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El expresidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Eduardo Robert Ureña, dejó la institución este miércoles luego en una gestión en la que recibió cuestionamientos por supuestos nombramientos irregulares, maltratos a una funcionaria e intentos de aumentos salariales contrarios a la regla fiscal.
Robert renunció luego de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, le solicitó dejar el puesto. Él fue nombrado el 8 de mayo de 2022, tras la toma de poder del mandatario.
El exjerarca afrontó una serie de cuestionamientos desde el 7 de noviembre de 2022, cuando la gerenta general de Inder, Cindy Bravo, denunció que en esa entidad se efectuaron 191 movimientos de personal a dedo en solo tres meses y cinco días, del 1.° de julio al 6 de octubre de ese año.
Ella denunció lo sucedido ante la Contraloría, la Procuraduría de la Ética Pública y la Fiscalía Adjunta de II Circuito Judicial de San José.
Dos días después, el 9 de noviembre, la gerenta aseveró que la entidad concedió aumentos salariales a dos líderes sindicales mediante recargos de funciones innecesarios e improcedentes.
Según Bravo, los recargos corresponden a funciones de plazas que debieron ser cerradas a más tardar el 1.° de setiembre de 2022, por órdenes de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda. No obstante, los funcionarios se beneficiaron de las asignaciones hasta el 1.° de noviembre.
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El 10 de noviembre, los diputados citaron a Robert y a Bravo a comparecer ante la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa.
Seis días más tarde, el 16 de noviembre, la secretaria de actas de la Junta Directiva de Inder, Magda Violeta Reid Vargas, denunció que el presidente ejecutivo la trató de forma “grosera e insultante”. Agregó que el jerarca le hizo un comentario “denigrante para cualquier trabajador”.
La abogada pidió que la trasladaran de puesto en el Inder y advirtió de que tomaría acciones en caso de sufrir represalias laborales o personales.
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Durante la comparecencia de Robert en la Asamblea Legislativa, el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Francisco Nicolás, denunció que la directora jurídica de Inder fue nombrada sin cumplir los requisitos. La aludida, Diana Araya Rodríguez, acompañaba a Robert en su cita con los legisladores.
Según expuso Nicolás, Araya accedió al cargo pese a que no cumplía en ese momento con el requisito de tener como mínimo diez años de estar incorporada al Colegio de Abogados.
En las actas de la Junta Directiva del Inder, consta que ella fue nombrada jefa de Jurídicos el 1.° de agosto del 2022, pero se incorporó al colegio el 3 de noviembre del 2012. Es decir, al momento de ser nombrada le faltaban tres meses para cumplir el requisito.
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Asimismo, el pasado 16 de enero La Nación reportó que el Inder intentó realizar aumentos salariales contrarios a regla fiscal.
El instituto presupuestó ¢200,4 millones para realizar aumentos salariales a sus 529 empleados en el 2023, pese a las restricciones impuestas por la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) improbó la solicitud presupuestaria. El órgano contralor especificó que, si la deuda del Gobierno Central supera el 60% del producto interno bruto (PIB), no se pueden realizar incrementos salariales por costo de vida en el salario base de los empleados públicos ni en los demás incentivos salariales.
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La deuda actual del Gobierno Central es de 65,60% del PIB, según datos del Ministerio de Hacienda. El Poder Ejecutivo proyecta finalizar el 2023 con un nivel de deuda del 67,1% del PIB.
El expresidente ejecutivo será sustituido por Osvaldo Artavia Carballo, quien es egresado de Agronomía del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec). Es abogado y notario y, además, hizo un posgrado en la especialidad de Derecho Agrario y Ambiental, así como una maestría en Alta Gerencia.
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