Gerente de Inder denuncia 191 nombramientos a dedo en tres meses

Se trata de nombramientos, recargos de funciones pagados y traslados que involucraron a 156 funcionarios. De acuerdo con la denuncia, los movimiento se efectuaron sin el debido proceso determinado por la Contraloría General de la República.

También, hubo designaciones en puestos de confianza, cambios de plazas y prórrogas de nombramientos.

Por estos hechos, la gerente denunció al presidente ejecutivo del Inder, Eduardo Robert, ante la Contraloría, la Procuraduría de la Ética Pública y la Fiscalía Adjunta de II Circuito Judicial de San José. Le achacó incumplimiento de deberes, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

Además, la Sección Anticorrupción del Ministerio Público investiga bajo el expediente 22-015254-0175-PE.

La Nación contactó con Robert para conocer su versión sobre la denuncia. El jerarca señaló que ha sido notificado y no se podía referir a un tema judicializado. Sin embargo, comentó: “Gracias a Dios se ha actuado a derecho, algo que se probará en los tribunales correspondientes”.

Los movimientos de personal figuran en un oficio enviado por la coordinadora de Capital Humano del Inder, Marlene Chaves, a la gerente general el 21 de octubre.

Según la gerente general, ninguno de estas 191 acciones contaba con el número de expediente respectivo, sino que tenían anotaciones como “No Aplica”, “Cuenta con experiencia” u “Oficio de Presidencia Ejecutiva”.

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En el documento, Capital Humano justificó que la frase “No Aplica” se refiere a que son casos de ceses, traslados, prórrogas de recargos, renuncias o prórrogas de nombramientos, los cuales no cuentan con expedientes actuales conformados”.

Sin embargo, según Cindy Bravo y su abogado, Marcos Salazar, esto es inadecuado, pues todo nombramiento debe contar con una investigación en la que conste que la persona reclutada cumple con los requisitos para ejercer la función, como títulos académicos, colegiaturas, años de experiencia y otros.

La coordinadora de Capital Humano también adjuntó 129 oficios emitidos por la Presidencia Ejecutiva y 17 resoluciones.

Administración de Inder rechaza acusación

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El departamento de Prensa de Inder afirmó que los nombramientos cuentan con los requisitos establecidos y respaldo documental. “En cada uno de ellos se cumplen los requisitos de ley”, indicó la oficina.

La administración aseguró que, desde mayo, “se encontraron con un desorden administrativo en el tema de Capital Humano institucional, heredado de administraciones pasadas, por lo cual se están tomando las respectivas acciones y decisiones apegadas a la legalidad, para solucionar esa problemática”.

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‘Acciones de gerente general molestaron’

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En noviembre del 2020, una auditoría de la Contraloría había advertido de que, en el Inder, no se estaban realizando mecanismos de control para prevenir riesgos en los procesos de reclutamiento y selección de personal, lo que aumentaba los “riesgos”.

Según explicó el abogado Salazar, dicho informe de auditoría se dio a conocer menos de un mes después de que Cindy Bravo entró a laborar como gerente general. Por tanto, la funcionaria coordinó con el presidente ejecutivo de turno, Harys Regidor, la implementación de las recomendaciones de la CGR.

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No obstante, las acciones no fueron del agrado de los sindicatos del Inder, según aseveró el abogado Salazar.

“La Contraloría señaló que se estaba reconociendo a los trabajadores una convención colectiva que no estaba vigente, que nunca fue homologada, y ordenó a la administración del Inder suspender todos los derechos laborales que tuvieran fundamento jurídico en esa convención. A raíz de eso, se desató el enojo de los sindicatos contra doña Cindy Bravo por acatar las indicaciones.

“Son varias acciones que doña Cindy ha tomado para ajustar a la institución al ordenamiento jurídico. Los sindicatos promovieron que se le abrieran tres procedimientos disciplinarios y los tres le dieron la razón a ella”, dijo el defensor de Bravo.

El abogado Salazar aseguró a La Nación que los nombramientos a dedo comenzaron con la nueva administración, el 9 de mayo de 2022.

“Cuando asume el nuevo presidente ejecutivo (Eduardo Robert), en mayo, él se empieza a reunir con los sindicatos y no invita a doña Cindy como gerente general. Empezó a hacer nombramientos que no se ajustan a los procedimientos de reclutamiento y selección de personal”, dijo el defensor.

De acuerdo con el representante legal, los roces entre la gerente general y el presidente ejecutivo de Inder comenzaron cuando Robert revocó el nombramiento de la coordinadora de Capital Humano que fungía en el momento, y nombró en la plaza a una persona de su confianza, sin consultar previamente esta gestión con Bravo, jefa directa de dicha coordinación.

“La persona nombrada no cumplía con los requisitos. Cuando eso pasó, doña Cindy solicitó que se le certificara cuál fue el procedimiento que se siguió. A partir de ese momento, empezaron los problemas. Se dejaron de cumplir las órdenes de la CGR y la Sala Constitucional”, señaló el entrevistado.

Gerente general fue cesada del cargo

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La gerente general de Inder solicitó a la Dirección de Capital Humano que le certificara la forma en que se estaban realizando los nombramientos, el viernes 7 de octubre de 2022.

Cuatro días después, en la sesión de la Junta Directiva del martes 11 de octubre de 2022, Cindy Bravo fue destituida de su cargo como gerente general de Inder sin responsabilidad patronal por pérdida de confianza.

“Eso fue un rompimiento del debido proceso. La ley 9036 dice que el gerente general sólo puede ser despedido con responsabilidad patronal o, en su defecto, con un procedimiento disciplinario que determine que hay una falta”, sostiene Salazar.

Bravo, al considerar que se violó el debido proceso, solicitó una medida cautelar provisionalísima ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda el viernes 14 de octubre. Esa misma noche, dicha instancia acogió la solicitud de la funcionaria y la restituyó a su puesto.

“El lunes 17 ella se presentó al Inder, primero no le permitieron el ingreso, tuvo que llamar a la Fuerza Pública. Cambiaron las cerraduras, no le daban ingreso a los sistemas electrónicos. Ella tomó posesión del puesto hasta las 2 de la tarde de ese lunes, pero el jueves la Junta Directiva convocó a sesión extraordinaria y la mandó de vacaciones 10 días”, reclamó el representante de Bravo.

Salazar aseguró que presentarán dos procesos de acoso laboral, como reclamo por el supuesto aislamiento que sufre Bravo.