La gerente general del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Cindy Bravo, denunció que la entidad concedió aumentos salariales a dos líderes sindicales mediante recargos de funciones innecesarios e improcedentes.
Según la gerente, los recargos corresponden a funciones de plazas que debieron ser cerradas a más tardar el 1.° de setiembre por órdenes de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda. No obstante, los funcionarios se beneficiaron de las asignaciones hasta el 1.° de noviembre.
La denuncia expone que Julio Sánchez Carvajal y Erick Briceño Recio recibieron como recargo las direcciones del Fondo de Tierras y el Fondo de Desarrollo Rural, respectivamente, desde el 26 de julio y el 11 de agosto.
Erick Briceño, secretario general del Sindicato de Técnicos y Profesionales, percibió ¢665.500 extra en su salario mensual. Su puesto original es profesional en el Fondo de Tierras.
Julio Sánchez, secretario de Conflictos de la Unión Nacional de Empleados del Inder (Uneinder), recibió ¢477.000 adicionales en su salario mensual. Su cargo original es jefe de Fiscalización Agraria.
Los recargos fueron efectuados mediante oficios de la presidencia ejecutiva del Inder, liderada por Eduardo Robert.
‘Nombramientos para premiar a los líderes sindicales’
En la denuncia ante la Fiscalía, la gerente señala que Sánchez y Briceño fueron beneficiados “con el fin de silenciar a los sindicatos y callarlos por los actos ilegales de nombramientos a dedo”.
“Era premiar a los líderes sindicales con los más altos puestos de confianza del instituto”, dijo Cindy Bravo, quien denunció que el Inder efectuó 191 nombramientos a dedo entre julio y octubre pasados.
La gerente sostiene que los nombramientos de los sindicalistas se hicieron sin el debido proceso y sin análisis por parte de la oficina de Capital Humano. Es decir, alega que no se corroboró si los seleccionados cumplían con los requisitos que la ley establece.
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‘Plazas debieron ser cerradas’
El abogado de Bravo, Marcos Salazar, aseguró que las direcciones del Fondo de Tierras y el Fondo de Desarrollo Rural, puestos número 147 y 217 respectivamente, debieron ser eliminadas a más tardar el 1° de setiembre según el oficio STAP-0674-2022, del 27 de mayo de 2022.
En ese documento, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) ordenó eliminar los puestos como parte de un proceso de transformación del Inder instruido por los ministerios de Planificación Nacional y Hacienda.
Sin embargo, estas órdenes no se acataron y, al menos durante los meses de setiembre y octubre, los sindicalistas continuaron con los recargos.
Ellos mismos confirmaron a La Nación que fueron cesados de las labores extra el 1.° de noviembre. Además, un oficio de la coordinadora de Capital Humano del Inder, Marlene Chaves, confirma que los recargos estuvieron vigentes durante el mes de setiembre.
Hacienda rechazó ampliación
El 8 de setiembre del 2022, la Autoridad Presupuestaria rechazó al presidente del Inder, Eduardo Robert, una solicitud de ampliación del plazo para la clausura de las plazas 147 y 217 y lo llamó a cumplir con la instrucción.
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De acuerdo con la denuncia planteada por la gerente, las plazas no sólo permanecieron abiertas, sino que Briceño fue nombrado en propiedad.
Incluso, el 21 de setiembre, la presidencia ejecutiva del Inder solicitó prorrogar el nombramiento de Briceño, 21 días después de la fecha límite para suprimir la plaza.
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La Nación contactó con Robert para conocer su versión sobre la denuncia. El jerarca argumentó que el tema está judicializado, pero sostuvo que ha actuado conforme a derecho.
Asimismo, este medio consultó al departamento de prensa del Inder el estado actual de las plazas 147 y 217. El departamento aseguró que las plazas fueron eliminadas, pero no aclaró en qué fecha.
En una llamada telefónica con La Nación, Julio Sánchez aseguró que asumió el puesto bajo la figura de recargo “para atender una necesidad de la institución”, y no por interés en el salario adicional. El funcionario confirmó que fue cesado del puesto el 1.° de noviembre.
Sánchez añadió que las organizaciones sindicales impugnaron la eliminación de las plazas 147 y 217, y denunciaron por prevaricato a la gerente general y la junta directiva anterior.
Según argumentó, fue cesado de la función “mientras resuelve la Autoridad Presupuestaria, porque eso no puede ser así, la eliminación no está en firme, está impugnada”.
Sánchez aseguró que plantearon sus quejas a la Autoridad Presupuestaria desde el año 2021.
De igual manera, se contactó vía telefónica a Erick Briceño, quien aseguró que también fue cesado de su puesto este 1° de noviembre.
Según él, la presidencia ejecutiva del Inder se dio cuenta hasta el mes de octubre de que tenía que suprimir su plaza, debido a que la gerente general Bravo “escondió” la orden emitida por la Autoridad Presupuestaria, en la que rechazaron la petición de prórroga del puesto que él ocupaba, “con base en la Ley 9036″.
Por ese motivo, señaló Briceño, “respondieron a destiempo” y él fue cesado del puesto de recargo de funciones dos meses después de la orden.
Briceño también señaló que la gerencia general de Inder fue llamada por la Autoridad Presupuestaria para hacer “la justificación, no la supresión de los puestos, toda vez que esos puestos están creados por ley”.
Insistió en que las acusaciones de Bravo no tienen “fundamento técnico, prueba y jurídico”.
Inder publica descargo
Sobre los movimientos de personal denunciados por Bravo, el Inder dijo este miércoles que “las supuestas irregularidades carecen de asidero legal y técnico” y, más bien, son decisiónes para garantizar la estabilidad laboral y jurídica de la institución.
La entidad sostiene que “176 de los casos en mención corresponden a prórrogas de nombramientos interinos que deben realizarse cada seis meses, en vista de que el proceso de reorganización institucional del Inder no ha culminado”.
No obstante, los 191 nombramientos denunciados en la nota publicada por La Nación, el lunes 7 de noviembre, excluyen las prórrogas de nombramientos interinos.
El comunicado de prensa añade que la seguridad jurídica y laboral del personal del Inder es precaria y que la actual administración se encontró un desorden administrativo heredado de administraciones pasadas.
El comunicado dice que uno de los principales problemas en el Inder es el interinato, pues el 40% de la población se encuentra en esa condición.
“Todos y cada uno de los nombramientos realizados por la actual administración del Inder, cuentan con sus respectivos expedientes, están a derecho y en resguardo de Capital Humano, instancia que ha certificado su legalidad”, comunicó la entidad.
