La gerenta general del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Cindy Bravo, declaró este jueves ante los diputados de la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público, que ha sido aislada de sus funciones por parte de la junta directiva y del presidente ejecutivo de la institución, Eduardo Robert.
“Hasta el día de hoy no existo en el Inder”, aseguró la funcionaria ante una pregunta de la diputada liberacionista Dinorah Barquero.
Además, Bravo denunció que tuvo que acudir a la Fuerza Pública para poder ingresar a las instalaciones del instituto el lunes 17 de octubre, porque “me presenté pero había una orden girada para no permitir el ingreso a la gerente general en ninguna oficina del Inder”.
La funcionaria aseguró que “el lunes, cuando ingresé, vi que cambiaron llavines, no tenía equipos, no tenía personal, estuve cuatro días sin secretaria”.
Bravo fue destituida sin responsabilidad patronal por la Junta Directiva del Inder el martes 11 de octubre, cuatro días después de que le solicitó a la Dirección de Capital Humano que le certificara la forma en que se estaban realizando los nombramientos en la institución.
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Sin embargo, el Tribunal Contencioso Administrativo la devolvió a sus funciones con una medida cautelar provisionalísima.
La gerente aseveró que fue enviada a vacaciones y volvió a su puesto ayer, miércoles 16 de noviembre. No obstante, solamente cuenta con una secretaria y un profesional que la asistan en sus funciones.
Los diputados llamaron a comparecer a Bravo y al presidente ejecutivo del Inder, Eduardo Robert, luego de que la primera denunció que la administración efectuó 191 nombramientos a dedo entre julio y octubre de este año.
Este jueves declaró en la Asamblea Legislativa la gerente general. El presidente ejecutivo lo hará próximamente.
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Bravo dijo que el Inder careció desde su fundación de un proceso de reclutamiento de personal y que se trabajó en uno, pero las cosas cambiaron con el nuevo Gobierno.
“En mi periodo se instaló el proceso de selección y reclutamiento, fue aprobado por la Junta Directiva y presentado a la Contraloría General de la República. Lamentablemente, el señor presidente (Eduardo Robert) no ha echado mano de este proceso para la selección de personal y lo ha hecho mediante resolución, sin verificar todo el proceso que requiere”, acusó la funcionaria.
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La diputada Dinorah Barquero explicó que algunos de sus contactos en el Inder le externaron preocupaciones “porque se escucha que la política va dirigida hacia cerrar Inder”.
Bravo respondió que, aunque no conoce ninguna política expresa en ese sentido, sí existe una subejecución de recursos en la institución. En lo que va del año 2022, solamente se ha utilizado el 49,5% de los recursos disponibles, dijo.
“Mis dos últimas gestiones fueron las dos más altas de los últimos años. La falta de ejecución no es por omisión de la gerencia. En los puestos medulares de la institución han transitado de cuatro a cinco personas en lo que va de la administración del señor Robert”, ratificó la funcionaria.
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Por su parte, la diputada oficialista Pilar Cisneros criticó que, diez años después de que se aprobó la ley para transformar el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Inder, un aproximado del 40% de los empleados de la institución continúa en posiciones interinas, pese a órdenes de la Sala Constitucional de culminar con el proceso de organización de su estructura.
Por su parte, la diputada de Gobierno, Ada Acuña ,aseguró que miembros de los sindicatos del Inder denunciaron a Bravo por la supuesta manipulación de plazas de personas que se jubilaron.
Acuña también denunció que Bravo fue nombrada como gerente sin cumplir con los atestados y requisitos requeridos.
Antes estos señalamientos, la compareciente dijo que las denuncias interpuestas en su contra fueron planteadas por sindicatos que se ven beneficiados por nombramientos en puestos realizados por la presidencia ejecutiva.
Finalmente, Bravo argumentó que el Colegio de Ciencias Económicas la investigó por el no cumplimiento de requisitos, pero se dio un sobreseimiento.
