EscucharLa oficina de Prensa del Ministerio Público informó de que dos personas figuran como investigadas por un presunto abuso de autoridad en el nombramiento de Marta Esquivel Rodríguez en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).
Se trata del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y de la propia Esquivel.
El miércoles pasado, este diario informó de que el fiscal General, Carlo Díaz Sánchez, solicitó al Consejo de Gobierno que certifique el acuerdo mediante el cual se nombró a la expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en Mideplán.
La petición firmada por Díaz consta en el oficio FGR-44-2025 dirigido a Yara Jiménez Fallas, secretaria del Consejo de Gobierno. En el documento, el fiscal general también le pide indicar cuáles son los requisitos para ocupar el cargo de jerarca de Planificación.
Los presuntos delitos por los que se investiga a Chaves en este caso, según informó el Ministerio Público, son abuso de autoridad y nombramiento ilegal. La causa penal se tramita bajo el expediente 25-000005-0033-PE.
¿Qué dice Casa Presidencial?
Este 6 de febrero, la oficina de prensa de Casa Presidencial declaró que ya le respondieron al fiscal General su requerimiento y compartió el oficio de respuesta.
En el documento, Gabriel Aguilar, director de despacho del mandatario, le recuerda a Díaz que los nombramientos de los ministros no los realiza el Consejo de Gobierno, sino Chaves en su condición de presidente de la República.
Para reafirmar esa manifestación citó el artículo 139 de la Constitución Política, el cual indica que una de las atribuciones y deberes de quien ejerce la Presidencia de la República es “nombrar y renovar libremente” a los ministros y ministras.
Con respecto a los requisitos, mencionaron el artículo 142 de la Carta Magna, el cual señala que pueden ser ministros los ciudadanos en ejercicio, los costarricenses por nacimiento o extranjeros con diez años de residencia en el país después de haber conseguido la naturalización, pertenecer al estado seglar y ser mayor de 25 años.
Contexto
Marta Esquivel fue nombrada como jerarca del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) el 8 de enero del 2025, momento para el cual corría el plazo de suspensión del cargo como presidenta ejecutiva de la CCSS dictado por el Juzgado Penal de Hacienda el 10 de octubre, por un plazo de seis meses.
La ahora ministra de Planificación es una de las imputadas en el denominado Caso Barrenador, en el cual se investiga la contratación de cooperativas para la administración de Ebáis con un aparente sobreprecio de ¢12.400 millones anuales. Fue en relación con este caso que Esquivel fue detenida el 23 de setiembre del 2024 y posteriormente se le dictó la suspensión como medida cautelar.
Contra ella se sigue un proceso por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.
A pesar de la causa judicial que se le sigue a Esquivel, el presidente Chaves la nombró como ministra de Planificación, posición que le otorga inmunidad, pues la Constitución Política garantiza esa protección a los ministros de gobierno. El artículo 143 de la Carta Magna especifica que ni el presidente de la República ni sus ministros podrán ser arrestados por una causa penal, salvo que el Congreso lo autorice.
Esta nueva circunstancia motivó a que el 15 de enero, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, advirtiera de que la designación de Esquivel en ese cargo se convertía en un obstáculo para la investigación por la aparente contratación con sobreprecios.
“Cuando se da la situación que nombran a doña Marta Esquivel de ministra, inmediatamente supe lo que iba a pasar, que se iba a detener toda la investigación a un punto cero”, declaró Zúñiga en el programa Malas Compañías, de Teletica Radio.
Entretanto, la Fiscalía del Colegio de Ciencias Económicas dio a conocer su oposición a la designación de Esquivel en Mideplán, por considerar que no es idónea para ocupar un puesto de naturaleza sensible en materia económica.
“Desde esta Fiscalía expresamos nuestra oposición, desde el punto de vista de idoneidad profesional, al nombramiento de una persona sin formación en ciencias económicas”, expresó la organización en un comunicado del 10 de enero.
