La Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa llamó a comparecer a Cindy Bravo y Eduardo Robert, gerente general y presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Desarrollo Rural (Inder), luego de que la primera denunció que la administración efectuó 191 nombramientos a dedo entre julio y octubre de este año.
La moción, firmada por los diputados Francisco Nicolás, Vanessa Castro y Sofía Guillén, de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Frente Amplio (FA), fue aprobada de forma unánime.
Según publicóLa Nación, las denuncias planteadas por Bravo y su abogado, Marcos Salazar, señalan que el Inder hizo nombramientos, recargos de funciones pagados y traslados, que involucraron a 156 funcionarios, sin el debido proceso determinado por la Contraloría General de la República.
Bravo señaló como responsable a Eduardo Robert Ureña, quien funge como presidente ejecutivo del Inder desde el 9 de mayo de 2022.
Según explicó Nicolás en su moción, Bravo y Robert será interpelados por los legisladores y, en caso de detectarse posibles irregularidades, se solicitará una investigación formal en la citada comisión.
“Nos llamó la atención ese volumen tan alto de nombramientos supuestamente ilegales, más de cien ya es algo que llama mucho la atención. El Inder se creó con muchos cuestionamientos, incluso diciendo que se le estaban dando recursos de más; que no se convierta en una piñata”, declaró el diputado Nicolás a La Nación.
El legislador detalló que desean conocer las dos versiones por separado (la de Bravo y la de Robert), pero en caso de que se encuentren inconsistencias en sus declaraciones, él solicitará una comparecencia conjunta en la que ambos jerarcas contrapongan sus argumentos.
Por estos hechos, la gerente denunció al presidente ejecutivo del Inder ante la Contraloría, la Procuraduría de la Ética Pública y la Fiscalía Adjunta de II Circuito Judicial de San José. Le achacó incumplimiento de deberes, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.
Además, la Sección Anticorrupción del Ministerio Público investiga bajo el expediente 22-015254-0175-PE.
Los movimientos de personal figuran en un oficio enviado por la coordinadora de Capital Humano del Inder, Marlene Chaves, a la gerente general el 21 de octubre.
Según la gerente, ninguno de estas 191 acciones contaba con el número de expediente respectivo, sino que tenían anotaciones como “No Aplica”, “Cuenta con experiencia” u “Oficio de Presidencia Ejecutiva”.
En el documento, Capital Humano justificó que la frase “No Aplica” se refiere a ceses, traslados, prórrogas de recargos, renuncias o prórrogas de nombramientos, los cuales no cuentan con expedientes actuales conformados”.
Sin embargo, según Cindy Bravo y su abogado esto es inadecuado, pues todo nombramiento debe contar con una investigación en la que conste que la persona reclutada cumple con los requisitos para ejercer la función, como títulos académicos, colegiaturas, años de experiencia y otros.
En la imagen, a la izquierda Cindy Bravo, gerente general del Inder; a la derecha Eduardo Robert, presidente ejecutivo del instituto.
