El problema es que el nuevo texto normativo de mayo, el 41.729-MIDEPLAN-H, pareciera cambiar las condiciones, lo que para los sindicatos es un rompimiento del pacto.

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Para analizar el impacto de esa legislación, la Unión Médica Nacional, principal sindicato médico del país, convocó para este jueves 4 de julio a una Asamblea General extraordinaria.

“(Se están dando) situaciones en contra de los derechos del cuerpo médico de este país. El viernes anterior (28 de junio) fuimos convocados por (Román) Macaya y el gerente general (Roberto Cervantes), para informarnos de que el acta de acuerdos que se firmó a finales de febrero para conocer la interpretación de la ley 9635 en la CCSS no se va a respetar gracias a un decreto propuesto por el presidente de la República y la ministra de Hacienda”, dijo Solano, secretario general de la Unión Médica, en un mensaje publicado en las redes sociales el fin de semana.

Consultado por La Nación, el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya Hayes, aseguró, por medio de su asesora de prensa, que no se ha roto ningún acuerdo, aunque confirmó la reunión del 28 de junio con los dirigentes sindicales.

“Estamos buscando todos los mecanismos posibles para que ese acuerdo prevalezca, tanto legales como políticos. Nuestra intención es tratar de resguardar ese acuerdo logrado que firmamos hace un par de meses”, afirmó el jerarca en un audio. No se refirió específicamente al tema del decreto.

Poca claridad todavía

El nuevo decreto firmado por el presidente Carlos Alvarado y las ministras de Hacienda y Planificación, Rocío Aguilar y Pilar Garrido, respectivamente, explica en sus consideraciones la necesidad de establecer los lineamientos generales para armonizar la restricción del gasto público y los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas de los servidores.

Asimimos, añade, la necesidad de “procurar la eficiencia en la Administración Pública mediante el uso racional, transparente y austero de los recursos estatales”.

Se hicieron consultas a la Casa Presidencial sobre las razones del nuevo decreto, pero la oficina de prensa respondió que habría ningún pronunciamiento.

Tampoco respondió llamadas Edwin Solano para que se refiriera a su mensaje en redes y profundizara sobre los puntos que ahora podrían generar confusión.

Lenín Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae), explicó que el acuerdo de
febrero tomó como base la interpretación jurídica realizada por la institución sobre la nueva ley de reforma fiscal para aplicarla a los más de 500 puestos que existen en la CCSS, institución que tiene más de 52.000 funcionarios en todo el país.

Sin embargo, el nuevo decreto presidencial, según el dirigente, no reconoce la actualización de las anualidades en los casos de ascenso de puesto y esto genera un riesgo para una serie de movimientos que necesitan hacerse en la Caja.

Hernández fue de los que suscribió el acuerdo de febrero con las autoridades de la Caja.

“Hay gente que no ha podido aceptar ascensos porque aparentemente no hay ninguna garantía de que se les actualice ese rubro”, comentó.

Hernández se refiera al inciso d) del artículo 14, del nuevo decreto, en donde, textualmente, dice que, “al momento de ser ascendida la persona servidora pública, las anualidades que devengaba previo al ascenso, no podrán ser revalorizadas con el salario base del puesto al que se ascienda”.

Tampoco, dijo Hernández, hay claridad sobre los pluses salariales.

“Sabemos que vienen con un valor nominal pero los dejan fijos. Estamos esperando. Somos respetuosos. (Román) Macaya expuso que están buscando la guía legal y política. Nosotros, solo estamos esperando. Bajo el principio legal, lo que vemos es que están amarrando a la Caja”, agregó el dirigente del Sinae.

Se intentó obtener una reacción del secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca), Luis Chavarría, pero no fue posible que se refiriera a este tema.