pluses salariales por encima de lo establecido en reforma fiscal
De igual manera, el ente contralor improbó el presupuesto ordinario 2021 de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), entre otras razones, porque no cumplía con la regla fiscal, contenida en la misma reforma.
Asimismo, se halló que la entidad portuaria había contemplado un aumento en el costo de la vida para las partidas de remuneraciones e incentivos salariales.
LEA MÁS: Japdeva solicita prestado a Hacienda 60% de su presupuesto para operar en el 2021
Por otra parte, la Contraloría halló que Japdeva había contemplado el aumento en el costo de la vida para las partidas de remuneraciones e incentivos salariales, ajustes que representaban ¢407 millones.
La entidad recordó que la reforma fiscal dejó establecido que cuando la deuda del ejercicio presupuestario sea igual o mayor al 60% del producto interno bruto (PIB), no se realizarán aumentos por costo de vida en salarios base ni demás incentivos.
